Dictadura detiene a otro sacerdote en Nicaragua por pedir que oraran por monseñor Álvarez

La Policía Orteguista detuvo este viernes 8 de septiembre por la noche al sacerdote Osman José Amador Guillén, de la Diócesis de Estelí, por pedir que oraran por monseñor Rolando Álvarez, administrador de la diócesis y condenado a 26 años de cárcel por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La abogada e investigadora Martha Patricia Molina confirmó la detención de Amador Guillén en la que denunció que no hubo una orden judicial que justificara el arresto del religioso, que se suma a la extensa lista de presos políticos en Nicaragua.

"Se desconoce su paradero. El recientemente ha pedido orar por monseñor Rolando Álvarez y por eso lo han secuestrado", denunció Molina.

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La detención del religioso se conoce horas después de que el régimen de Ortega le negara el ingreso al país al rector y director del colegio Calasanz, el sacerdote nicaragüense Mauricio Valdivia Prado que regresaba de República Dominicana.

QUIÉN ES EL PADRE AMADOR GUILLÉN

El padre Amador Guillén, en septiembre del 2021 fue nombrado como director de Cáritas Diocesana de Estelí, organización que en febrero del 2022 fue cancelada por la Asamblea Nacional como parte de la arremetida contra organizaciones de la sociedad civil que brindan asistencia a sectores vulnerables del país.

El sacerdote es originario de la zona de Santa Clara, en el municipio de San Fernando, en Nueva Segovia, y fue ordenado por monseñor Juan Abelardo Mata Guevara en marzo del 2021. 

También se ha desempeñado como primer vicario de la Diócesis y Administrador de la Santa Catedral Nuestra Señora del Rosario, así mismo es director del Canal Católico San José, cuya frecuencia fue clausurada en junio del 2022 por orden de Telcor como parte del apagón informativo contra los medios televisivos administrados directamente por monseñor Álvarez, obispo de Matagalpa y Administrador Apostólico de Estelí. 

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Desde 2022, tanto la CIDH como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) han documentado el “aumento de la persecución contra la Iglesia católica en Nicaragua por hechos consistentes en la detención arbitraria, encarcelamiento y expulsión del país de sacerdotes y religiosas sin garantizar el debido proceso, así como la expropiación de sus bienes sin derecho a la interposición de recursos administrativos o judiciales”, en contravención de las normas internacionales que protegen la libertad religiosa y la no discriminación por motivos de religión.

Las organizaciones indicaron que al menos  ocho sacerdotes permanecen detenidos, seis en el sistema penitenciario y dos en “seminario por cárcel”. Además diferentes colegios y Universidades vinculados con la Iglesia Católica han sido confiscados. 

El 9 de agosto de 2023, el régimen congeló las cuentas bancarias e inmovilizó los bienes inmuebles de la Universidad Centroamericana en Managua (UCA). El 15 de agosto el Poder Judicial ordenó la incautación de todos los bienes muebles, inmuebles y cuentas bancarias de la UCA, bajo el argumento que, que la universidad es un "centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales".

Al día siguiente la UCA fue confiscada y rebautizada con el nombre de Casimiro Sotelo. Datos extraoficiales indican que más de 80 religiosos han dejado el país por temor a represalias del régimen.