La dictadura de Nicaragua ordena dragar otra vez el Río San Juan

La dictadura de Daniel Ortega ordenó a través del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) un nuevo dragado en el Río San Juan, que delitima la frontera entre Nicaragua y Costa Rica.

Las nuevas operaciones de dragado en el Río San Juan fueron autorizadas desde el pasado 11 de julio, pero se conoció hasta este miércoles 24, tras la publicación de la Resolución Administrativa DGTA 017-2024, en La Gaceta - Diario Oficial.

La institución se ampara en las atribuciones que le otorga la Ley que Regula la Exploración y Rehabilitación de la Navegación Comercial en el Río San Juan (Ley 319) para, además, autorizar las “correspondientes exoneraciones a las tasas e impuestos que surjan de todas las actividades destinadas a la realización del Proyecto de Dragado del Río San Juan”.

Hasta su fallecimiento en junio de 2020, Edén Pastora, el comandante Cero de la Revolución, estuvo a cargo de las operaciones de dragado del río. En el nuevo proyecto, la nueva coordinadora de las labores en el río será Olympia Avellaneda Torrez, que funge como delegada de la Presidencia en la Comisión para el Desarrollo del Río San Juan.

Dragado generó conflictos en el pasado

El Río San Juan se extiende por 200 kilómetros desde la parte sur del lago Cocibolca hasta desembocar en el Mar Caribe y sirve como frontera natural entre Nicaragua y Costa Rica, por lo que cualquier actividad de dragado despierta la observación del vecino del sur.

En 2010, el dragado dirigido por Edén Pastora ocasionó daños ambientales en humedales costarricenses. Por esa  razón el Gobierno de ese país presentó una demanda contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que concluyó con una sentencia que ordenó el pago de una indemnización que alcanzó los 378 890 dólares.

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En su momento la CIJ estableció que Nicaragua debía pagar 120,000 dólares correspondientes a la degradación o pérdida de bienes y servicios ambientales, otros 236 000 dólares por daños de las consecuencias directas de las actividades ilícitas que realizó Edén Pastora en territorio costarricense, 2708 dólares por gastos de restauración en los humedales que están bajo protección internacional y 20 150 dólares por los intereses acumulados entre el 16 de diciembre de 2015 y el 2 de febrero de 2018.

Si bien el río pertenece a Nicaragua -tiene total soberanía- el tratado fronterizo Cañas-Jerez de 1858 le otorgó a Costa Rica derechos perpetuos de navegación con objetos de comercio en un tramo que va desde tres millas de El Castillo hasta su desembocadura, por ello y por ser frontera, las labores que se realicen principalmente las de dragado, deben ser bien planificadas e incluso presentar estudios de impacto ambiental, algo que las autoridades nicaragüenses no mencionan en la resolución administrativa.