La CIDH pide a la Corte IDH interceder por la liberación de Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez

La Comisión Interamericana de Derechos de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) otorgar medidas provisionales a favor del ex diputado indígena Brooklyn Rivera Bryan y la ex diputada suplente Nancy Elizabeth Henríquez James. Advierte que se encuentran “en una situación de extrema gravedad y urgencia de daños irreparables a sus derechos”.

“Las medidas provisionales son emitidas por la Corte Interamericana en casos de extrema gravedad y urgencia para evitar daños irreparables a las personas. Las mismas tienen carácter obligatorio para los Estados por lo que las decisiones contenidas en las mismas exigen a los Estados adoptar acciones específicas para resguardar derechos y/o proteger la vida de personas que están en riesgo”, agrega la CIDH.

Tanto Rivera como Henríquez eran directivos del partido Yatama, el cual fue ilegalizado por el Consejo Supremo Electoral (CSE) el pasado tres de octubre. 

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Henríquez James fue secuestrada por el régimen de Daniel Ortega el pasado 2 de octubre, posteriormente fue trasladada a la cárcel de mujeres conocida como La Esperanza “en condiciones inadecuadas de detención, tras no conocerse inicialmente su paradero”.

En días pasados se conoció que fue condenada a ocho años por los supuestos delitos de menoscabo a la integridad nacional (traición a la patria) y propagación de noticias falsas.   

PIDE QUE LA CORTE ORDENE LA LIBERACIÓN INMEDIATA

Mientras que Brooklyn Rivera fue detenido el pasado 29 de septiembre por oficiales de la Policía Orteguista en Bilwi, en el Caribe Norte de Nicaragua y desde entonces se desconoce su paradero. 

“La Comisión considera que los derechos de estas personas se encuentran en una situación de riesgo extremo”, detalla la solicitud de la CIDH, la cual solicitó a la Corte Interamericana ordenar “al Estado adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida, integridad personal, salud, libertad personal y derechos políticos de las personas identificadas en Nicaragua”. 

El 29 de noviembre del año pasado, la Corte con sede en San José, Costa Rica, declaró en desacato permanente al Estado de Nicaragua por negarse a ejecutar las resoluciones que ha emitido.

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La CIDH es un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), organismo al cual ya no pertenece Nicaragua ya que en noviembre pasado se consumó su salida del organismo tras cumplirse dos años de que el régimen de Ortega denunciara la Carta de la organización e iniciar su salida.

Previo a su salida, el Consejo Permanente de la OEA aprobó por consenso una resolución donde lamentó la salida de Nicaragua del organismo, pero señaló que el régimen continúa obligado a respetar y proteger los derechos humanos contenidos en convenciones internacionales que el país ha ratificado. 

Nicaragua ratificó en septiembre de 1979 la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 12 de febrero de 1991 reconoció como vinculante la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.