Los tres casos por los que Nicaragua ha sido demandada en el CIADI del Banco Mundial

El Estado de Nicaragua espera el veredicto del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial sobre la demanda presentada por la compañía Riverside Coffee que reclama una casi 700 millones de dólares por la destrucción causada por paramilitares y policías que en 2018 invdieron la Hacienda Santa Fe, en Jinotega. 

Esta es la tercera vez que Nicaragua es citada ante esa instancia por millonarias demandas derivadas de confiscaciones, rescisión de concesiones para explotación de hidrocarburos y daños a propiedades de inversionistas.

1- Confiscación a Shell

En agosto de 2006, Nicaragua fue llevada por primera vez a una audiencia ante el CIADI, luego que las empresas Shell Brands International AG y Shell Nicaragua SA demandaran al Estado por una supuesta confiscación de las marcas registradas de los inversionistas.

Los demandantes se ampararon en el Acuerdo sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre la República de Nicaragua y el Reino de los Países Bajos (TBI Países Bajos - Nicaragua 2000) para presentar la demanda ante el CIADI, después de que “un tribunal local dictara una sentencia de 489 millones de dólares contra Shell Oil en una demanda colectiva presentada por ex trabajadores bananeros, que habían alegado daños derivados de una gran cantidad de efectos sobre la salud relacionados con pesticidas para banano supuestamente suministrados por Shell Oil”, según recoge el Centro de Políticas de Inversión de la ONU.

El caso concluyó el 12 de marzo de 2007, luego de una “transacción acordada por las partes y terminación del procedimiento a solicitud de los demandantes”, expone el CIADI en su sitio web sin dar más detalles del acuerdo y los montos indemnizados.

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2- Rescisión de concesión para explotación de hidrocarburos

Nuevamente, en diciembre de 2017, Nicaragua volvió a la sala de solución de controversias del CIADI, esta vez fue demandada por la Industria Oklahoma Nicaragua S.A. (ION) y otros presuntos afectados, por la rescisión de una concesión para la explotación de hidrocarburos.

La empresa nicaragüense, la familia López-Goyne y otros, pedía 198 millones de dólares en concepto de indemnización por el daño que alegan haber sufrido como consecuencia de las acciones de Nicaragua. Para ello, se ampararon en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana y Centroamérica (DR-CAFTA).

La relación del Estado nicaragüense con los 24 inversionistas estadounidenses que crearon la Industria Oklahoma Nicaragua S.A. (ION), inició en 2004, cuando el gobierno de ese entonces le entregó a dicha empresa una concesión de 3,400 kilómetros cuadrados para la explotación de petróleo y gas en la costa del Pacífico del país.

En 2013, se venció el plazo para realizar el programa de evaluación, y por ello, el gobierno de Nicaragua informó a ION que daba por terminado el contrato, que rescindió finalmente en 2016.

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Ante esto, la empresa realizó reclamos ante las autoridades nacionales. Argumentaba la “expropiación indirecta de las inversiones que, por más de 70 millones de dólares, había realizado durante la fase de exploración del proyecto”, relata el sitio web LexLatin. Debido a que su reclamo no fue atendido, los afectados acudieron al CIADI, aduciendo que Nicaragua había violado el DR - CAFTA, que protegía sus inversiones.

Nicaragua salió bien librada

El caso llegó a su fin en abril de 2023, el Estado de Nicaragua salió victorioso en el dictamen emitido por un tribunal del CIADI y evitó pagar la millonaria indemnización. Además, se resolvió que los demandantes debían pagar 1,5 millones de dólares, correspondientes a los gastos del juicio.

En el dictamen se indica que Nicaragua no violó normativa internacional alguna en el caso planteado por varios demandantes, entre ellos Industria Oklahoma Nicaragua S.A.

3- Daños en la Hacienda Santa Fe

Dos años antes de que concluyera el caso con la Industria Oklahoma Nicaragua S.A., en abril del 2021, el Estado nicaragüense ya enfrentaba otra demanda en el CIADI, esta vez una interpuesta por la empresa estadounidense Riverside Coffee, LLC, que lo señala como responsable de los daños causados por paramilitares y simpatizantes sandinistas a la hacienda Santa Fe, en Jinotega.

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La demanda también es amparada en los estatutos del DR-CAFTA, y en ella, Riverside Coffee exige al Estado de Nicaragua casi 700 millones de dólares en reparación del perjuicio derivado de la destrucción de sus plantaciones de aguacate en 2018.

Riverside Coffee es una compañía estadounidense de tiendas de café constituida en 1999, en el estado de Kansas. Es dueña del 95 por ciento de las acciones de Inversiones Agropecuarias S.A. (Inagrosa), constituida en febrero de 1996, que poseía y operaba la Hacienda Santa Fe, en Jinotega, de casi 1,225 hectáreas de extensión, donde tenía una plantación de aguacate Hass y un bosque de granadillo.

La propiedad fue invadida en tres ocasiones en el año 2018 a partir del mes de julio, en el contexto de las protestas ciudadanas, por unos 550 invasores que saquearon la hacienda, destruyeron unas 10,000 plantas de aguacate en los viveros, más de 1,200 árboles jóvenes de nogal negro que estaban listos para el trasplante, y toda la cosecha de granos y tubérculos.

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Las pérdidas están “estimadas en no menos de 580 millones de dólares derivadas de la incautación de las inversiones y el posterior saqueo y destrucción de las instalaciones de la Hacienda Santa Fé”, según la notificación que el despacho jurídico que representa a Riverside Coffee, envió el 28 de agosto de 2020, al Ministerio de Fomento Industria y Comercio (Mific). Sin embargo, buscan una reparación que rozaría los 700 millones de dólares y que incluye 45 millones de dólares por daños morales y el pago de honorarios de los tres árbitros que han escuchado a las partes, cada uno con una remuneración fijada en 375 mil dólares.

El caso se empezó a debatir desde el 1 de julio de este 2024 y concluyó el 12 de este mismo mes, pero hasta ahora se desconocen detalles de la resolución. Durante los primeros días de la audiencia, Riverside Coffee logró demostrar con evidencias y testigos que los invasores eran paramilitares afines al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y que incluso habrían torturado a uno de los guardas de seguridad de la hacienda.

Algunos analistas han indicado que estos casos, y principalmente el de Riverside Coffee, son “una pésima señal” para los inversionistas, pues muestra al país como un lugar sin garantías.