La ONU saluda excarcelación de obispos y sacerdotes y exige el fin de la persecución religiosa en Nicaragua

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos acogió “con alivio” la excarcelación de los obispos Rolando Álvarez e Isidoro Mora, quince sacerdotes y dos seminaristas en Nicaragua y exigió el “fin de la persecución religiosa” en el país. 

Debido a las “condiciones inhumanas” en que se encontraba el obispo Rolando Álvarez y las “desapariciones forzadas” a las que se había sometido a varias de las 19 personas, poniendo en peligro sus vidas e integridad la OACNUDH “se alegra por su liberación y porque se encuentran finalmente fuera de peligro”, pero reprueba el destierro como castigo político aplicado por la dictadura.  

“Es fundamental recordar que la detención y expulsión de individuos por ejercer sus derechos fundamentales a la libertad de religión y a la libertad de expresión son una violación de los principios fundamentales de derechos humanos, tal como están consagrados en los artículos 18 y 19, tanto de la Declaración Universal de Derechos Humanos como del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos”, señaló la ONU en un comunicado.

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EL DESTIERRO DE MONSEÑOR ÁLVAREZ

El pasado domingo, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo confirmó el destierro a Roma de 19 religiosos, incluidos los obispos Rolando Álvarez (Matagalpa) e Isidoro Mora (Siuna), tras un acuerdo con la Santa Sede. En el mes de octubre, otros 12 sacerdotes presos políticos también fueron desterrados.  

La ONU considera que el silenciamiento de la Iglesia católica, las personas defensoras de derechos humanos, la sociedad civil y de cualquier voz que sea sospechosa de ser crítica “es incompatible con la construcción de una sociedad justa y una convivencia pacífica tan anhelada por los nicaragüenses”. 

“Instamos al Gobierno de Nicaragua a seguir este gesto (la excarcelación de obispos y sacerdotes) con acciones que garanticen el pleno respeto a la libertad de expresión, la libertad religiosa y los derechos humanos en el país”, demandó la Oficina del Alto Comisionado.  

Esto incluye adoptar las medidas necesarias para un entorno seguro y propicio que permita que todas las personas, colectivos y comunidades religiosas puedan expresarse libremente sin miedo a represalias.