Destituciones de alcaldes sandinistas: paranoia, desconfianza y otra evidencia del asalto al poder local en Nicaragua
A un año y veinte días de que asumieron los gobiernos municipales al menos seis alcaldes y un vicealcalde han sido destituidos por el régimen de Daniel Ortega sin que se conozcan las verdaderas razones y al margen de los procedimientos que establece el marco jurídico para estos casos.
El caso más reciente es el de Reynaldo Flores Genet, quien fue designado por el FSLN como alcalde del municipio de Ciudad Sandino, en Managua, y el 24 de enero fue defenestrado en silencio y en su lugar el régimen impuso a la concejal María Elsa Guillén.
En las pasadas elecciones municipales la dictadura de Nicaragua se adjudicó el control de las 153 municipalidades, en unos comicios señalados de fraudulentos y con un abstencionismo que rondó el 82.6 por ciento, según el observatorio electora de Urnas Abiertas.
Olga Valle, miembro de Urnas Abiertas, considera que las destituciones de alcaldes demuestran un total irrespeto de las leyes y deja claro a los los ediles que ninguno «está exento de ser destituido por órdenes del Gobierno central», pues que lo que les «garantiza el cargo es si tienen o no el beneplácito de la familia Ortega – Murillo».
«En definitiva estas destituciones confirman el control total que ejerce el régimen sobre los aspectos políticos, económicos y sociales del país», señala Valle.
Para exconcejal Luciano García los movimientos de fichas en las Alcaldías revelan que el régimen Ortega-Murillo “no confía ni en su propia gente, anda paranoico” y ante la más mínima sospecha de desacato van a apartar a quien sea.
“Lo que indica es que quieren tener robots que les digan ‘sí, señor’, esa es la única estrategia. Ellos no dan pie para que exista la más mínima intención de desalinearse y, además, ese es el mensaje que le mandan al resto: ‘desvíate un milímetro y te cortamos la cabeza’”, opina García.
¿Y LA AUTONOMÍA MUNICIPAL?
Más allá del manejo político y autoritario, dice el exalcalde, lo que está ocurriendo es otra evidencia de la destrucción de la Autonomía Municipal y del establecimiento de un control total sobre el manejo de las 153 alcaldías que se adjudicó el FSLN en las fallidas elecciones municipales del 2022.
“Es un aparato totalmente nacista la forma en que controlan todos los rediles de poder”, compara García.
Olga Valle recuerda que desde que se dio la «farsa» en las elecciones municipales de 2022, la autonomía es inexistente en Nicaragua, pero concuerda que el quita y pone de alcaldes demuestra que las decisiones administrativas y políticas de las municipalidades no se toman desde la localidad.
«El FSLN ha convertido a los Gobiernos locales en extensiones del Gobierno central con el objetivo de ejercer control y vigilancia sobre la población en todos los territorios del país. Ese control político-partidario en las alcaldías atenta contra el principio de autonomía y separación de poderes, fundamentales en sociedades democráticas», expone Valle.
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El régimen tampoco respeta sus propias imposiciones ya que tanto la Ley Electoral como la Ley de municipios establecen que en el caso del alcalde y vicealcalde debe formularse bajo el principio de igualdad y equidad de género “lo que significa que, uno de ellos, Alcalde o Vice Alcalde deberá ser mujer, guardando la proporcionalidad entre ambos géneros”.
Precepto que no se cumplió en el caso de Ciudad Sandino ya que se conoció que la nueva alcaldesa de ese municipio es la concejal María Elsa Guillén y mantuvieron como vicealcaldesa a Scarleth Solís López, aunque una fuente de dicha comuna manifestó a DESPACHO 505, que podría ser destituida para mantener la equidad de género.
Una de las presuntas razones de las destituciones son supuestos malos manejos en la administración pública. Valle expone que desde Urnas Abiertas han denunciado la falta de transparencia y que en un reciente estudio se explicó que todas las alcaldías de las 17 cabeceras departamentales se catalogan con “poca” o “casi nada” de transparencia en la rendición de cuentas.
Ese informe también concluyó que la Contraloría General de la República no está auditando a las municipalidades en tiempos óptimos, lo que no permite detectar actos de corrupción de los funcionarios en funciones, sino hasta que estos han dejado sus cargos», argumenta Valle.
Esta falta de transparencia impacta directamente en la gestión municipal, ya que los recursos que utilizan las municipales, los cuales provienen de los impuestos de todos los ciudadanos no están siendo utilizados para el desarrollo local.
LOS ALCALDES DESTITUIDOS
El primer alcalde destruido fue Jaime Arauz, del municipio de El Tuma-La Dalia, en Matagalpa. Fue despojado del puesto nueve días después de haber tomado posesión, luego de haber estado en el cargo por más de 22 años en el puesto. En su lugar el régimen colocó a Francis Lucila Torrez Blandón, quien era la vicealcaldesa.
En su momento Arauz dijo que su salida fue por motivos de salud y que salía “por la puerta grande sin tocar un peso de esa alcaldía y sin ser traidor. He estado en los momentos más difíciles, cuando muchos se corrieron”.
El segundo en despedirse del puesto fue el alcalde del municipio de Granada en el departamento del mismo nombre. El nueve de marzo del 2023, el Concejo Municipal aceptó la renuncia de Pedro Vargas, quien también dijo que se iba por razones de salud. El puesto fue ocupado por la entonces vicealcaldesa Rosario Caldera.
Le siguió Lesbia Treminio alcaldesa de Ciudad Darío Matagalpa quien fue destituida a inicios de junio junto a su vicealcalde Donald de la Cruz Treminio por presuntos actos de corrupción, nepotismo y malversación de fondos, según un informe de Urnas Abiertas.
Los puestos fueron ocupados por los concejales sandinistas Maritza Eleonora Ruiz Matamoros como alcaldesa y Arsenio Rayo Flores como vicealcalde.
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El 27 de julio la dictadura quitó a Abiud Saballos Arcia, como alcalde de Moyogalpa, Isla de Ometepe, y en su lugar fue designada la vicealcaldesa Xiomara Barahona Galarza.
En agosto continúo la barrida ya que destituyeron al alcalde Tola, en Rivas, José Ángel Morales, después de 15 años y siete meses en el poder. En su lugar, fue nombrada la vicealcaldesa Rosa Elena Villagra.
Y el 24 de enero de este 2024 cesaron de sus funciones al alcalde de Ciudad Sandino, Reynaldo Flores Genet, y el régimen nombró a la concejal María Elsa Guillén.
“Estas destituciones en total hermetismo y sin respetar los procesos administrativos indicados han sido una práctica común del gobierno central, y es una de las tantas formas en que se expresa la destrucción completa de la autonomía municipal”, detalla el informe de Urnas Abiertas.
TRANSFERENCIAS PARA ESTE 2024
Según el Presupuesto General de la República (PGR) de este año, las alcaldías recibirán en concepto de transferencias municipales un total de 10,356,8 millones de córdobas.
En el caso de Ciudad Sandino recibirá 113.8 millones de córdobas; el municipio de Granada, 174.3 millones de córdobas.
Las autoridades municipales de El Tuma -La Dalia, según el PGR, recibirán 70.2 millones de córdobas y Ciudad Darío 68.6 millones de córdobas.
Mientras que Moyogalpa en la Isla de Ometepe, le asignaron una transferencia por el orden de 36.2 millones de córdobas y la alcaldía de Tola recibirá 48.2 millones de córdobas.
