Régimen pretende revertir sanciones internacionales con negociación

El Gobierno incluye la liberación de reos políticos, búsqueda de justicia y reparación por las víctimas de la represión en una agenda de cinco puntos en la que queda claro que no contempla discutir adelanto de elecciones.

El gobierno de Daniel Ortega reveló que con las negociaciones iniciadas con  la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia pretende conseguir que reviertan las sanciones internacionales que le han sido impuestas como consecuencia de la brutal represión a las protestas ciudadanas, iniciadas en abril y actos de corrupción.

En un comunicado difundido este sábado desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno de Ortega detalla los cinco puntos de agenda que está dispuesto a negociar. El cuarto se refiere a buscar la reversión de las sanciones internacionales que pesan sobre el régimen y su círculo más cercano, que tiene responsabilidad en los crímenes y graves violaciones a los derechos humanos a raíz de la crisis sociopolítica.

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El  Gobierno pretende acordar con la Alianza “realizar gestiones internacionales para la obtención de apoyo a la implementación de los acuerdos finales de la negociación y hacer un llamado a la comunidad internacional a suspender toda sanción en contra del pueblo nicaragüense, para facilitar el derecho al desarrollo humano, económico y social de Nicaragua, favoreciendo a los sectores más vulnerables de la población”.

Las sanciones impuestas en el plano internacional no están dirigidas al pueblo de Nicaragua, si no de manera directa a Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y sus más cercanos colaboradores: Francisco Javier Díaz, comisionado de la Policía Nacional de Nicaragua; Fidel Moreno, secretario de la alcaldía de Managua; Francisco López, presidente de Albanisa;  Néstor Moncada Lau, y Roberto Rivas, expresidente del Consejo Supremo Electoral.

Para todos ellos el gobierno de Estados Unidos les congeló bienes, ordenó restricciones migratorias, y prohibió a sus ciudadanos realizar cualquier tipo de trato de negocios.

El presidente Donald Trump firmó en diciembre del año pasado una orden ejecutiva en la que reafirmaba el decreto conocido como Global Magnitsky. Desde entonces, EE.UU ha impuesto sanciones a 76 individuos y entidades, incluidos funcionarios del gobierno de República Dominicana y de Guatemala.

LIBERTAD DE PRESOS POLÍTICOS

En el punto tres queda claro que Ortega estaría utilizando a los más de 700 presos políticos como moneda de cambio, ya que contempla la liberación de todos los que no han sido juzgados y ofrece revisar los casos de aquellos sobre los que ya pesan condenas. “Se revisarán sus expedientes, situación que no conlleve a la impunidad”, dice el texto.

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Además, en el primer punto deja claro que no cedería en la demanda de adelanto de elecciones que ha sido elevada desde la sociedad civil y recomendada por organismos internacionales que dan seguimiento a la situación del país.

En cambio el régimen ofrece fortalecer el actual sistema electoral, a través de la implementación de las recomendaciones de la misión de acompañamiento electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y propuestas de reformas electorales, que "perfeccionen procesos electorales, libres, justos y transparentes”.

La propuesta de agenda del Gobierno también habla de buscar acuerdos para garantizar justicia y reparación.

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La noche de este viernes la Alianza Cívica informó que reflexionarán la continuidad de su participación en las negociaciones que iniciaron desde el pasado 27 de febrero con el Gobierno, debido a la negativa de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) a ser parte de la mesa en calidad de testigo y acompañante.