Jesuitas advierten con llevar a Ortega ante la ONU y la OEA por la confiscación de la UCA

El padre jesuita José María Tojeira, portavoz oficial de la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús, dijo este viernes que están estudiando posibles demandas ante organismos de derechos humanos por la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA), perpetrada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Además denuncia que en “Nicaragua se ha instalado un régimen de terror, de cárcel, confiscación de bienes, amenazas de diverso tipo, expulsiones del país mucho más duro del que existió en otros países”.

En una entrevista con el medio Religión Digital (RD), Tojeira, quien fuera rector de la UCA en El Salvador, expresó su preocupación por la expulsión o incluso detención de sus compañeros jesuitas ya que hay una “ausencia prácticamente total de Estado de derecho en Nicaragua, por lo que cualquier cosa puede esperarse".   

"En Nicaragua se ha instalado un régimen de terror, de cárcel, confiscación de bienes, amenazas de diverso tipo, expulsiones del país mucho más duro del que existió en otros países. Ciertamente se ha matado menos, pero el control del pensamiento libre y de la crítica, con sus mecanismos de destierro y encierro, ha sido mucho más opresivo para la conciencia de la gente", señaló el religioso a RD. 

El jesuita reveló, como lo adelantó DESPACHO 505, que el rector de la UCA, el padre Rolando Alvarado, tuvo que abandonar Nicaragua debido a la persecución estatal, así como un párroco jesuita que fue acosado y amenazado, aunque algunos " los jesuitas "continúan en sus puestos de trabajo en medio de las dificultades".

En menos de 15 días, el régimen congeló las cuentas bancarias de la UCA, le canceló su personería jurídica y confiscó sus bienes bajo la acusación de ser un "centro de terrorismo".

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No le brindó el derecho a la defensa a las autoridades universitarias, ya que no se realizó un juicio. También rebautizó las instalaciones robadas con el nombre de Universidad Casimiro Sotelo y canceló la personería jurídica a la Compañía de Jesús en Nicaragua.

DENUNCIAN CONFISCACIÓN 

Tojeira manifestó que además de denunciar los hechos, estudian posibles denuncias ante organismos internacionales de derechos humanos tanto de la Organización de Naciones Unidas (ONU) como de la Estados Americanos (OEA), ya que en Nicaragua hay una  “imposibilidad de realizar reclamos o demandas jurídicas”.

“El problema no es solo con los jesuitas sino con la Iglesia en general. El obispo Rolando Álvarez encarcelado, las hermanas de la Madre Teresa expulsadas, sacerdotes y otro obispo, todos ellos nicaragüenses privados de su nacionalidad, amenazas a congregaciones religiosas y apropiación de sus bienes, son parte de la persecución a la Iglesia”, manifestó.

A ello se suma las persecuciones a políticos, defensores de derechos humanos y periodistas independientes. 

Atribuye la escalada de violencia y persecución contra la Iglesia católica de Nicaragua a la defensa de los derechos de las personas y “por las llamadas de la Iglesia a la paz social y el diálogo y por la denuncia profética de la brutal represión de manifestaciones de protesta acontecidas el año 2018”.

OTRAS PERSONERÍAS JURÍDICAS VIGENTES

Tojeira aclaró que la Compañía de Jesús tiene en Nicaragua varias personalidades jurídicas, pero por el momento solo se ha cancelado la de la UCA y de la Asociación Compañía de Jesús, la que era dueña de la villa donde vivían varios religiosos que fueron sacados el pasado fin de semana y servía de residencia para estudiantes con becas. 

La personería jurídica de la Compañía de Jesús también la utilizaban para enviar “fondos para el mantenimiento de la enfermería para jesuitas ancianos que tenemos en Nicaragua. Fruto de eso hemos tenido que trasladar a los jesuitas ancianos (99, 91 y 85 años) a El Salvador”. Agrega que tienen activas otras tres personerías jurídicas de los colegios Centroamérica, Loyola y Fe y Alegría.   

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Sobre la solidaridad del papa Francisco con la Compañía de Jesús, de la cual es miembro, dijo lo siguiente: “Respecto a palabras públicas el Papa busca siempre que sus palabras no repercutan negativamente al interior de los países que mantienen una dura represión”, explicó.

Recordó que el papa Francisco defendió a monseñor Rolando Álvarez cuando fue condenado a 26 años de cárcel, pero indicó que para el pontífice es “complicado estar interviniendo públicamente en los conflictos, por las consecuencias que puedan tener para otros”. 

Mientras tanto, Luis Arriaga Valenzuela, presidente de la Asociación de Universidades Jesuitas de América Latina y rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, declaró a CNN que la confiscación de la UCA fue por su postura crítica a las violaciones de derechos humanos que se produjeron en el contexto de las manifestaciones de abril del 2018.

Arriaga Valenzuela condenó los cargos que le imputan a la UCA de ser un “centro de terrorismo” y señaló que la confiscación se dio sin previo juicio. “La Compañía ha asumido una postura dialogante, sin embargo, no ha habido respuestas civilizadas, sólo ha habido este tipo de agresiones, lo que sucedió en la UCA es un atentado fuerte y una violación al derecho a la educación”, manifestó Arriaga Valenzuela.