Consumidores pagarán más por energía eléctrica domiciliar

Entra en vigencia el tercer ajuste al subsidio eléctrico, que afectará a los usuarios que consumen entre 100 y 150 kilovatios horas por mes.

La factura de energía eléctrica domiciliar que llegará en febrero próximo a los hogares nicaragüenses será más cara que en 2019. Este aumento se dará por la entrada en vigencia, el pasado 01 de enero, del tercer ajuste al subsidio de la tarifa energética, que afecta directamente a las familias que consumen entre 100 y 150 kilovatios horas por mes.

En 2019, el subsidio para las familias que consumieron entre 100 y 150 kilovatios fue de 40 y 30%, respectivamente; este año esa subvención se reducirá al 35 y el 25%, respectivamente. Para los usuarios cuya factura osciló en un consumo de 0 a 100 kilovatios, el porcentaje del subsidio queda intacto: el 52.82%.

Si a este ajuste al subsidio le sumamos el alza del 20% que aprobó el Gobierno el año pasado, el consumidor probablemente pagará en este nuevo año entre el 65 y 75% de la tarifa energética.

La distribuidora de energía Disnorte Dissur explicó, en un folleto, que cuando el consumo exceda a 150 kilovatios mes, se perderá el subsidio social. Asimismo, recalcó que los clientes con tarifa domiciliar y consumo menor a 150 kilovatios mes estarán exentos del IVA.

No así los clientes con tarifa domiciliar con consumo entre 301 y 1000 kilovatios mes, que pagarán en 2020 el 15 por ciento del IVA. El año pasado el porcentaje que pagaban era del 7%.

AJUSTES DESDE 2018

El ajuste al subsidio de la tarifa de energía eléctrica domiciliar se autorizó en 2017, cuando la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad un préstamo de 65 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que forma parte del programa para fortalecer el sector eléctrico en Nicaragua. Con esto se iniciaba el proceso en el que los subsidios a la tarifa energética se reducirían gradualmente a partir del 2018.

La propuesta del BID incluía una reducción gradual de los subsidios que en ese tiempo eran de un 50% sobre el total de la factura de energía eléctrica para quienes consumían menos de 150 kilovatios hora al mes.

El panorama actual de Nicaragua no es el que planificó el BID ni el Gobierno de Daniel Ortega. Si antes la reducción del subsidio significaba un golpe al bolsillo de los usuarios; ahora, en plena crisis, el impacto en las familias es mayor por la disminución de empleos y el alto costo de la vida, a raíz de las reformas tributarias aprobadas por la dictadura el año pasado.

“¿El gobierno deberá hacer ajustes en las políticas públicas energéticas? Yo considero que sí, porque debería existir otros rubros que se deberían de mejorar antes de afectar a los consumidores. Es probable que en febrero exista otro ajuste, otra alza, quizás generalizada. Este es el panorama y la realidad de lo que se viene gradualizando”, indicó Juan Carlos López, experto en defensa al consumidor.

ALTERNATIVAS

Las opciones que tienen los consumidores para frenar las medidas que aprueba el Gobierno son casi nulas. Las alternativas se reducen en ahorrar para conseguir el subsidio o aceptar que debés pagar más por tener energía, según López, quien explicó que los consumidores deben tomar “muy en serio” el tema del ahorro energético en su casa o su negocio.

Aconsejó disminuir las horas de consumo hasta donde se pueda, con tal de reducir el efecto de las reformas o recortes de subsidios. “Lo mejor que podés hacer es buscar a alguien que verifique las instalaciones eléctricas y que este te diga dónde podés recortar. A veces hay electrodomésticos que han pasado su vida útil y consumen mucha energía, son cosas tan sencillas”.

López aseguró que no sirve meter facturas de energía eléctrica a reclamo, si el problema existe dentro de la casa y no se dan cuenta qué es lo que está fallando. “Puede ocurrir que el aumento se deba a una mala lectura del medidor, pero esto solo lo podés saber si un experto te lo dice”, agregó.

AMENAZAS DE EMBARGO

A finales de octubre, la Asamblea Nacional aprobó una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, para dar un respiro a la distribuidora de energía, mientras acorrala a los consumidores.

La iniciativa, enviada al Parlamento por Ortega, le da facultades a Disnorte-Dissur para embargar y enjuiciar a los consumidores de 300 o más kilovatios hora que no puedan pagar sus facturas.

Los expertos advierten que el incremento de la tarifa es una bomba de tiempo en un contexto donde la gente está perdiendo sus trabajos, están mermando los ingresos y la economía viene en picada.

“Habrá un momento donde la gente no tendrá para pagar”, dijo un exfuncionario del INE, quien advirtió que hay que revisar los contratos de generación para buscar una salida que no sea afectar más a la población.

*Este artículo fue originalmente publicado en el sitio web de Confidencial.