Empleados públicos regresan al trabajo entre el temor del despido y el no pago de sus prestaciones

El anuncio de la dictadura de Nicaragua de ejecutar una barrida masiva en las instituciones del Estado ha provocado zozobra entre los al memos 170 mil trabajadores del sector público, que este lunes llegan a sus oficinas con la incertidumbre de estar en la lista negra pues perder el empleo los enfrenta al riesgo de "salir sin liquidación, como tantos otros".

Los principales perjudicados serán todos aquellos trabajadores que han sido identificados como no sandinistas a pesar de que se han sometido al régimen para conservar el trabajo, entre ellos hay sandinistas que desde 2018 no están de acuerdo los crímenes y abusos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

María Toruño, nombre con el que pide ser identificada una habitante de Managua que lleva trabajando 30 años en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), teme ser de las primeras despedidas. Trabaja para la Seguridad Social desde los 23 años y su mayor miedo es que ahora con 58 y solo dos años de jubilarse sea cesada  sin el pago de sus prestaciones.

Lea: ¿Cuánto durará el congelamiento del parole humanitario? ¿A quiénes afecta?

"A varios compañeros han corrido y les han atrasado los pagos, en algunos casos tardaron años en recibir liquidación y en otros casos los despedidos tuvieron que ir al Ministerio del Trabajo, pero no lograron nada”, explica Solórzano.

Esta trabajadora explica que en caso de perder el empleo enfrentaría una difícil situación económica en su familia. “Ahorita solo yo estoy trabajando y me toca comprar la comida del hogar y las medicinas de mi mamá. Mis hijos se la rebuscan haciendo rumbitos de albañilería, pero eso no será suficiente para enfrentar los gastos básicos del hogar”, agrega preocupación.

Esta madre de familia, dice de por si las reformas que la Asamblea realizó el año pasado a la Ley 474, sobre el pago de las prestaciones a los trabajadores del Estado es un golpe bajo para quienes como ella han hecho carrera en el Estado.

“Estamos fregados, en este país vamos de mal en peor con este gobierno. No se equivocó Daniel al decir en 2007, cuando tomó el poder “arriba los pobres del mundo” y era porque iba a empobrecernos más”, se quejó la trabajadora.

El Estado tiene la obligación de pagar liquidaciones

Economistas consultados por DESPACHO 505, consideran que la medida anunciada por el dictador Daniel Ortega y Rosario Murillo es un ultraje a los derechos de los trabajadores del Estado, porque un año antes, la bancada sandinista en la Asamblea Nacional reformó la Ley 474, que regula a los trabajadores públicos para modificar las indemnizaciones por baja laboral.

El 23 de noviembre del año pasado, los diputados de la Asamblea Nacional, dominada por legisladores sandinistas, aprobaron una abusiva “Ley para el cálculo de la indemnización por antigüedad en caso de renuncia de los trabajadores del Estado” que establece una tabla de indemnizaciones según la cantidad de años de servicio continuo.

La Ley establece que los trabajadores que tengan de 3 a 10 años obtendrán el equivalente a un mes de salario si dejan el puesto de manera voluntaria. En tanto, quienes acumulen de 10 a 15 años cobrarán el equivalente a 2 meses de su sueldo. En el caso de los que acumulen de 15 a 20 años de trabajo, el Estado de Nicaragua les reconocerá 3 meses de sueldo como liquidación. Cobrarán cinco meses de sueldo solo aquellos que trabajen 20 años continuos para el sector público.

“La indemnización por antigüedad en caso de renuncia no es aplicable para los trabajadores del Estado que sean promovidos para ocupar cargos por nombramiento del Presidente de la República”, señala la nueva Ley. La normativa es aplicable a los trabajadores del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Electoral, Entes Autónomos y Gubernamentales, municipios y órganos de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe.

