El régimen inaugura universidad en Diriamba, donde funcionaba la confiscada universidad Rubén Darío

El régimen inauguró este martes 25 de junio, la nueva sede de la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés (UNM), en el municipio de Diriamba, departamento de Carazo, en el edificio donde funcionaba la cancelada y confiscada universidad Rubén Darío (URD).

La ceremonia de inauguración se llevó a cabo en el emblemático edificio de La Inmaculada, donde por décadas funcionó el instituto que llevaba el mismo nombre. El acto fue presidido por autoridades políticas y educativas de ese municipio, según relataron los medios de propaganda de la dictadura.

La UNM surgió en julio de 2022, para aglutinar a miles de estudiantes que quedaron a la deriva luego de la oleada confiscatoria desatada por el régimen contra varias universidades privadas.

Dicha universidad tiene presencia en 12 departamentos del país, entre ellos Masaya, Granada, Carazo, Managua, Juigalpa, Jinotega, Boaco, Rivas y Río San Juan.

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La mayoría de las sedes de la UNM funcionan en los edificios confiscados a universidades privadas. En Rivas, por ejemplo, fusionaron las sedes de la Universidad Paulo Freire (UPF), la Universidad Popular de Nicaragua (Uponic) y la Universidad Hispanoamericana (Uhispam), en el edificio confiscado de esta última, lo que redujo considerablemente los costos de operación; sin embargo, siguieron cobrando los mismos aranceles a los estudiantes pese a las promesas de la gratuidad de la educación superior.

URD cancelada en 2023

La universidad Rubén Darío fue cerrada y confiscada a finales de marzo de 2023 por el entonces Ministerio de Gobernación (hoy del Interior), a petición del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA).

Según el Acuerdo Ministerial número 55-2023, publicado en La Gaceta - Diario Oficial, la URD fue cerrada y confiscada porque supuestamente “no reportó sus estados financieros conforme período fiscal (2019 a 2022), con desglose detallados de ingresos y egresos, no promovieron políticas de transparencia en la administración de los fondos de la Universidad”.

Tras la cancelación de la universidad, los estudiantes tuvieron que ser reubicados en casas de estudios controladas por el régimen, entre ellas la UNM. Mientras la Procuraduría General de la República se encargó de pasar los bienes confiscados a nombre del Estado.