La masacre de Las Jagüitas cumple 9 años en impunidad

Transitar por la calle conocida como Las Cuatro Esquinas, en la comarca Las Jagüitas, en Managua, aún causa angustia. El sol y el viento se ha comido el color de tres cruces que en julio de 2015 fueron colocadas para recordar a los tres miembros de una misma familia que la noche del 11 de julio de ese año fueron asesinados “por error”, por agentes antinarcóticos de la Policía.

La noche del sábado 11 de julio de 2015, Milton Antonio Reyes conducía su vehículo color blanco en compañía de su esposa Yelka Nohemi Ramírez Delgadillo y sus hijos. También viajaba Katherine Anielka Ramírez Delgadillo, hermana de Yelka.

En el lugar fallecieron los hermanos José Efraín y Aura Marina Reyes Ramírez, de 11 y 12 años de edad. También murió su tía Katherine Anielka Ramírez Delgadillo de 22 años de edad. La noticia conmocionó a los nicaragüenses, quienes reprocharon la falta de preparación de la Policía.

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La familia regresaba de un culto evangélico, pero al momento de circular por Las Cuatro Esquinas, fueron atacados a balazos por 14 oficiales antinarcóticos que preparaban una emboscada a un vehículo con características similares que supuestamente transportaba drogas.

En ese entonces, el camino era de tierra, estrecho y oscuro, lo que dificultó la visibilidad. Además de Milton, su esposa, y las tres víctimas mortales, en el carro iban Milton Ezequiel Reyes Ramírez; de cuatro años; Axel Antonio Reyes Ramírez, de 14 años; y Miriam Natasha Guzmán Ramírez, de cinco años. Los dos últimos resultaron también heridos de bala.

Asesinos gozaron de impunidad

El ataque fue dirigido por el entonces capitán Zacarías Salgado, quien nunca pagó por el crimen, pero que años más tarde fue premiado por la dictadura sandinista con un ascenso por participar en la represión contra los manifestantes en el 2018.

Según los registros oficiales, fueron 14 miembros de la unidad antinarcótica los que participaron en la masacre, de ellos, solo nueve fueron acusados y condenados. Ocho de ellos están activos en la institución y uno en la vida civil, pese a que la sentencia estableció penas de cárcel que oscilaron entre dos y 11 años.

El oficial que dejó la institución para pasar a la vida civil en circunstancias no esclarecidas es José Alejandro Fonseca Salmerón.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, el que tuvo mayor responsabilidad en la masacre fue Zacarías Salgado, jefe del operativo, a quien le impusieron una condena de 11 años, que finalizaría en 2026; Sin embargo, nunca fue a prisión, por el contrario, fue condecorado y promovido por el dictador Daniel Ortega en 2018.

Junto a Salgado fueron promovidos en el 2018: el oficial Óscar José Vargas Rugama, quien en 2015 era teniente, recibió el grado de capitán. Su condena terminaba hasta este año. Jairo Antonio Aguilar Hernández y Johny Henry Palacio Jiménez al grado de capitán; Noel Antonio Altamirano a suboficial mayor; y Henry Cruz promocionado a inspector.

El Acuerdo Presidencial firmado por Ortega y publicado en el Diario Oficial La Gaceta en septiembre de 2018, indica que los agentes fueron condecorados con la Medalla al Valor “Sub Comisionado Juan Ramón Tórrez Espinoza”, por sus “acciones heroicas a riesgo de sus vidas” y por la “protección de las personas, familias y comunidades”.

Defensores de derechos humanos reprocharon que Salgado fuera ascendido como comisionado en calidad de segundo jefe de las Tropas de Intervención Rápida (TAPIR), considerado como un grupo élite dentro de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, instancia reconocida por los abusos a derechos humanos en Nicaragua.

La promesa de justicia

Esa noche trágica, la comisionada general Aminta Granera Sacasa, entonces jefa de la Policía, entre lágrimas, prometió justicia a la familia doliente, al escuchar el ralato sobre la violencia que usaron los agentes que los atacaron y les negaron el auxilio.

El 22 de julio de 2015, la fiscal auxiliar Steffanie Pérez Bojorge presentó la acusación contra los nueve oficiales, por los delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, exposición de personas al peligro y daños.

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La acusación fue presentada en el Juzgado Cuarto Local Penal de Managua, a cargo de la jueza Alia Dominga Ampié, una judicial vinculada al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Un día después se llevó a cabo la audiencia inicial, donde los acusados admitieron los delitos y evitaron la realización de un juicio oral y público.

“Queremos pedirle perdón a la familia, a la sociedad nicaragüense. No queríamos que esto pasara. Fue un accidente. Soy responsable, admito los hechos”, expresó el capitán Salgado. Confesiones similares hicieron los otros ocho acusados.

Tras las confesiones, la Defensoría Pública que representó a los oficiales, solicitó a la jueza que no siguiera con el juicio y que valorara la admisión de los hechos como un “acto a favor” de los acusados.

La jueza Ampié accedió a la petición de la defensa y tomó como atenuante para imponer penas mínimas que los acusados no tenían antecedentes y la propia confesión del crimen.

La madre de los niños, al conocer la decisión de la jueza, reprochó la decisión judicial. “Esto no es justicia. Me siento decepcionada, van a arder en la olla más grande del infierno (…) Yo pido justicia..., no tienen perdón; aquí no hay justicia”, dijo en ese entonces.

Sin la presencia de familiares de las víctimas, la jueza Alia Dominga Ampié, leyó la sentencia el 30 de agosto de 2015, pero los condenados posteriormente fueron dejados en libertad.