Nicaragüenses refugiados en Costa Rica buscan "un boleto" a EEUU.

En julio de 2018, Pedro Ponce recibió le peor noticia de su vida. Su hijo Jairo de 19 años fue visto en manos de paramilitares y policías que lo conducían encañonado y junto a tres jóvenes más los subieron a una camioneta blanca, doble cabina, sin placas. No supo de él por 72 horas.                     

Durante la madrugada del cuarto día, escuchó golpes en la puerta de la casa “minifalda” (hecha mitad piedra cantera y mitad tablones), se levantó asustado, buscó el machete “por si acaso” y cuando por fin lo tuvo en las manos, se percató que ya era tarde. En lo oscuro de las horas, pudo ver a su mujer que casi arrastraba un bulto, era Jairo, con un rostro casi irreconocible, hinchado, raspones en los brazos y casi sin voz. Pero vivo.

En tres días, solo comió tres veces, contaría. Recibió golpes de puños que venían de la oscuridad, patadas de botas tipo militar tan fuertes que dejaron la suela grabada en su piel. Pasó encerrado en un cuarto sin luz que a la fecha no puede determinar si era una celda policial, pero que estaba seguro, no se ubicaba en la ciudad donde vivía, en Jinotega.     

Era un lugar alejado, según describió, dónde los gritos de dolor de torturados y de odio de los torturadores, le hacen perder a cualquiera la noción del tiempo y la realidad. Nunca supo cuando era de día, ni cuando fue noche y a veces, hasta llegó a creerse muerto o al menos, según sus mismas palabras, “intentaba prepararse para estarlo”.

Su relato, desencaja a ratos la cara de una funcionaria de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR de Costa Rica que escucha atenta y escribe con rapidez cada una de sus palabras en una computadora.

Es febrero de 2024 en San José y hacía dos semanas, lo habían llamado para aplicar a una modalidad de Protección Internacional que lo sacaría de Costa Rica a él y su familia y lo llevaría a Estados Unidos bajo el Programa Movilidad Segura.

UNA HORRIBLE AMENAZA

Doña Petrona es una mujer de pocas palabras, pero denota carácter. Dice que sus padres le enseñaron a hablar lo necesario, porque “era mejor para la vida”. Se embarazó cuatro veces, pero solo dos hijos “se le pegaron”, según sus propias palabras, para expresar que solo dos sobrevivieron: Jairo y Adilia que ronda los 12. Hubo uno que tendría hoy 14, pero no pudo con el Sarampión y otro que no llegó a formarse y perdió sin conocer si sería niña o varón.

Conoció a Pedro como mozo en una finca en la que ella y su madre servían en una comunidad recóndita de Jinotega, en el norte del país y aunque dice que “el hombre viejo” no le gustaba al comienzo por “chabacán y malcriado”, terminó huyendo con él para hacer vida aparte.

Si algo le reconoce, es que, aunque “es bravo y sigue malcriado”, es un hombre de familia que siempre ha trabajado para que ni a ella ni “a los chavalos les falte comida en la mesa”. Estando los cuatro frente a la funcionaria de ACNUR, está más que convencida que deben seguir los cuatro juntos en esta extraña vida de exilio al que se han integrado obligados desde el 2018.   

Después que Jairo logró recuperarse de la golpiza hace casi seis años y al oír don Pedro de las matanzas que el régimen Ortega-Murillo desató en Nicaragua contra jóvenes y adultos que se oponían a sus abusos y cuyas muertes suman 355, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, no le quedó dudas de que debían huir de Nicaragua.

“Él esta fichado como golpista”, dice a secas doña Petrona. A don Pedro, un fanático del partido Frente Sandinista de Jinotega, le dijo que Jairo estaba en “una lista negra de gente que iban a joder”. “Van a conocer el filo de mi machete”, respondió él con el carácter de siempre, pero lo que escuchó después no solo lo heló, lo hizo repensar lo que tenía que hacer: “acordate de la ´petro´ y la ´adilita´”, le dijo la voz amenazante.

EL DRAMA DEL EXILIO

Don Pedro supo de la peor manera, como lo supo Jairo también, que ninguno tendría paz por haberse integrado a la rebelión cívica contra una dictadura que ya cumple 17 años en el poder en Nicaragua y que para estar ahí, en el mismo lugar que antes ocuparon otros dictadores que dijeron odiar; mata, encarcela y ahora destierra.

Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenan reprimir sin miramientos. No importa si se trata de un religioso; un obispo, un sacerdote o un pastor. Con ellos nadie se salva, ni la misma familia como ha ocurrido con el hermano del mismo dictador, el general en retiro Humberto Ortega, enfermo y en casa por cárcel desde hace un mes.  

Al despuntar agosto del 2018, Jairo salió de Nicaragua. Se fue por “puntos ciegos” al sur del país, rumbo a Costa Rica, donde unos amigos de don Pedro lo esperaron para darle amparo y trabajo en construcción. Mes y medio después, y cuando don Pedro ya había “resuelto” lo del terreno de la casa, una huertita de media manzana que tenían y un par de bestias de carga, se le unió con el resto de la familia.

