Estados Unidos advierte de “grave corrupción gubernamental” con los contratos públicos en Nicaragua
Las licitaciones más grandes son asignadas a empresas vinculadas a miembros de la familia Ortega Murillo, el FSLN y ex funcionarios de la Policía y el Ejército.
El Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió de la “grave corrupción gubernamental” en Nicaragua a través de la asignación de contratos públicos millonarios a empresas vinculadas a miembros de la familia presidencial, el partido FSLN y ex altos cargos del Ejército y la Policía.
Funcionarios del poder Ejecutivo a cargo de Ortega y Murillo participaron en negocios privados “con poca o ninguna supervisión”, según el informe anual 2023 sobre la vulneración de derechos humanos en el mundo elaborado por el Departamento de Estado.
“Empresas vinculadas a miembros de alto rango del FSLN y ex miembros de la Policía y el Ejército proporcionaron la mayor parte de los servicios gubernamentales en sectores como la seguridad, la construcción y los productos farmacéuticos”, destaca el informe.
En Nicaragua, según el Departamento de Estado, hay nueve empresas de seguridad de propiedad parcial o total de miembros del FSLN que también eran expolicías, militares y miembros del poder Ejecutivo que ganaron todas las licitaciones del gobierno para prestar servicios públicos en esa materia.
Un número limitado de empresas de construcción vinculadas al partido también ganaron licitaciones públicas, principalmente en la construcción de carreteras.
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“Las empresas privadas se quejaron de que las autoridades aduaneras imponían multas arbitrarias e infladas y revisiones excesivas, que afectaban principalmente a las empresas no vinculadas al partido FSLN”, agrega el informe.
NO HAY CONTROL SOBRE LOS CONTRATOS
Con el control que ejerce la dictadura sobre los organismos de control, la Policía y el Poder Judicial, la corrupción continuó con impunidad.
“Los casos de malversación de fondos por parte de funcionarios públicos habrían sido manejados personalmente por miembros del FSLN y familiares cercanos de Daniel Ortega, en lugar de por las entidades gubernamentales a cargo de los fondos públicos”, criticó el Departamento de Estado.
La legislación nicaragüense prevé sanciones penales para la corrupción de funcionarios, pero el gobierno no aplicó la ley con eficacia. A lo largo del 2023 hubo numerosas denuncias de corrupción gubernamental.
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Según el Índice de percepción de la corrupción 2023, elaborado por Transparencia Internacional, de 180 países en el mundo Nicaragua ocupa el puesto número 17 entre los más corruptos y el número dos de América Latina, solo superado por la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.
La corrupción en Nicaragua es "galopante", "no hay control sobre ella" y, mientras esté la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, solo se puede combatir denunciándola, advirtieron recientemente investigadores del Observatorio Pro Transparencia y Anti-corrupción de Hagamos Democracia.
Los investigadores determinaron que en Nicaragua la función pública se ve como “un método de enriquecimiento” y no como un servicio.
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