La CIDH insta a los gobiernos "evitar" las relaciones con Ortega

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lanzó un llamado a la comunidad internacional a “tomar acciones decisivas para poner fin a la represión” de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. En concreto sugirió a los gobiernos democráticos considerar "evitar" las relaciones diplimáticas y económicas bilaterales.

La CIDH, que fue expulsada de Nicaragua tras documentar en terreno la violencia estatal y paraestatal que dejó más de 350 ciudadanos asesinados en los ataques a las protestas antigubernamentales que estallaron en abril de ese año, planteó a los Estados valorar la grave situación en el país, marcado por una sistemática violación de derechos humanos.

La recomendación fue hecha este jueves desde durante una audiencia en la que se abordó la situación de las comunidades Miskitu y Mayangna de la Costa Caribe Norte. La misma está en consonancia a la resolución aprobada por aclamación, el pasado 27 de junio, en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que piden a los estados emprender “acciones individuales o colectivas” para la recuperación de las instituciones democráticas y el Estado de derecho en Nicaragua.

En la audiencia de este jueves, la Comisión también enfatizó, en que en Nicaragua la represión “tiene una estrategia bastante planificada” que busca extenderse a todos los sectores.

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Denuncian violanciones a los pueblos originarios

La CIDH abordó los impactos del despojo y los intereses tras la colonización de las comunidades Miskitu y Mayangna de la Costa Caribe Norte, y expuso que esta estrategia del régimen se demuestra con los ataques hacia los pueblos indígenas y afrodescendientes e hizo un llamado a los organizaciones defensoras de derechos humanos a seguir documentando y visibilizando estas violaciones.

Asimismo, contrastó como hay países que promueven los derechos humanos, pero que invierten en actividades económicas en Nicaragua que violentan a los comunidades indígenas.

“Se ejemplificó con Canadá, que por un lado invierte y extrae oro del país y por el otro tiene un discurso hacia afuera que es bastante impulsor sobre la situación de derechos humanos”, explicó a DESPACHO 505 la abogada Camila Ormar, del Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (CEJIL).

“Etnocidio” en el Caribe

Por su parte, las organizaciones que acompañaron a las comunidades de la Costa Caribe Norte de Nicaragua en esta audiencia, definieron el despojo de los territorios de las comunidades indígenas como un “etnocidio” porque las lleva a su exterminio. “No pueden acceder a sus tierras de cultivo para recolectar alimentos debido a la presencia de colonos”, resaltó el CEJIL.

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“Los ataques contra las comunidades indígenas son para despojarse de sus territorios y el consecuente desplazamiento de estas hacia otras zonas. Estos ataques se dan a través de la violencia reforzada tanto física como psicológica y cómo esta violencia está enfocada en atacar principalmente a grupos en situación de vulnerabilidad como mujeres y niños”, agregó la abogada Camila Ormar.

Entre los principales perpetradores de estos ataques figuran los colonos, empresas interesadas en la zona, grupos afines a la dictadura que impera en Nicaragua y el Estado mismo.

Ortega contra los defensores

El CEJIL dejó claro ante la CIDH que las acciones del Estado de Nicaragua están focalizadas en “eliminar” cualquier tipo de defensa de la tierra, y ejemplifican con la criminalización a las personas defensoras de los territorios de las comunidades indígenas.

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También expusieron que el régimen Ortega-Murillo está priorizando su bienestar económico a través de las actividades extractivas por sobre el bienestar, e incluso la vida y la integridad de las comunidades indígenas.

“La inversión extranjera en mayor medida canadienses, colombiana y china, contribuye a la continuación de la violencia contra las comunidades indígenas al aprovecharse de los despojos de los territorios, extraer minerales como el oro o aprovecharse de los recursos de las comunidades como la tierra fértil”, detalló la abogada del CEJIL.
 
Los defensores de las comunidades indígenas presentes en la audiencia, enfatizaron que las relaciones de la comunidad internacional y Nicaragua debe priorizar el bienestar y cumplimiento de las obligaciones relativas a derechos humanos. 

“Es fundamental que se garantice el saneamiento de las tierras comunales (demarcación y titulación) que es una de las causas de la presencia de colonos en las comunidades… El Estado debe garantizar el acceso a la justicia a las comunidades indígenas”, señaló Camila Ormar.