Rechazan apelación a “riferos” condenados y confiscados por perjudicar a Loto y a la Lotería

El juez orteguista Félix Ernesto Salmerón, del Juzgado Quinto de Distrito Penal de Juicio de Managua, rechazó los recursos de apelación contra la sentencia de 18 a 26 años de cárcel impuesta a diez vendedores informales de rifas que fueron enjuiciados bajo cargos de competencia desleal, crimen organizado y lavado de dinero, en perjuicio de Loto, Lotería Nacional y el Estado de Nicaragua. De todos fueron declarados culpables.

La sentencia en el caso de los "riferos", como se conoce popularmente al negocio informal de rifas, la dictó el propio juez Salmerón el 19 de enero de 2024 y una vez que fue notificada a las partes -entre los días 5 y 8 de febrero- los defensores de los condenados interpusieron recursos de apelación. Consta en el expediente judicial que a pesar de que el recurso fue presentado  los tiempos y requisitos establecidos, el juez Salmerón se negó a darle trámite, por lo que la  sentencia quedó firme y fue remitida al juzgado Sexto de Distrito Penal de Ejecución de Sentencia y Vigilancia de Managua. 

Los condenados

La lista de comerciantes de rifas condenados la encabezan los comerciantes José Manuel Orochena Barbas (59 años), Jocegel Espinoza Marín (44), Andy Errol Rodríguez García (40) y Jairo Anderson Durán, este último condenado a 26 años. 

A estos se suman: Amalia Margarita Rocha de 49 años, Léster Ezequiel Vivas Calero (34), Roberto Javier Vega Delgadillo (43), Félix Mondragón García (36), Edén Antonio Ulloa Santana (42) y Joran Antonio Ulloa Reyes (47). 

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La Fiscalía acusó al grupo de comerciantes de rifa de competencia desleal, defraudación tributaria, crimen organizado, lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio de Loto, Lotería Nacional y el Estado de Nicaragua. 

Los ciudadanos Amalia Margarita Rocha y Joran Antonio Ulloa Reyes también fueron procesados por tenencia ilegal de armas. 

Según la Fiscalía, producto de las rifas ilegales que hacían en los diferentes municipios del país, causaron pérdidas económicas de casi 31 mil millones de córdobas a la empresa Loto. 

Además de  imponerles largas condenas, el juez también ordenó la confiscación de 32 propiedades, dinero y vehículos que supuestamente adquirieron con dinero obtenido de las ganancias de los sorteos que realizaban utilizando el sistema de Loto.