Daniel Ortega ignora nuevo intento de comunicación de la ONU sobre la crisis de derechos humanos en Nicaragua

Daniel Ortega ignoró un nuevo intento de comunicación de la ONU en relación a la profundización de la crisis de derechos humanos en Nicaragua luego de que fueran declarados apátridas seis reconocidos defensores.

“Privar a los defensores y a las defensoras de derechos humanos de su nacionalidad es una forma de persecución muy severa, orientada a limitar su capacidad de acción, destruir su tejido social, así como afectar a su salud física y mental”, dice parte de la misiva revelada este lunes por la relatora especial sobre la situación de los derechos humanos de la ONU, Mary Lawlor.

La existencia de esa comunicación fue informado al cumplirse los 60 días de confidencialidad comprometidos en espera de respuesta. Según Lawlor, la carta de la ONU fue recibida en El Carmen, casa y despacho de Ortega, el18 de septiembre de 2023, pero “lamentablemente, el Gobierno no respondió”.

En la misiva, siete relatorías de la ONU expresan a Ortega su “profunda preocupación” por el retiro de la nacionalidad bajo cargos de traición a la patria contra eAmaru Ruiz; Alexa Gisell Zamora Arana; Azahálea Isabel Solís Román; Guillermo Gonzalo Carrión Maradiaga; Haydée Isabel Castillo Flores y Sofía Isabel Montenegro Alarcón.

IMPACTO NEGATIVO

Entre otras cosas, le exponen que privarlos de la nacionalidad tiene un impacto en sus derechos civiles y políticos y les deja secuelas económicas, sociales, culturales y familiares. 

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Las seis personas fueron declaradas apátridas el pasado 15 de febrero luego que el magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Ernesto Rodríguez, leyó unas resoluciones sin mediar ningún procedimiento judicial. Tampoco se les dio oportunidad del derecho a la defensa ni de aportar pruebas en su favor.

“La decisión de despojo de la nacionalidad no habría contado con la garantías y salvaguardias procesales suficientes para proteger contra el riesgo de arbitrariedad en el proceso decisorio, en lo que podría considerarse una violación al debido proceso”, plantearon las Relatorías de la ONU a Ortega.

Meses después, en mayo, Carrión fue inhabilitado junto a otros 26  abogados de ejercer la profesión de abogado y notario público. 

LEGISLACIÓN "OBSTACULIZA GRAVEMENTE" DERECHOS DE LOS CIUDADANOS

El texto de la ONU señala que la nueva legislación nicaragüense tiene un impacto negativo en toda la sociedad ya que “obstaculiza gravemente” derechos como de opinión, expresión, reunión pacífica y de asociación.

Asimismo, las relatorías expresaron su preocupación sobre el asedio, hostigamiento y persecución judicial en contra de las seis personas “así como el uso indebido de las Leyes”, Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz y de la Ley especial que regula la pérdida de la nacionalidad. 

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Estas leyes, según las relatorías, tienen un efecto “amedrentador” sobre la sociedad civil.

“Reiteramos nuestra preocupación por el uso reiterado y continuado de esta legislación para reducir el espacio cívico en Nicaragua", exponen.

Le recordaron a Ortega que el Estado de Nicaragua tiene la obligación de "tomar todas las medidas necesarias para garantizar que los derechos de los defensores de derechos humanos no sean violados bajo el pretexto de la seguridad nacional en represalia por su labor de defensa, denuncia y otras actividades relacionadas con los derechos humanos”.

También expresaron su preocupación por la confiscación de los bienes y las pensiones de las personas apátridas