Demoledor informe de EE.UU. sobre autoritarismo de la dictadura de Daniel Ortega

EE.UU. denuncia autoritarismo, violación a los derechos humanos, ejecuciones selectivas en el campo, condiciones infrahumanas en la Modelo, corrupción generalizada y persecución política a opositores.

El gobierno de los Estados Unidos publicó hoy el “Informes país sobre prácticas de derechos humanos 2019” en Nicaragua en el que destaca las constantes violaciones a los derechos humanos, represión y hostigamiento a opositores y ejecuciones selectivas.

El informe denuncia que “Nicaragua tiene un sistema político autoritario altamente centralizado dominado por el presidente Daniel Ortega Saavedra y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo Zambrana”, ya que “Ortega ejerce un control total sobre las funciones ejecutivas, legislativas, judiciales y electorales”.

Indica que la Policía Orteguista es responsable por las constantes violaciones a los derechos humanos, de igual forma, señala que el Ejército “tiene algunas responsabilidades de seguridad doméstica. (Porque) Ambos informan directamente al presidente, de conformidad con los cambios en el código policial y del ejército en 2014”.

“Parapolicías, que son grupos no uniformados, enmascarados y armados con entrenamiento y organización táctica, actúan en coordinación con las fuerzas de seguridad del gobierno, bajo el control directo de gobierno. Las autoridades civiles mantuvieron un control efectivo sobre la policía y las fuerzas de seguridad de la policía”, denuncia el informe.

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Además acusan al régimen de Ortega de realizar “ejecuciones ilegales o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales, cometidas por el gobierno o sus agentes; desaparición forzada por las fuerzas de Parapolicía; torturas por guardias de la prisión y Parapolicías; abuso físico, incluyendo violación, por parte de funcionarios del gobierno; y detenciones arbitrarias por parte de la policía y la Parapolicía”.

CONDICIONES CARCELARIAS MORTALES

El “Informes país sobre prácticas de derechos humanos para 2019” denuncia las “condiciones carcelarias severas y potencialmente mortales” para los prisioneros políticos, así como la interferencia arbitraria e ilegal de la privacidad; “graves problemas con la independencia del poder judicial; restricciones a la libre expresión y la prensa, incluidas amenazas de violencia, censura y difamación criminal; e interferencia sustancial con los derechos de reunión pacífica y la libertad de asociación, incluidos los ataques contra la Iglesia Católica y sus funcionarios”

Así como la negativa del régimen de Ortega de regresar las personería jurídicas a nueve organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones de la sociedad civil a quienes les “retuvieron ilegalmente sus activos, impidiéndoles operar”.

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El informe retrata a un estado arbitrario que restringe las libertades de expresión, asociación y reunión; ataques contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI); discriminación contra minorías étnicas y comunidades indígenas; y trabajo infantil.

Además denuncia la corrupción generalizada en las diferentes dependencias gubernamentales.

En relación a las violaciones de los derechos humanos señala que “el gobierno no tomó medidas para identificar, investigar, enjuiciar o castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, incluidos los responsables de al menos 325 asesinatos y cientos de desapariciones durante el levantamiento prodemocracia de abril de 2018”.

Añade que Daniel Ortega “fortaleció activamente la impunidad por los derechos humanos”, violaciones cometidas por paramilitares leales a Ortega.

El informe denuncia que “Parapolicía y personas vinculadas al régimen de Ortega llevaron a cabo una campaña de hostigamiento, intimidación y violencia hacia los enemigos percibidos del régimen, como ex presos políticos, activistas campesinos o campesinos, grupos de oposición prodemocracia y el clero católico romano”.

Finalmente, señala que organismos de derechos humanos denunciaron que entre octubre y agosto de 2018, los Parapolicía ejecutaron a entre 20 y 30 campesinos considerados opositores del partido gobernante FSLN.