El caso Riverside Coffee vs. Nicaragua es una pésima señal para los inversionistas

El Estado de Nicaragua encara en el centro de arbitraje y la conciliación del Banco Mundial una demanda de la compañía estadounidense Riverside Coffee que incluye un requerimiento de reparación de casi 690 millones de dólares, por los daños ocasionados por paramilitares al servicio del régimen sndinista en la Hacienda Santa Fe, en Jinotega, en 2018. Este caso, a juicio del economista Juan Sebastián Chamorro, es “una pésima señal” para los inversionistas, pues muestra al país como un lugar sin garantías.

Desde el lunes 1 de julio hasta el viernes 12, representantes del régimen, entre ellos la procuradora General de la República, Wendy Morales, se enfrentan a los abogados de la empresa Riverside Coffee, que elevó una demanda contra el Estado de Nicaragua ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.

La demanda consiste en el resarcimiento de los daños ocasionados por invasores, entre ellos paramilitares y fanáticos al régimen, en la hacienda Santa Fe, propiedad de la compañía extranjera, donde dañaron plantaciones y viveros de aguacate y otras plantas, además del saqueo del inmueble. Por ello, la empresa pide una reparación estimada en 590 millones de dólares.

De perder el caso, Nicaragua también deberá asumir los costos de procedimientos, incluidos honorarios y desembolsos profesionales más intereses, gastos tributarios y todos aquellos “incurridos para mitigar el efecto de las medidas ilícitas tomadas por Nicaragua”, entre otros.

En total, la empresa podría llegar a pedir unos 689.1 millones de dólares, que se tendrían que pagar con los impuestos de los nicaragüenses.

Un caso que ahuyenta la inversión

Chamorro, exreo político y uno de los 222 desterrados por la dictadura a Estados Unidos en febrero de 2023, explica que este tipo de controversias generan daños directos a la economía de Nicaragua, especialmente en lo relativo con la captación de inversionistas que tanto necesita el país.

El economista recuerda que el país ya carga con el peso del deterioro de su imagen como destino de inversión, esto como consecuencia de la deriva autoritaria que tómo la administración de Daniel Ortega a partir de 2018 para preservar el poder y que, entre el extenso historial de abusos, se cuentan acciones represivas contra el empresariado.

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“El que haya este tipo de juicios por temas de propiedad y problemas que han tenido proyectos productivos en Nicaragua, es una pésima señal para el inversionista, independientemente de cuál haya sido la responsabilidad”, expone Chamorro.

El economista ejemplifica con los casos de Cisa Exportadora y Prolacsa, cuyos cierres aparentemente están ligados a “extorsión fiscal”, que según él, es uno de los elementos que llevan a este tipo de acciones como las tomadas por Riverside Coffee.

“Todas estas son informaciones, noticias, que solo le perjudican a Nicaragua y que afectan la inversión privada extranjera y por lo tanto la generación de ingresos, empleos y el bienestar de los nicaragüenses”, enfatiza Chamorro.

El caso Riverside Coffee vs. Nicaragua en el Ciadi se desarrolla en audiencia pública, ante un tribunal de tres miembroes, prevista a concuir el próximo 12 de julio.