Puerta de la Montaña usará “canales diplomáticos” tras acusación de lavado de dinero con “motivaciones políticas”

La organización evangélica Puerta de la Montaña, cuyos miembros en Nicaragua son acusados de lavado de dinero y crimen organizado por el régimen de Daniel Ortega, negó nuevamente los cargos y anunció que recurrirá a canales diplomáticos —que implicarían a Estados Unidos— para resolver la situación. 

“Estas acusaciones se basan en información errónea y Puerta de la Montaña hará todo lo que esté en su mano para resolver esto a través de canales diplomáticos”, indicó la organización en un comunicado.    

Esta semana, la Fiscalía presentó los cargos contra tres ciudadanos estadounidenses asociados con Puerta de la Montaña (Jon Britton Hancock, Jacob Britton Hancock y Cassandra Mae Hancock) y once pastores nicaragüenses miembros de la organización que ya fue cancelada por el Ministerio del Interior.   

“Puerta de la Montaña desea declarar públicamente que niega estas acusaciones y que esta situación le entristece”, agregan. Según la organización, han seguido con diligencia todos los requisitos legales en Estados Unidos y Nicaragua que se aplican a las organizaciones sin ánimo de lucro y religiosas.   

“Puerta de la Montaña tiene documentación que demuestra que el gobierno nicaragüense vio y aprobó todos los fondos que entraron en el país, y la organización operó bajo la supervisión del gobierno para garantizar que todos los fondos se utilizaron y gestionaron adecuadamente”, argumentan.   

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Según la Fiscalía, la investigación se originó por los grandes movimientos de dinero que registraban las cuentas bancarias de los acusados, los que provenían del ministerio Puertas de la Montaña en Estados Unidos, dirigida por los acusados Jacob Britton Hancock y John Britton Hancock.    

“Aparentando ser organizaciones desinteresadas y generosas con nuestra población, constituyeron con la participación de abogados nicaragüense empresas mercantiles en nuestro país para que el dinero que recibían del extranjero (con origen desconocido), en vez de ser utilizado para cubrir los supuestos fines altruistas del ministerio Puertas de La Montaña, era desviado para atender intereses particulares de los acusados, como compra de inmuebles, vehículos de lujo y otras objetos suntuosos; utilizando las exenciones tributarias, que las leyes del país confieren a las organizaciones sin fines de lucro”, detalla la investigación policial. 

TRABAJABAN CON EL RÉGIMEN EN CAMPAÑAS EVANGÉLICAS 

En 2023, llevaron a cabo ocho campañas evangelísticas masivas en el país, con el apoyo y la asistencia del régimen nicaragüense. En su defensa, dicen haber operado fiscalmente bajo una “estricta contabilidad” y revisiones presupuestarias por parte de las autoridades “para dar cuenta de cada dólar asociado a los eventos”.  

“Ningún miembro se ha beneficiado personalmente de los fondos enviados a Nicaragua para las funciones del ministerio”, insisten. 

Puerta de la Montaña sostiene que la acusación por lavado de dinero en su contra “podría tener más motivaciones políticas que jurídicas”.    

En el contexto de la crisis sociopolítica en Nicaragua, recuerdan que el régimen ha revocado el registro de cientos de organizaciones religiosas y sin ánimo de lucro y, más recientemente, ha expulsado a numerosos miembros de la Iglesia católica y confiscado propiedades eclesiásticas. En estos casos, el régimen generalmente incluye la acusación de lavado de dinero u otros cargos financieros como motivo de la revocación.    

IRREGULARIDADES EN EL PROCESO  

En el marco de esta investigación, la Policía Orteguista encarceló a nueve pastores evangélicos de Puerta de la Montaña: Marcos Sergio Hernández Jirón; Harry Lening Ríos Bravo; Manuel de Jesús Ríos Flores; José Luis Orozco Urrutia; Álvaro Daniel Escobar Caldera; Juan Carlos Chavarría Zapata; Juan Luis Moncada; Orvin Alexis Moncada Castellano; César Facundo Burgalin Miranda.   

Según la Fiscalía, todos estaban bajo el control y la dirección de los ciudadanos estadounidenses Jon Britton Hancock, Jacob Britton Hancock y Cassandra Mae Hancock, y de los nicaragüenses Walner Omier Blandón Ochoa y Maricela de Fátima Mejía Ruiz.   

Los pastores han estado encarcelados durante más de un mes sin representación legal y sin contacto con sus familias. La audiencia inicial será el 26 de enero en los Juzgados de Managua.  

El régimen ha permitido que se asigne un abogado para representar a los pastores nicaragüenses de Puerta de la Montaña, pero no ha proporcionado a su asesor legal los documentos de acusación ni ningún archivo para preparar una defensa.   

“Puerta de la Montaña no comprende la complejidad de lo que está sucediendo con las alegaciones presentadas por el gobierno nicaragüense. Puerta de la Montaña siempre se ha esforzado por ser respetuoso con el gobierno de Nicaragua y ha operado bajo sus políticas legales”, concluyó la organización.