Estos son los funcionarios e instituciones cómplices de los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, según la ONU
El GHREN identificó a los funcionarios e instituciones que ejecutan las graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua por motivos político
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU (GHREN) identificó por primera vez a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, incluidos delitos contra la humanidad. A la cabeza de la estructura represora cimentada en el aparato Estadal, sitúa a Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La fórmula: "concentración y centralización de todos los poderes del Estado" y la complicidad de leales a Ortega Murillo colocado al mando de instituciones clave: el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; la fiscal general Ana Julia Guido; el magistrado del Poder Judicial Marvin Aguilar y el viceministro del Interior, Luis Cañas.
Los expertos de la ONU también lograron comprobar la participación en el engranaje represor de los secretarios políticos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y de los los servicios de inteligencia del Estado como piezas claves en el ejercicio de control a los ciudadanos nicaragüenses.
El Grupo identificó que Ortega y Murillo ya sea de manera directa o a través de sus asesores bajan órdenes e instrucciones a las diferentes instituciones que tienen que llevar a cabo actos represivos contra personas opositoras o percibidas como tales y sus familiares: la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República, el Ministerio del Interior, la Dirección General de Migración y Extranjería y la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro.
Así lo detalla el informe:
GUSTAVO PORRAS, PROMOTOR DE LEYES Y REPORMAS PARA REPRIMIR
El sancionado presidente de la Asablea Nacional Gustavo Porras, es señalado de cómplice en la instrumentalizaron del Poder Legislativo para la comisión de las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. Ha apoyado al régimen promoviendo las reformas constitucionales y legislativas que facilitan la comisión de actos de represión, incluso algunas que entraron en vigor sin haber seguido el procedimiento previsto en la Constitución.
En el informe se destaca que en una ocasión, el funcionario admitió que trabaja con órdenes directas del dictador Ortega.
MARVIN AGUILAR, VERDUGO DE OPOSITORES
El Grupo de Expertos identifica a Marvin Aguilar como el operador del régimen Ortega-Murillo tras la dimisión del magistrado Rafael Solís. En ese papel, recibió órdenes directas de Rosario Murillo, de dos asesores de Daniel Ortega y de la fiscal general Ana Julia Guido para instruir al resto del Poder Judicial convocando a su oficina a uno o más jueces de confianza. Estos jueces, a su vez, ejecutaban directamente las órdenes o las comunicaban a otros jueces y empleados judiciales.
El grupo de expertos lo acusa de ejecutar directamente las órdenes de Murillo y de estar al frente de la destitución de al menos 100 trabajadores judiciales.
ANA JULIA GUIDO, ENCARGADA DE FABRICAR JUICIOS FALSOS
La fiscal general Ana Julia Ochoa es señalada como actor importante en la cadena de represión de la dictadura, bajo las órdenes directas de Rosario Murillo sobre a quién procesar. En ella han sido delegados los procesos judiciales arbitrarios contra presos políticos.
El Grupo confirmó la existencia de una denominada “granja de troles” que se extiende a diversas plataformas en línea propiedad de Meta y que se creó para producir pruebas falsas contra personas opositoras o percibidas como tales y para acosarlas en línea. La granja se gestiona desde las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia; las “pruebas” producidas son utilizadas posteriormente por el Ministerio Público para respaldar acusaciones contra personas opositoras al Gobierno o percibidas como tales.
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LUIS CAÑAS, EL TERROR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
El resucitado Ministerio del Interior es descrito en el informe como uno de los principales represores de la dictadura. Su titular, Luis Cañas Novoa, quien funge como viceministro y secretario político, es identificado como el encargado de hacer cumplir las órdenes sobre la liberación o no de personas opositoras al régimen o percibidas como tales, la cancelación de organizaciones sin fines de lucro, y las decisiones que afectan a la libertad de circulación. Cañas, es quien tiene la responsabilidad de que éstas sean ejecutadas por el Sistema Penitenciario Nacional, la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro, y la Dirección General de Migración y Extranjería, respectivamente.
OTRAS INSTITUCIONES QUE FORMAN PARTE DE LA CADENA DE REPRESIÓN
A la Dirección General de Migración y Extranjería se le adjudica imponer restricciones ilegales y arbitrarias a la entrada y salida del país, tanto de nacionales como de extranjeros y de denegar la expedición de pasaportes o de su confiscación.
El CNU recibe órdenes directas de Rosario Murillo para ejecutar la politización de las casas de estudios superiores y ejercer control y represión a los estudiantes y maestros de las universidades del país.
En el documento presentado por la GHREN, acusan a estas instituciones de ser partícipes en la represión al pueblo de Nicaragua. Sin embargo el grupo de expertos responsabiliza a la pareja dictatorial de todas estas violaciones a derechos humanos, pues son ellos los que emiten las órdenes que estas instituciones ejecutan.
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