Comenzaban una vida diferente para los cuatro y que solo un tiempo después, se percataron que, de una comunidad polvorienta y alejada de la urbe, llegaron a una ciudad bulliciosa y muy poblada con la que había que lidiar: San José, la capital del país vecino.    

LA VENTANA DE LA MOVILIDAD SEGURA

Como la historia de ´los Ponce´ hay miles en esa nación del sur. Costa Rica se ha convertido en ese país a donde miles de nicaragüenses han huido de los represores que gobiernan Nicaragua. La crisis política que comenzó hace seis años, hizo estallar una ola migratoria sin precedentes.

ACNUR por ejemplo, calculó en 100.000 la cantidad de nicaragüenses que salieron del país en el 2018, año en el que ´los Ponce´ se fueron también. Ese mismo año, las autoridades migratorias costarricenses recibieron 23.063 solicitudes de refugio de nicaragüenses. Ahora, al finalizar octubre del año pasado, las solicitudes habían aumentado a 222.511 y se estima que fácilmente podrían ya llegar a las 300.000.

Pero tras casi seis años de exilio forzado, esta familia, como otros miles, ya no ven en Costa Rica un país donde vivir. Esto quedó más que claro en junio de 2023 cuando Estados Unidos lanzó la iniciativa Movilidad Segura, como una de varias estrategias en marcha para “relajar” la crisis migratoria protagonizada por cubanos, venezolanos, haitianos, nicaragüenses, guatemaltecos y, más recientemente, ecuatorianos que buscan llegar al país del norte a como dé lugar.

La iniciativa abrió las Oficinas de Movilidad Segura (SMO, por sus siglas en inglés) que administra ACNUR con funcionarios de migración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en ingles) y que abre la posibilidad para que estos inmigrantes apliquen a la posibilidad de viajar a Estados Unidos con status de asilado y ayuda para vivienda y alimentación hasta por seis meses. El programa además incluye dos destinos más; España y Canadá.

El programa migratorio fue lanzado en junio de 2023 y esa primera fase duró seis meses. Al término, las autoridades de Costa Rica y Estados Unidos, anunciaron su ampliación para un año más en diciembre pasado en el que abarcó a ciudadanos ecuatorianos. Es clave señalar que en el caso de los nicaragüenses solo aplican quienes estén en situación de refugio y hayan llegado al país antes del 12 de junio del año pasado, no después.

“Es que esto se enmarca en la búsqueda de una migración controlada, segura y ordenada”, explica a DESPACHO 505 el politólogo Harold Villegas Román, experto en temas migratorios de la universidad de Costa Rica.

Villegas Román recordó que el programa tiene vigencia hasta diciembre de este año y que son aparentemente los nicaragüenses los que más han aplicado.  “Es un programa cuya respuesta lleva meses, y los venezolanos y de otras nacionalidades no esperan, no se quedan en Costa Rica, siguen su ruta. Los nicaragüenses en su mayoría se quedan aquí, entonces aplican. Eso no significa que de otras nacionalidades no haya aplicaciones”, indica el experto.

NÚMEROS MUESTRAN ALTÍSIMA DEMANDA

En febrero pasado, cuando cumplía ocho meses de abierto el programa, ACNUR-Costa Rica informó que 117.000 ciudadanos habían aplicado al programa y que se tramitaban las solicitudes, aunque no dijeron en esa ocasión como tampoco lo informan ahora, el número de aplicaciones aprobadas o la cantidad exacta de refugiados que han sido reasentados ya.

Un reporte de Deutsche Welle, publicado a finales de mayo reciente y que cita información proporcionada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, señala que el programa en total ha recibido unas 190.000 solicitudes, y que, de estas, más de 34.500 han sido referidos al Programa de Admisión de Refugiados de ese país (USRAP por sus siglas en inglés), con 8.800 reasentamientos exitosos en Estados Unidos y 18.100 llegadas por otras vías legales.

Agrega el informe, que adicionalmente, alrededor de 300 personas han sido reasentadas en España a través de la oficina en Costa Rica. Sobre el caso de Costa Rica, dónde son miles los nicaragüenses que han aplicado al programa, Marta Youth, subsecretaria de Estado Interina de la Oficina de Población, Refugiados y Migración, mencionó en una  conferencia de prensa el 27 de julio del año pasado, que desde ese país, 250 personas han sido reubicadas en Estados Unidos bajo el programa y que otras 200, fueron admitidas en España, para un total de 450 reasentados en dos de los destinos promovidos, lo que coincide con los informes de USRAP.

Aunque Villegas Román la considera una iniciativa importante para desalentar las migraciones irregulares peligrosas admite que todavía requiere tiempo para medir su verdadero impacto. “No hay buenas cifras todavía, habría que esperar”, recomienda el especialista.

MILES “SE ASFIXIAN”, BUSCAN SALIR

Para nadie es un secreto que los nicaragüenses han visto por años a Costa Rica como un país alternativo para vivir, pero también admiten que padece males que sobre todo en la actualidad, los hace buscar con desesperación una tercera opción (país) después que tampoco sea factible el retorno a Nicaragua.

