Ortega amenaza a bancos, investigados por “cómplices” de opositores confiscados

El dictador Daniel Ortega reveló que hay investigaciones en curso contra los bancos nacionales por ser presuntos “cómplices” de organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y opositores que han sido confiscados desde el 2018 en Nicaragua, bajo infundadas acusaciones de lavado de dinero.  

Durante el acto del 129 aniversario del natalicio de Augusto C. Sandino, Ortega justificó este sábado las confiscaciones calificándolas de “Incautaciones”.  

“Ahí están pegando brinco algunos bancos, más bien parecen cómplices de los estafadores, porque no cumplían con las normas a la hora de entregar un préstamo (...), se está investigando para sancionar a todos los que resulten culpables”, dijo el dictador. 

Asimismo, reconoció que las propiedades confiscadas representan “varios millones”. Los bienes, que aún no han sido detallados en su totalidad, fueron declarados propiedad del Estado, según Ortega, “para beneficio de los pobres, para invertirlos en los programas sociales; desde vivienda, salud, educación, seguridad social”. 

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AL MENOS 250 MILLONES DE DÓLARES EN CONFISCACIONES 

Las palabras de Ortega llegan un día después de que la Procuraduría General de la República (PGR), que funge como el abogado del Estado, se pronunciara sobre las estimaciones de los millonarios fondos que han ingresado al régimen producto de las confiscaciones. 

La PGR justifica que los bienes obtenidos a merced de leyes represivas han sido en “estricto cumplimiento” al "respeto" de la propiedad privada, y en conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Constitución Política, que prohíbe la confiscación de bienes. 

Esta semana, el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción informó que las confiscaciones de bienes ordenadas por la dictadura tienen un costo de al menos 250 millones de dólares, que en un futuro tendrán que ser pagados por los ciudadanos al constituirse en deuda pública. 

La investigación denominada “la Nueva Piñata Ortega-Murillo" revela que las confiscaciones iniciaron en 2018, pero se intensificaron a partir de febrero de 2023 con el destierro de 222 presos políticos y el despojo de la nacionalidad nicaragüense a otros 94 destacados opositores.