España decreta estado de alarma por 15 días por aumento de casos de coronavirus

El Gobierno limitará la libre circulación y podría racionar bienes y servicios, requisar pertenencias y ocupar fábricas e industrias. En España hay al menos 42,000 nicaragüenses empadronados.  

MADRID. Ante el imparable aumento de los contagios por coronavirus en España, el Gobierno decretará a partir de este sábado un estado de alarma que se extenderá durante los próximos 15 días para tratar de frenar la multiplicación de los casos positivos.  

El anuncio fue hecho por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A través de una declaración institucional en La Moncloa explicó que este sábado se celebrará un Consejo de Ministros extraordinario que aprobará el estado de alarma.  

El presidente dijo que estamos ante una “crisis extraordinaria” frente a la cual se van a “movilizar todos los recursos del Estado para proteger la salud de los ciudadanos”. Recursos que serán “públicos y privados, civiles y militares”, detalló. 

En España, el segundo país más afectado por el coronavirus en Europa después de Italia, hay hasta ahora (13 de marzo) 4,209 casos de coronavirus y 120 muertos, según datos de Sanidad. Las proyecciones indican que la próxima semana se podrían superar los 10 mil casos.

Madrid, donde viven al menos 7,178 nicaragüenses es la comunidad autónoma más afectada en España. 

En toda España, según cifras del Padrón Municipal 2019, hay 42,249 nicaragüenses empadronados. La cantidad de nicas residentes en este país podría ser mayor, puesto que los datos oficiales no cuentan a las personas que se encuentran en condición irregular. 

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La declaratoria del estado de alarma llegará tras una serie de medidas que habían venido tomando de manera gradual las comunidades autónomas, como cancelaciones de eventos masivos, cierres de terrazas, bares, parques y museos.  

Las clases desde primaria, secundaria y universidad están suspendidas en todo el país. Además, se ha recomendado el teletrabajo en el sector público y algunas empresas del sector privado para prevenir nuevos contagios. 

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¿QUÉ SUPONE EL ESTADO DE ALARMA?  

El estado de alarma en España está previsto en el artículo 116 de la Constitución. Puede activarse en casos de gravedad como “crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves” se tomen una serie de medidas muy drásticas que limitan el día a día de los ciudadanos. 

El Gobierno puede escoger qué medidas tomar, pero la ley le permite hasta cinco opciones. La primera, sería similar a lo que ya se ha adoptado en Italia: “limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos”, por lo que la movilidad dejaría de ser libre. 

Además, el estado de emergencia supondría una limitación de la propiedad privada, ya que el Gobierno podría “practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias”.  

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La ley también autoriza “intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los Ministerios interesados”. 

RACIONAMIENTO 

Los productos como mascarillas y alcohol gel que se recomienda utilizar para protegerse del virus, escasean en farmacias y supermercados. 

Desde esta semana en los supermercados la gente se concentra desde tempranas horas para abastecerse con alimentos y productos de higiene. En redes sociales circulas fotografías y videos de desabastecimiento de productos como carne, papel higiénico y toallas sanitarias.  

Otra de las medidas previstas al decretar el estado de emergencia es la de establecer el racionamiento. Sin embargo, al declararse el estado de sitio se podría “limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad”, detalla la ley. 

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La ley quiere impedir que con el aislamiento se produzca un desabastecimiento de los mercados, por lo que se ha previsto que el Gobierno tenga capacidad para “impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados”.