El economista Juan Sebastián Chamorro, recuerda que "el Estado tiene la obligación de pagar las liquidaciones de todos sus empleados momento de la separación de sus cargos”, pero como lo más probable es que los despidos sean decididos tomando en cuenta fidelidades política, el no pago de liquidaciones podría también usarse como una medida de venganza.

“Lo que veo es que no le van a pagar su liquidación a la gente cuando tienen algún tipo de sentimiento de que no son fieles, entonces no es un tema de capacidad presupuestaria estatal”, advierte Juan Sebastián Chamorro, un opositor desnacionalizado, confiscado y desterrado a Estados Unidos por el régimen sandinista.

“El Estado sí puede y tiene la capacidad de pagar, pero no va a querer pagar las liquidaciones”, reiteró el exaspirante a la presidencia de Nicaragua.

Barrida en el Estado será política

La disidente sandinista Dora María Téllez cree que la compactación estatal es parte de la estretegia del régimen para mantenerse a flote pese a la falta de recursos, algo, que se veía venir y para lo que se preparó desde el año pasado con la reforma a la Ley 474.

Lea también: El DHS revisará casos de beneficiarios del parole a los que se les ha denegado viajar

“La reestructuración que hizo el régimen el año pasado sobre los derechos de los trabajadores del sector público a la antigüedad y que lo limitó a cinco años, era una preparación para un recorte general que ellos ya comenzaron a hacer muy tempranamente en la del Sistema Judicial y que fue donde primero realizaron una barrida de doble naturaleza”, explica Dora María.

Desde su exilio forzado en Estados Unidos, la dirigente opositora de Unamos además señala que los despidos en el Estado tienen tinte político, pero también da señales de un ahogo financiero.

“Será una barrida política, es decir, una purga y luego una barrida de empleados de distintos cargos que de los cuales querrán prescindir, porque este es un régimen que tiene falta de dinero y eso está quedando claro desde el año desde el año pasado, de manera que ya se venían preparando para esta gran liquidación que van a hacer en el estado y esta gran corrida que van a hacer”, puntualizó.

“Aquí el gran problema es primero que todos esos despidos y liquidaciones son hechas en medio de un mar de conflictividad política, de persecución política, de asedio, de desconfianza en empleadas y empleados públicos, en donde no importa si cumplen o no cumplen bien con su trabajo”, señala.

Lea además: Protesta de estudiantes en Corn Island por falta de maestros

Téllez coincide en que la permanencia será una especie de premio polícito, pero recuerda la conducta traicionera del régimen, algo de sobre demostrado, pues “en todas las purgas no han distinguido entre unos incondicionales y otros incondicionales, se han llevado por delante a todos los que eran incluso incondicionales y los han corrido los han sacado, los han echado presos, los interrogan, los secuestran y los mantienen bajo control y hasta los destierran".

Ortega se sostiene por las armas y no por los trabajadores del Estado

Yader Morazán, extrabajador del Poder Judicial en el departamento de Matagalpa y desnacionalizado por el régimen de Daniel Ortega, señala que el dictador va a aplicar recortes masivos porque los mismos trabajadores estatales no le son fieles.

“La dictadura se dio cuenta que ni contratando en el Estado tenían el respaldo total, por ello, ahora se "preocupan" por depurar para "reducir" gastos, reducen las liquidaciones a través de ley y prometen despidos masivos. Claro, ya saben que no son ellos quienes los sostienen, sino las armas”, escribió Yader en su cuenta de X.

Lea más: Daniel Ortega aprovecha la "distracción" de Venezuela para perseguir a la iglesia en Nicaragua, asegura obispo de Danlí

“De ahí, la razón por la que compactan el Estado dejando a los más alineados, mientras aumentan el presupuesto de las fuerzas represivas. Sólo la planilla del Poder Judicial de Nicaragua pasó de 5,100 trabajadores en enero del 2011 a cerrar con 9,964 antes de la barrida de octubre del 2023”, finalizó Yader Morazán.