El Ministerio del Interior cancela personería a Cáritas de Matagalpa y otras 14 oenegés

El régimen no cesa sus embestidas contra la comunidad religiosa en Nicaragua, esta vez el Ministerio del Interior (Mint) canceló seis organizaciones sin fines de lucro y aprobó la disolución voluntaria de otras nueve, entre estas hay varias evangélicas y Cáritas de Matagalpa que pertenecía a la Iglesia católica.

Mediante el Acuerdo Ministerial número 36-2024 OSLF, publicado este lunes en La Gaceta - Diario Oficial, el Mint ordenó la cancelación de la personería jurídica de la Asociación Cáritas Diocesana de Matagalpa (Cáritas de Matagalpa), por supuesto “incumplimiento” al no reportar estados financieros periodos entre 2020 y 2023. Además de que la señalan de tener vencida su Junta Directiva desde el 27 de septiembre de 2022.

Esta organización sin fines de lucro operaba en Nicaragua desde marzo de 2009 y era la promotora de los programas Apoyo Financiero Urbano y Rural PROAFUR; Apoyo Financiero Urbano y Rural DAD AID; Apoyo Financiero Urbano y Rural DAD -CRS; Proyectos Agricultura Suelo y Agua (ASA) y Fortalecimiento de Medios de Vida y capacidades en el corredor seco de Nicaragua (FOMVICAC), según la publicación de La Gaceta.

En febrero de 2022 fue cancelada Cáritas de Estelí y después le siguieron Cáritas de Nicaragua y Cáritas de Jinotega en 2023, que se vieron obligadas a la “disolución voluntaria de sus integrantes” ante la asfixia y los ataques contra Iglesia católica de parte del régimen.

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Además de esta organización de la Iglesia católica, el Mint canceló las organizaciones evangélicas: Fundación Iglesia, el Buen Samaritano (El Buen Samaritano), Asociación Iglesia de Dios Pentecostal Espíritu Santo y Fuego (IDPESYF), Asociación Iglesia de Dios Pentecostal Espíritu Santo y Fuego (IDPESYF), y junto a estas también ordenó el cierre de la Asociación de Mujeres Axayacatl (AXAYACATL) y la Asociación Departamental de Canotaje Managua (ADECAM).

Todas estas organizaciones habrían incumplido sus obligaciones y obstaculizan “el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro”, según el Mint.

El brazo opresor del orteguismo para cancelar oenegés, señala que quedan “sin efecto legal todos los programas y proyectos que éstos OSFL estén realizando bajo su administración” y ordena el traspaso de sus bienes al Estado de Nicaragua.

Nueve oenegés solicitaron “disolución voluntaria”

Otras nueve oenegés solicitaron la “disolución voluntaria” en medio de una fuerte presión estatal por acabar con las organizaciones sin fines de lucro que las asfixian al no poder recibir fondos para continuar operando.

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Las organizaciones que solicitaron “disolución voluntaria” son:

1. Asociación Transcultural Misionera del Ministerio Integral a las Naciones (ATMMIN)
2. Asociación Municipal de Ajedrez de Camoapa (AMAC)
3. Asociación de Fomento Turístico y Rescate de la Cultura, Momotombo León Viejo, Rigoberto Sampson (AFOTUR; LEÓN VIEJO; RS)
4. Asociación para la Salud Comunitaria de El Rama (ASCORA)
5. Asociación de Concilios de Iglesia Cristiana "Arca del Evangelio" (CICA)
6. Asociación Sanación Pránica Nicaragua "Sanación Pránica Nicaragua" o "Sanapranic" (SPN)
7. Asociación Ministerio del Reino de Dios (MIRED) "MRD"
8. Fundación Ligia Terán de Astorga (FUND. L. TERAN. DE A)
9. Asociación Nicaragua Iniciativa para una Comunidad Avanzada (NICACOMUAVA).

El denominador común entre estas organizaciones es el “no contar con fondos para continuar con los proyectos”, a raíz de la entrada en vigencia de la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro (N° 1115) y la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros (N°. 1040), que según han planteado analistas, tiene como enfoque “criminalizar” a las oenegés que han desempeñado un rol trascendental en el país.

Desde 2018 más de 3,600 organizaciones no gubernamentales han perecido en la guillotina de la Asamblea Nacional y posteriormente en la del Mint.

El cierre de Cáritas y otras organizaciones religiosas, se da en medio de un contexto en el que el régimen continúa la cacería de sacerdotes y otros religiosos, principalmente de la Diócesis de Matagalpa, de la cual es rector el obispo Rolando Álvarez Lagos, desterrado por la dictadura a Roma y a quien según la abogada Martha Patricia Molina, Rosario Murillo le tiene “odio”.