ONU: Ortega y Murillo desmantelaron el Estado para garantizar la impunidad total

El dictador Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo, desmantelaron al Estado nicaragüense, al tomar el control del Poder Legislativo y el Poder Judicial, para garantizar la "total impunidad" de sus actos, concluyó el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU en un informe presentado este jueves en Ginebra, Suiza.

"La centralización de todos los poderes del Estado en manos del Presidente y el
Vicepresidente garantiza aún más la total impunidad", señala el informe.

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El Grupo de Experto considera que la toma del Poder Judicial en el 2023 demuestra la estrategia del régimen de continuar con los juicios parcializados (políticos) contra opositores a quienes, casi siempre, acusa de traición a la patria.

"La toma de facto del Poder Judicial por el ejecutivo también demuestra la estrategia del Presidente y el Vicepresidente para asegurar el control total a cualquier precio. No sólo viola flagrantemente el principio de independencia del Poder Judicial, sino que además socava aún más las condiciones necesarias para la celebración de juicios imparciales y el acceso a la justicia, afectando así a toda la población", detalla el documento.

El informe responsabiliza tanto a Ortega como a Murillo de instrumentalizar a todos los podes del Estado para continuar la persecución y violación de los derechos humanos en Nicaragua.

QUIEREN LEALES EN EL PODER JUDICIALES

Sobre la persecución política en el Poder Judicial, el Grupo de Experto de la ONU considera que la separación de la presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, y del vicepresidente Marvin Aguilar, está encaminada a depurar el círculo de hierro, leales al dictador Ortega.

"Según varias fuentes, las destituciones y ceses en el Poder Judicial tenían como objetivo acabar con quienes no eran considerados del todo leales al Gobierno y al Frente Sandinista de Liberación Nacional, y agrupar el control en manos de unos pocos funcionarios que gozaban de la plena confianza de la Presidencia. Estas acciones también buscaban intimidar al resto del Poder Judicial", subraya el informe.

El Grupo de Experto documenta la destitución del magistrado Marvin Aguilar, vicepresidente de la Corte y quien también fungía como secretario político del Frente Sandinista, y de jueces que no eran de confianza para la dictadura.

"También fueron destituidos el administrador general del Tribunal Supremo y varios jueces. (...) En febrero de 2024, habría sido destituido de sus funciones por el ejecutivo. Esto ocurrió en un contexto en el que, desde 2018, más del diez por ciento del personal del Poder Judicial había sido despedido", detalla el informe.

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Desde el 2018, Ortega mantiene bajo su control a la Policía, al Ejército, a la Asamblea Nacional, al Consejo Supremo Electoral, a la Corte Suprema de Justicia, y a las alcaldías de todo el país.