Procuradurías municipales serán un eslabón más en la cadena represiva de la dictadura

La vocera del régimen sandinista, Rosario Murillo, anunció este miércoles la creación de las Procuradurías para las municipalidades de Nicaragua, con la intención de vigilar la ejecución de los proyectos financiados con el Presupuesto General de la República.

Murillo, en su alocución de mediodía, dijo que las Procuradurías municipales es para “fortalecer la labor de vigilancia, de la correcta ejecución de todos los programas y proyectos que desarrollan las alcaldías desde el Presupuesto General de la República”.

Aunque el anuncio del régimen será para “beneficio general del pueblo”, Lludelys Aburto, experta en municipalidad, lo cataloga la medida como “un eslabón más a la cadena represiva”.

“Esto es un ejemplo del estricto apego a lo que han venido haciendo desde hace mucho tiempo en materia de control y vigilancia de los distintos niveles y las municipalidades no se escapan de ese control”, advierte Lludelys.

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Sin embargo, para Aburto, la instauración de estas Procuradurías municipales, no tendría ningún otro sentido más que el control, ya que, en términos de presupuesto, no son las alcaldías quienes deciden su presupuesto, es el Poder Ejecutivo, según la Ley de Régimen Presupuestario. “Por lo tanto la única razón por la cual están montando estas instituciones locales es para ejercer control absoluto en el país”, añade la municipalista.

De este ejercicio de control y vigilancia, tampoco se escapan los ciudadanos, a quienes según Lludelys, también pueden "ser víctimas de este sistema de control totalitario que está empleando el régimen".

"DESTITUCIONES DE MÁS ALCALDES"

Lludelys Aburto, advirtió que este ejercicio de control absoluto que pretende imponer el régimen con la creación de Procuradurías municipales, podría significar que más alcaldes de los gobiernos locales sean destituidos.

“El régimen quiere controlar los recursos en todos los niveles, entonces desde ahí van a vigilar a los alcaldes que ellos mismos ponen, estas instituciones solo van a vigilar que sus alcaldes no hagan ningún movimiento sin que el Poder Ejecutivo lo sepa”, añade la especialista.

El caso más reciente fue la destitución de la alcaldesa de Rivas, Vilma Casanova Fuertes, quien fue separada del cargo el pasado 2 de abril en medio de una investigación que persigue supuestos actos de corrupción. Ante la caída de Casanova Fuertes, el régimen impuso como nueva alcaldesa a la concejal suplente Reyna Luz Galeano Miranda.

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Desde que tomaron posesión, los nuevos alcaldes, en enero del 2023, ocho han sido destituidos en todo el país y según la municipalista consultada, la instauración de estas Procuradurías puede traer consigo que “rueden más cabezas en los municipios”.

OPERADORES SANDINISTAS EN LAS PROCURADURÍAS

La municipalista Lludelys Aburto, afirma que como es de esperarse, quienes formarán parte de las filas de este eslabón represivo serán aquellos que correspondan con fidelidad a las órdenes de los Ortega-Murillo.

“Van a nombrar a quienes les han jurado fidelidad, van a poner a ejercer cargos a fanáticos sandinistas en estas instituciones locales que no tienen ningún significado para la democracia y el ejercicio transparente de los recursos que en teoría deberían hacer estas instituciones”, dijo Aburto.

“Siguen las demostraciones de poder absoluto, gobernando el país desde su perspectiva militarizada y quienes van a ocupar las nóminas de esas instituciones van a ser paramilitares en ese estricto apego a un control totalitario”, añadió.

La Procuraduría General de la República (PGR) es el abogado del Estado y es la encargada por el buen ejercicio de ejecución de los recursos que le entrega el gobierno central a las instituciones estatales y ejercer la representación legal y defensa de los intereses del Estado. Sin embargo, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo utilizan la PGR como un brazo ejecutor de acciones represivas para todo aquel que no comulgue con su discurso.