CGR amplía techo presupuestario para contrataciones discrecionales en el Estado

La Contraloría General de la República (CGR) amplió, a través de una circular administrativa, el techo presupuestario para que las instituciones del Estado puedan realizar contrataciones discrecionales amparados en la figura de compras simplificadas, licitación pública, de registro, compra por cotización y concurso.

La circular administrativa 01-2024 modificó la circular de 01-2022 para pasar de 500 mil a 800 mil córdobas el techo para las contrataciones en las instituciones del Estado, que incluye a las municipalidades.

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En la modificación, la CGR agrupó a todo el sector público en dos bloque. El primero de estos grupos lo componen los Poderes del Estado, los gobiernos regionales, las universidades públicas y privadas, y el sistema financiero;  y el segundo bloque, que la comprenden las alcaldías.

“Las entidades del Sector Público y Sector Municipal deben remitir a la Dirección General Jurídica de la Contraloría General de la República en fotocopia con su respectiva compulsa notarial, un expediente de la contratación administrativa cualquiera que sea la modalidad utilizada y que están referidas en las leyes No. 737, Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público y Ley No. 80 l, Ley de Contrataciones Administrativas Municipales, cuyo monto sea igual o mayor a la cantidad de C$800,000.00”, dice la circular.

MAYOR TECHO, MENOS CONTROL

A pesar de que se mantienen los plazos para la presentación de los expedientes de contrataciones públicas, la Contraloría flexibiliza la obligatoriedad de aquellas compras menores a los 800 mil córdobas.

En caso de incumplimiento, la CGR plantea la aplicación de sanciones administrativas contras los servidores públicos que incumplan la ley 737 y 801. La circular exime de responsabilidades a las autoridades del sector público y municipal.

"Los servidores públicos que no cumplan con la remisión del expediente en el tiempo y forma establecido en la presente Circular Administrativa, serán sujetos de la aplicación de responsabilidad administrativa, previo cumplimiento del debido proceso", dice la circular.

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A pesar que la Controlaría tiene entre sus funciones ser el rector del control de la administración pública y la fiscalización de los bienes y recursos del Estado, en la práctica es una institución inoperante y sometida a la voluntad del régimen Ortega-Murillo.