Los más pobres pagarán "caro" el cierre de 11 centros de mediación en Nicaragua

El cierre de once centros de mediación en Nicaragua tiene consecuencias nefastas en materia de justicia. No solo elimina espacios que aliviaban carga a los juzgados y que agilizaban la resolución de conflictos sino que convierte el acceso a justicia en un recurso costoso. Los más afectados, dicen expertos consultados por DESPACHO 505, son los sectores empobrecidos del país que demandan el servicio.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), por medio de la Dirección Alterna de Conflictos (Dirac), revocó este miércoles la renovación de funcionamiento de once centros de mediación acreditados en el país, incluidos dos que gestionaba la Universidad Centroamericana (UCA) en los municipios de La Dalia y el Río Blanco, en Matagalpa, y uno que pertenecía la Universidad del Valle.

Yader Morazán, exfuncionario del Poder Judicial, explica que la cadena de justicia tiene como prerrequisito agotar la mediación para resolver un problema con la presencia de un tercero que se supone que es neutral. “Al cerrarse un centro de mediación se está bloqueando una alternativa que facilitaría el acceso a la Justicia para la población y que, al final, termina siendo una causa judicializada que genera gastos al Estado y congestionamiento”, plantea. 

Según Morazán, el magistrado Marvin Aguilar, quien también es secretario político del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) del Poder Judicial, aboga por la mediación para evitar que el caso llegue a los Juzgados y, de esa manera, ahorrar dinero a este Poder del Estado. 

Pone el ejemplo de la realidad en los municipios de La Dalia y Río Blanco que no cuentan con suficientes centros de mediación y se da saturación de casos en los despachos judiciales. Eso significa gastos para quien busca Justicia, pues debe viajar hasta ciudades como Matagalpa. "Además, la mediación sirve como un medio de participación de la población en la administración de Justicia”, agrega Morazán. 

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En el caso del cierre de los dos centros que pertenecían a la UCA, la Dirac argumentó que no presentó reportes estadísticos ni solicitado la renovación de la acreditación. "Dejan de existir como consecuencia de la extinción de la Universidad Centroamericana”, se lee en la resolución.

Sobre los otros centros la institución alega incumplimiento con “sus obligaciones legales como la renovación de la acreditación y reportes estadísticos”. La normativa de la Dirac señala en el artículo 38 señala que todo caso de revocación de la autorización, todas las partes “involucradas tendrán derecho a ser oídas previo a dictar la resolución que corresponda”.

Se desconoce si la Dirac antes de emitir la resolución sostuvo algún encuentro con los responsables de dichos centros. 

ELIMINA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El abogado Yader Valdivia, defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, considera que la revocación de la acreditación de los once centros de mediación es producto de la falta de independencia de los Poderes del Estado, y que la dictadura de Daniel Ortega utiliza según su conveniencia política.

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Opina que la Dirac está obligada a informar quién o quiénes tomarán el lugar que dejaron estos centros “para poder llegar a mediación y evitar procesos judiciales que se pueden resolver en primera instancia y que ahora están cerrando estos espacios”.

“Esto (las revocaciones de los centros de mediación) es parte de eliminar toda señal de participación autónoma en Nicaragua, así como han venido eliminando las organizaciones de la sociedad civil y desacreditando abogados, notarios”, lamenta Valdivia.

Esta decisión, agrega, evidencia que al Poder Judicial no le interesa resolver los casos que llegaban a los centros de mediación. La decisión significa un retroceso en la inversión que se hizo en capacitación de los mediadores, y en la infraestructura que edificaron las entidades para echar a andar los centros.

La Dirac en su página web todavía tiene un listado de 52 centros de mediación acreditados, incluidos el Centro de Mediación y Arbitraje “Antonio Leiva Pérez” de la clausurada Cámara de Comercio de Nicaragua, los once que revocaron este miércoles y el de la Universidad Centroamericana (UCA).