Anexa Alfred denuncia que las comunidades indígenas del Caribe sufren una crisis humanitaria "sin precedentes"

La situación de violencia que sufren las mujeres indígenas de Nicaragua fue expuesto este lunes por la activista costeña Anexa Alfred Cunningham, quien detalló que las comunidades indígenas sufren masacres, asesinatos y desplazamiento forzado. Además, enfrentan una situación de crisis humanitaria, sin precedentes y bajo total impunidad, que ha dejad la detención de la presidenta de Yatama y el destierro de al menos 10 mujeres indígenas de larga trayectoria por participar en actividades internacionales. 

“El desplazamiento expone a las mujeres y adolescentes y niñas indígenas a ser víctimas de explotación laboral y sexual y trata de personas, esto también se reproduce en el exilio en comunidades indígenas como en Costa Rica”, detalló Alfred, impedida de ingresar al país por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La defensora expresó su preocupación por la detención arbitraria de la presidenta del ilegalizado partido indígena Yatama, Nancy Henríquez, el pasado 1 de octubre.

La exposición de la líder indígena miskita y defensora de los derechos humanos se dio durante una reunión pública informal del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, con representantes de organizaciones no gubernamentales en Ginebra, Suiza. 

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Ante la situación descrita, pidió al Comité que solicite al Estado de Nicaragua que implemente acciones políticas y programas de seguridad pública que garanticen la vida e integridad personal de las mujeres indígenas en la Costa Caribe donde se ha agudizado la violencia por parte de los colonos. 

Alfred — que se identificó como una nicaragüense perseguida, criminalizada, desterrada y estigmatizada por el régimen de Nicaragua por el delito de ser mujer, indígena, defensora de derechos humanos  y ser experta de la ONU — manifestó que llegaba a ese encuentro como una víctima más de la política de Ortega cuya voz ha querido callar. En su intervención, habló en nombre de las mujeres indígenas que están “silenciadas por la política de terror, cárcel, exilio o muerte del gobierno de Nicaragua”.

De acuerdo con su testimonio, La situación de derechos humanos se ha agudizado en Nicaragua por la continúa invasión de los colonos en los territorios indígenas, así como la concesión de sus tierras y la ejecución de proyectos sin consulta previa libre e informada.

"Las comunidades indígenas continúan sufriendo masacres, asesinatos y desplazamiento forzado y enfrentan una situación de crisis humanitaria sin precedente en total impunidad", manifestó la defensora de derechos humanos.

PERSECUCIÓN POR EL TRABAJO QUE REALIZAN EN LOS TERRITORIOS

 Por su parte Gaia Alice Hefti, Oficial de Incidencia en Ginebra del organismo Raza e Igualdad, leyó un comunicado de mujeres que no pudieron estar presente en la sesión debido a la persecución del Estado de Nicaragua.

Alice Hefti dijo que muchas mujeres afrodescendientes tienen que migrar para buscar el sustento de sus familias y que las madres solteras tienen que dejar a sus hijos para para tratar de garantizarles la seguridad alimentaria.

En ese sentido, advirtió que muchas niñas costeñas enfrentan desnutrición debido a la falta de ayuda humanitaria luego del paso de los huracanes Eta e Iota, a finales del 2021. 

“Las defensoras afrodescendientes de derechos humanos sufren de una persecución continúa debido a su trabajo de demarcación en el territorio incluyendo vigilancia en sus casas y detenciones arbitrarias periódicas”, señaló Hefti. 

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Es por ello que pidió al Comité que en su informe visibilice la difícil situación de las mujeres afrodescendientes de Nicaragua “y que exhorte al Estado de Nicaragua a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos”.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw por sus siglas en inglés) es el órgano de expertos independientes, encargado de la supervisión de la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Dicha instancia está integrada por 23 expertos en derechos de la mujer de todo el mundo.