Ortega compacta el Estado ante el incremento de la deuda externa

El economista Juan Sebastián Chamorro explica que la compactación del Estado afectará los servicios públicos en general y advierte de más desemplo.

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Juan Sebastián Chamorro, economista nicaragüense. CORTESÍA / DESPACHO 505
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Despacho 505
  • Managua, Nicaragua
  • agosto 15, 2024
  • 11:26 AM

La compactación del personal de las instituciones del Estado recién anunciada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se debe al incremento de la deuda externa de Nicaragua, valora el economista Juan Sebastián Chamorro.  Los trabajadores públicos viven momentos de zozobra porque Murillo anunció un plan de despidos masivos sin el debido pago de sus liquidaciones,

El economista Chamorro  explica que el objetivo de la reestructuración en el Estado, también tiene otras finalidades políticas como el despido de aquellos trabajadores acusados de no ser simpatizantes sandinistas y el control de las chequeras en las instituciones. “La anunciada compactación se debe básicamente a dos grandes problemas uno tiene que ver con las crecientes necesidades financieras de la dictadura proveniente de la mayor deuda externa. Ortega ha endeudado al país, la amortización de la deuda ha aumentado en el 2018 de 190 a 670 millones de dólares”, detalló Juan Sebastián.

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Otro problema económico que enfrenta la dictadura, es la eterna deuda del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), que obliga al Estado a recortar la planilla, lo que traerá como resultados mayor desempleo y pobreza en el país. “También el hoyo fiscal que representa el INSS, que anteriormente no había transferencias presupuestarias y ahora son por el orden de los 125 millones de dólares y para llenar ese hoyo van a tener que cortar planilla, pero también quieren tener mayor control de la chequera y quieren expulsar o purgar a aquellos funcionarios públicos que no les sean útiles”, aseveró el economista opositor al régimen de Daniel Ortega.

Tasa de desempleo crecerá

Chamorro explicó que la medida implementada por la dictadura, podría afectar directamente a todos aquellos trabajadores que reciben la paga mínima en el país, incluyendo las alcaldías que ahora son controladas por el régimen. “Hay aproximadamente 200.000 funcionarios públicos, incluyendo el Gobierno central, las alcaldías y empresas públicas. Aquí la dictadura va a tener que decidir a quién correr. Mayor número de gente con bajos salarios o un menor número gente con salarios altos, eso aún no lo sabemos”, considera el opositor.

Juan Sebastián, quien es un opositor confiscado, desterrado y desnacionalizado por la dictadura sandinista, dice que la tasa de desempleo crecerá en Nicaragua en el momento que el régimen, que es el mayor empleador en el país, despida a los trabajadores sin el pago de sus prestaciones. “Eso va a tener un impacto económico significativo al ir esta gente a la calle, al ejército de desempleados, recordemos que tampoco va a haber indemnización y todo esto es producto de la irresponsabilidad fiscal de la dictadura que ha engrosado en su fila todos los seguidores que se le ha ocurrido. En las alcaldías han contratado a una enorme cantidad de funcionarios públicos y ahora está en los aprietos de tener que correrlos”, agregó.

Servicios públicos afectados

Juan Sebastián además advirtió que con los despidos masivos en el Estado habrá daños colaterales, como es la afectación a los servicios públicos que son requeridos por la ciudadanía en general.

“En una Nicaragua del futuro, debe haber una función pública responsable que atienda los servicios públicos que van a ser afectados, porque van a correr a los funcionarios públicos que no le son fieles y se van a quedar en el sector público aquellos seguidores fieles a la familia dictatorial y eso va a tener un impacto sobre los servicios públicos en general y todo esto se debe precisamente a la irresponsabilidad fiscal, a la irresponsabilidad de la utilización del Estado como arma y herramienta política para dar preventa a seguidores fieles a la familia dictadora”, finalizó Juan Sebastián Chamorro.

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Las purgas en el régimen comenzaron con la destitución y remoción de varios funcionarios, entre ellos la alcaldesa de Boaco, quien fue destituida en silencio por supuestos actos de corrupción.

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