La CIDH rechaza el destierro de monseñor Rolando Álvarez y llama a la dictadura a frenar la persecución religiosa

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su rotundo rechazo al destierro a Roma del obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, tras ser sometido a un restrictivo régimen carcelario como condenado a más más 26 años de prisión por el supuesto delito de traición a la patria por la Justicia sometida a la dictadura de Daniel Ortega.

En un pronunciamiento público, la CIDH saludó la excarcelación de 19 miembros de de la Iglesia Católica que "se encontraban privados arbitrariamente de libertad en Nicaragua; a la vez que rechaza su expulsión del país". A su vez, insta al Estado a cesar la persecución religiosa y a liberar a todas las personas presas políticas que, según organismos defensores, son al menos un centenar.

El organismo recuerda que monseñor Rolando Álvarez es beneficiario de medidas cautelares por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), para la protección de su vida e integridad. La CIDH menciona que el jerarca católico sufrió deterioro de su salud física y mental "como consecuencia de las graves e inhumanas condiciones de detención y aislamiento" en las que permanecía en las celdas de máxima seguridad del Sistema Penitenciario Jorge Navarro, la temida cárcel La Modelo.

Asimismo, insiste a El Carmen la importancia de cumplir con las garantías de un espacio cívico abierto, libre y plural, incluyendo las que permitan que las personas tengan la libertad de profesar, manifestar y practicar su religión o creencias sin discriminación.

De ahí que la Comisión exhorta al Estado de Nicaragua "a cesar las afectaciones a la libertad religiosa, la persecución a la Iglesia católica y a liberar a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad"

La CIDH reconoce a monseñor Álvarez como una víctima de detención arbitraria que derivó en febrero de 2023 en una condena a 26 años y cuatro meses de prisión" en 2023, "sin juicio y sin las debidas garantías procesales". La condena impuesta al jerarca que en su rol de guía espiritual ha destacado como una de las voces de la Iglesia nicaragüense más críticas a las violaciones a los derechos humanos y al abuso de poder, conllevó al despojo de su nacionalidad y de todos sus derechos civiles por los supuestos delitos de atentado contra la integridad nacional, difusión de noticias falsas, desobediencia y desacato a la autoridad, entre otros.

En el contexto de la crisis que estalló en el país en abril de 2018, el obispo se resistió al silencio, pese la presión de los brazos represores. La CIDH recuerda su rol destacado en la mediación que ejerció la Conferencia Episcopal durante el proceso de diálogo tras las protestas sociales así como su insistente demanda de liberación de los presos políticos.