Costa Rica pasa por sus peores niveles de inseguridad ciudadana, cercado por un crimen organizado que levanta olas de violencia en sus cantones y que este año, ha elevado la estadística a tres homicidios por día. Solo el año pasado, el país cerró sus libros con 907 homicidios y en un solo mes, agosto, 90 personas fueron asesinadas de forma violenta.

Pero no es lo único. A la par de la caída de la seguridad ciudadana, la carestía de la vida sube, afectando a quienes menos ganan, que son los migrantes que aspiran a quedarse allá en busca de las oportunidades que no encuentran en su país de origen, la mayoría, como aseveró el especialista, llegados de Nicaragua.

“Aquí la vida es dura”, dice doña Yadira Montes. “Si la ventaja es que uno se haya su trabajito, pero no ve el centavo, todo caro”, dice la mujer que desde que llegó a mediados de 2022 se lamenta de que no ha podido “levantar cabeza”. “Mire, con costo y mucho sacrificio me quité una jarana de la que me hice para venirme y dejar algo para la casa. Pero aquí es duro esto”, se queja al salir de una comidería en la que trabaja tiempo completo en el centro de San José.

“EN COSTA RICA NO SE PUEDE VIVIR”

Según el Ministerio del Trabajo de Costa Rica, este país es el que tiene el salario mínimo promedio más alto en Latinoamérica. Sus autoridades explican, que una persona migrante podría devengar hasta 728 dólares por mes este año. La tabla salarial oficial establece que la paga mínima en el país es de 358.609.50 colones, unos 687 dólares al cambio de esta semana.

Aunque se lee bastante bien, el problema se resiente más en los egresos para vivir, por ejemplo, el inmigrante nicaragüense debe pagar un aproximado de 130.000 colones, unos 250 dólares en la renta, unos 26,600 colones 53.2 dólares mensuales en pagos de pasajes en bus y lo más caro, la alimentación.

Hasta diciembre pasado la Canasta Básica Alimenticia (CBA), compuesta por 23 productos alimenticios, cerró a un costo de 58.014 colones, unos 116 dólares. Un economista local explica que, en este país el costo de la CBA, corresponde al gasto promedio de una persona en un mes, no de una familia, de modo que aumenta en dependencia de quienes la integran.

“Ello quiere decir que, si la familia está compuesta por cinco miembros, por ejemplo, el nicaragüense debe gastar 580 dólares que sumado a la renta, más gastos de transporte para ir al trabajo, necesita como mínimo ingresos de 800 dólares mensuales y más. Bastante diría yo”, explica.

“¿Y si hay que pagar servicios básicos aparte de la renta? ¿Y si uno se enferma? Y ¿Si hay necesidad con los familiares que uno dejó en Nicaragua? No, aquí es difícil y trabaja uno seis días a la semana para ver 400 o 500 dólares al mes”, se queja doña Yadira.

Kevin Orozco es un joven nicaragüense que llegó a Costa Rica en el año 2019. Sus intenciones eran claras: Trabajar y poder enviar dinero a sus familiares en Nicaragua “que quedaron mal”, después de la crisis de 2018. Orozco dice que el alto costo de la vida lo está obligando a pensar en otro país.

“Unos amigos me dijeron que aquí (en Costa Rica) había trabajo y que ganaban el equivalente a 800 dólares al mes y es cierto, pero me doy cuenta de que, para el alto costo de la vida, eso no es nada. Definitivamente en Costa Rica no se puede vivir”, comparte Orozco originario de la comarca El Timal, en el municipio de Tipitapa.

Orozco dice que no ve oportunidad con el Programa Movilidad Segura porque es un trámite “largo y engorroso”, pero que él y “unos primos” en Estados Unidos están apostando por el Parole Humanitario, otra alternativa que buscan los nicaragüenses para llegar al norte por una vía legal diferente a la petición de una visa expedida en su país de origen.  

LA XENOFOBIA, OTRO INGREDIENTE NEGATIVO

Para Braulio Abarca, un defensor de derechos humanos de la plataforma Nicaragua Nunca Más con sede en Costa Rica, el país del sur es “excesivamente caro” y donde, además, es complejo el acceso a derechos importantes para un exiliado.

“Hay xenofobia, se han denunciado casos de discriminación en contra de nicaragüenses, y es muy alta”, dice al recordar que hace apenas unas semanas, un nicaragüense fue asesinado por un vecino que claramente despreció su vida por sus orígenes. En días pasados, este medio documentó que al menos cuatro crímenes contra nicaragüenses en ese país son una expresión de odio por su nacionalidad. Los crímenes han ocurrido en fechas distintas.

“La gente ha huido de Nicaragua debido a la violencia de un Estado represor y de una crisis económica dura, y se ha encontrado aquí con violencia y carestía de la vida, ven que no mejoran las condiciones de vida, las condiciones laborales, las familiares y la misma seguridad individual, por eso buscan irse”, dijo el activista.