Viernes negro en el Estado: el régimen inicia despidos generalizados

Desde la llegada al poder del Frente Sandinista en el año 2007, la cantidad de empleados públicos en Nicaragua se ha cuadruplicado en los últimos tres periodos consecutivos de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Por primera vez en 17 años, el régimen ha anunciado una reducción en la planilla estatal que mantiene en vilo a miles de funcionarios. 

Cuando Daniel Ortega llegó al poder en el 2007, en Nicaragua había unos 40 mil empleados públicos y al día de hoy más de 160 mil. El régimen ha convertido el servicio público en una herramienta de premio o castigo para los suyos, las contrataciones han seguido lineamientos políticos y el Estado, que paga sueldos con el dinero de todos los contribuyentes, se ha convertido en el principal empleador del país.

Este viernes podría ser el último día de trabajo para muchos empleados públicos, que se mantienen en zozobra por no saber qué va a pasar con sus puestos debido a la "reestructuración" a todos los niveles anunciada por Rosario Murillo.

El lunes pasado, la dictadura circuló un comunicado en el que avisaba que este viernes 16 de agosto “estaremos informando sobre las decisiones que se tomen”, poniendo fecha a una posible barrida.

“Iniciamos semana dando continuidad a nuestra necesaria labor de reorganización y promoción de eficiencia, calidad, profesionalismo y cumplimiento a las familias nicaragüenses, desde todas las Instituciones de nuestro Estado, Gobierno, Alcaldías y las Unidades de Victorias en todo el país”, detalla la nota.

El plan de compactación

El plan de reestructuración que fue anunciado por Rosario Murillo significa que habrá despidos generalizados, puesto que a este le precedió una circular del Ministerio de Hacienda en la que ordenaba paralizar las nuevas contrataciones en el Estado.  

El pasado 3 de agosto, la dictadura anunció un proceso de "autoevaluación" de sus programas, proceso que, según anuncia, partirá de una evaluación de sus "aciertos y desafíos" y que tendrá como resultado un "ordenamiento, reestructuraciones y rediseños" de con el objetivo de "promover el ahorro y la eficiencia en el gasto y la gestión pública".

La oficialización de la medida no habla de una crisis financiera en el Estado ni ofrece una proyección del ahorro que buscan. En un comunicado firmado por el Consejo de Comunicación y Ciudadanía que está a cargo de Rosario Murillo dice que harán ajustes supuestamente para supuestamente aprovechar de mejor  manera los recursos públicos y el capital humano.