El régimen pierde el millonario apoyo del Fondo Verde del Clima

El Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés) rescindió el Acuerdo de Actividad Financiada para el proyecto “Bio-CLIMA: Acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las Biosferas Bosawás y Río San Juan” que representaba permitiría al régimen de Daniel Ortega acceder a una bolsa de 116.6 millones de dólares.

El organismo dejó sin efecto el contrato de financiamiento, que había suscrito con Nicaragua en noviembre de 2020, argumentando "incumplimiento" de las políticas y procedimientos sobre salvaguardias ambientales y sociales, segun una declaración oficial del Fondo Verde publicada en su sitio web.

La resolución que da por terminado el acuerdo fue dictada por la Secretería del Fondo Verde luego de un "exhaustivo proceso de investigación y evaluación de incumplimiento, que constituían violaciones legales de los acuerdos pertinentes".

En la nota, el organismo informa que no desembolsó fondos para el proyecto y que este no había comenzado su implementación.

INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES NO FUERON CONSULTADOS

El proyecto Bio-CLIMA del régimen ofrecía combatir el cambio climático a través de la producción agroecológica en la Reserva de Bosawás y el Río San Juan.

Sin embargo, en junio de 2021 líderes indígenas y afrodescendientes denunciaron ante el Mecanismo de Reparación Independiente (IMR) falta de consulta adecuada e incumplimiento de la Entidad Acreditada, el Banco Centroamericano de Economía y Finanzas. Integración (BCIE), con políticas y procedimientos del Fondo Verde.

En julio de 2023, tras la presentación de un informe de Revisión de Cumplimiento a cargo del IMR, la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima decició bloquear los fondos del proyecto. Además, dio un plazo de 120 días al régimen Ortega-Murillo -que venció en octubre- para subsanar las inconsistencias y le recomendó la ejecución de una consulta libre, previa e informada, la identificación de un actor independiente que supervise las acciones del proyecto y el uso transparente de los recursos.  

Entre otras cosas, las poblaciones originarias manifestaron temor de ser expulsadas de sus territorios ya que el proyecto pretendía utilizar las tierras de los indígenas para la “producción sustentable” de cultivos y ganado, en la cual se establecía que los beneficiarios de este proyecto serían los colonos y no los pueblos indígenas.

El régimen agotó todos los recursos para hacerse del millonario fondo para el clima. Para ello, en agosto de 2023 inició el llamado Plan de Consultas y Consentimiento Libre que supuestamente abarcó 23 territorios indígenas y afrodescendientes vinculados al proyecto Bio-CLIMA. No obstante, el liderazgo indígena denunció "amaños" en el proceso y el Consejo de Ancianos de Muskitia expresó su rechazo.

"La secretaría del FVC sigue comprometida a defender el principio de no causar daño y evitar, minimizar y mitigar los posibles impactos ambientales y sociales adversos de las actividades de financiación climática", concluye la resolución.

DICTADURA PRETENDÍA ADJUDICARSE LOS RECURSOS NATURALES DE LA ZONA CON BIO-CLIMA

Para la líder indígena Anexa Alfred, con esta resolución queda evidenciado que con este proyecto la dictadura pretendía acceder a los recursos de los indígenas de manera irregular y sus planes fueron suspendidos.

“Nosotros estamos muy contentos con esta decisión puesto que este proyecto era una amenaza grave a la supervivencia cultural de los pueblos indígenas en Nicaragua, pero también era un proyecto que dejaba un precedente sobre la violación al derecho internacional de los pueblos indígenas” añadió la integrante de la organización indígena INANA.

Para Alfred, la suspensión del financiamiento del FVC es el resultado de un arduo trabajo de denuncias por parte de los indígenas hacia sus comunidades.

“De llevarse a cabo este proyecto se iban a violentar los derechos humanos de las comunidades indígenas y afrodescencientes. Desde la falta de consulta y consentimiento a los dueños de esas tierras hasta la serie de irregularidades cometidas en lo que ellos llamaron como “plan de consultas”, en donde lo que hicieron fue un intento de persuasión para que las comunidades aceptaran”, concluyó la líder indígena.