Victoria Cárdenas acusa al juez Carlos Sánchez como cómplice del saqueo y destrucción del Intermezzo del Bosque

El restaurante Intermezzo del Bosque fue saqueado y dejado en ruinas en tres días. La destrucción del local que guardaba 25 años de trabajo, fue ejecutada bajo la administración del interventor de la propiedad, Carlos Sánchez Gómez, nombrado por el juez Javier Aguirre Aragón en una demanda patrimonial en curso.

Victoria Lacayo y sus hijas, Victoria y Gabriela Cárdenas, propietarias del local, acusan al interventor de permitir el saqueo y destrucción del lugar sin que exista sentencia firme: "Eso hace de este cierre del negocio y de la destrucción un acto ilícito", denunciaron. 

“Hemos sido testigos de la destrucción y desmantelamiento de un negocio familiar muy conocido por todos de 25 años de trayectoria”, lamentó Victoria, esposa del ex preso político Juan Sebastián Chamorro en un video que hizo público en las redes sociales y pidió que este acto no quede en la impunidad. 

Cárdenas explicó que camiones sin rotular salían cargados con todos los enseres que tenía el local que funcionaba en la periferia de Managua. En días pasados la familia de Cárdenas y Juan Sebastián Chamorro, su esposo, denunciaron que los saqueadores se robaron hasta las reliquias de monseñor José Antonio Lezcano y Ortega. 

LEA TAMBIÉN: La Unión Europea renueva sanciones contra el régimen: Rosario Murillo y sus hijos encabezan la lista

Cárdenas señala a Sánchez Gómez y al juez Aguirre Aragón de cómplices del “atropello y la destrucción de la propiedad privada”.  “Tras ver 25 años de esfuerzo y trabajo en ruinas, nos vimos con la necesidad de denunciar públicamente esta atrocidad y este acto de corrupción injusto e ilegal”, señaló Victoria. 

FAMILIA ESTABA EN INDEFENSIÓN Y VULNERABILIDAD

En un comunicado, las herederas del local reclaman que la demanda contra ellas se da bajo “una brutal dictadura”, donde “no impera la ley ni la justicia en Nicaragua”, pero se reserva identificar a quienes disputan la propiedad.

Añade que la demanda en su contra se dio cuando la familia se encotnraba en la indefensión y vulnerabilidad por el encarcelamiento político de Juan Sebastián Chamorro en El Chipote, que la obligó al exilio forzado, mientras su hija Gabriela luchaba con un cáncer sumamente agresivo.

“Los demandantes carecen de pruebas, no tienen ningún título accionario que justifique su demanda y se basaron en una escritura falsa sin soporte ya que el protocolo del notario que la hizo lo dio convenientemente por perdido”, denuncia Cárdenas.

LEA TAMBIÉN: Policía Orteguista secuestra a otro sacerdote en El Rama

Agrega que los demandantes actuaron de mala fe y culpó al abogado Bosco Noguera Mayorga de utilizar “la maquinaria represiva del régimen dentro de un sistema judicial corrupto que no sirve a la causa de la justicia y cuyo fin es reprimir a sus adversarios y destruir y confiscar su patrimonio”. 

“Según uno de los demandantes, Bosco Noguera no hizo cobro monetario, el pretende apropiarse de la mayor cantidad de propiedades y su pago será quedarse con un porcentaje de lo adquirido lícitamente”, manifestó Cárdenas.

Denunció además que no se le ha permitido el derecho a la defensa y que ninguna de las pruebas que presentaron en el juicio fueron admitidas por el juez