Estados Unidos denuncia política de “exilio, cárcel o muerte” para opositores en Nicaragua

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa aplicando una política de “exilio, cárcel o muerte” para cualquiera que sea percibido como opositor en Nicaragua y mantiene retenidos a más de 100 presos políticos “en condiciones atroces”, criticó este lunes el Departamento de Estado de Estados Unidos en su informe anual 2023 sobre la vulneración de derechos humanos en el mundo.  

Estados Unidos señala que en Nicaragua se continúan aplicando leyes enmendadas sobre terrorismo a actividades prodemocráticas y utilizando el sistema judicial para procesar y encarcelar a actores de la sociedad civil como terroristas, asesinos y golpistas.  

“En Nicaragua, el régimen Ortega-Murillo cerró más de 300 organizaciones de la sociedad civil en 2023, lo que elevó el número de organizaciones cerradas a más de 3.500. El régimen también despojó a más de 300 personas de su ciudadanía y mantiene retenidos a más de 100 presos políticos en condiciones atroces”, dijo el secretario de Estado, Antoni Blinken. 

Nicaragua sigue siendo uno de los países que genera más preocupación para Estados Unidos en materia de derechos humanos. Durante el año no se produjeron cambios significativos en esta materia, advierten.  

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Este informe elaborado desde 1977 por el Departamento de Estado sirve de guía al Congreso de Estados Unidos a la hora de determinar la ayuda exterior que se concede a cada país. 

23 FORMAS DE REPRESIÓN 

El informe sobre Nicaragua, uno de los más extensos si se compara con otros países de América Latina, da cuenta de al menos 23 formas de represión aplicadas por la dictadura.  

Entre los principales problemas de derechos humanos el año pasado figuraban informes fidedignos de ejecuciones arbitrarias o ilegales, incluidas ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas; tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de guardias de prisiones y parapolicías; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales.  

Además, continúan “graves problemas con la independencia del poder judicial”; presos políticos; represión transnacional contra personas ubicadas en otro país; restricciones a la libertad religiosa; incapacidad de los ciudadanos para cambiar pacíficamente de gobierno mediante elecciones libres y justas; grave corrupción gubernamental y “las peores formas” de trabajo infantil. 

El Departamento de Estado también reconoce "graves restricciones a la libertad de expresión y de prensa, incluidas amenazas de violencia contra periodistas, arrestos y procesamientos injustificados de periodistas y censura; interferencia sustancial con la libertad de reunión pacífica y la libertad de asociación".

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, en su más reciente informe, denunció que al menos 253 periodistas nicaragüenses han salido exiliados de Nicaragua por razones de seguridad o han sido desterrados desde abril de 2018.

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"Las restricciones a la libertad de prensa, la ausencia de un poder judicial independiente y un sistema político no democrático se combinaron para obstruir la libertad de expresión, incluso para los miembros de los medios de comunicación", señala el informe que repasa los hechos que marcaron la escalada de persecución al periodismo independiente: vigilancia policial y parapolicial, acoso, encarcelamiento,  ataques cibernéticos, amenazas de muerte, exilio, confiscación y despojo de la nacionalidad, entre otros abusos, incuido el espionaje. 

El Departamento de Estado refiere informes creíbles de que el régimen "monitoreó las comunicaciones privadas en línea" y hasta llegó a restringir o interrumpir el acceso a Internet o censuró el contenido en línea. Cita las investigaciones periodísticas de medios independientes que han revelado la utilizaciòn de fondos públicos para instalar granjas de trolls "que habitualmente llevaban a cabo ataques cibernéticos contra sitios web de medios de la oposición y cuentas de redes sociales. Según se informa, trolls y bots rastrearon cuentas de redes sociales de la oposición para tomar represalias contra usuarios considerados opositores", señala.

En materia de restricciones a las libertades, Estados Unidos incluye las leyes restrictivas sobre la organización, financiación u operación de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil así como "restricciones a la libertad de circulación y residencia dentro del país y al derecho a salir del país".