La receta fiscal de Ortega que hundirá al país, está en marcha

La Asamblea Nacional aprobó una reforma fiscal con la que el Ejecutivo pretende recaudar C$10,168 millones para cubrir el déficit del Presupuesto General de la República. Economistas advierten que la medida agudizará la desaceleración económica.

En plena reanudación de una mesa de negociación entre el Gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia para resolver la crisis que vive el país, la Asamblea Nacional, dominada por Daniel Ortega, aprobó esta mañana un paquete de reformas fiscales, bajo la Ley de Concertación Tributaria que, a criterio de economistas, más allá de sanar el déficit que presenta el Presupuesto General de la República 2019, generará mayor desempleo, menor poder adquisitivo y aumentará los precios de la canasta básica.

Con la reforma,  aprobada con 69 votos a favor y 15 en contra, el régimen de Ortega pretende recaudar C$10,168 millones (2.3% del Producto Interno Bruto (PIB))  para paliar el déficit presupuestario, ante una merma en la recaudación de impuestos, la caída de la cooperación externa y el cierre a créditos de organismo internacionales; como consecuencia de una crisis sociopolítica iniciada en abril pasado, y que provocó una desaceleración económica en 2018 de 4%.

Este mismo Parlamento aprobó, sin objeción, en diciembre pasado el Presupuesto General en el que se contemplan C$69,751 millones de córdobas en ingresos y C$80,014 millones, excluyendo la deuda del Estado.

El vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Sergio Maltez, indicó que la implementación de estas reformas fiscales afectarán transversalmente a toda la población, generará más desempleo, informalidad y encarecimiento del costo de vida. 

Maltez es presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin) y, según cálculos hechos por esta gremial, la canasta básica tendrá un incremento mínimo del 28% del costo actual.

Consultado por la aprobación de los ajustes a la Ley, el economista Luis Murillo la califica de "inoportuna", tomando en cuenta que la economía se encuentra en fase recesiva, lo que puede agudizar la tendencia a la baja.

“El mensaje del presidente Ortega es que no tuvo en ningún momento la intención de negociar y menos ceder en estos dos puntos totales (reforma tributaria y de seguridad social), además que es el único mecanismo que le queda para amortiguar sus déficits y permanecer en el poder hasta 2021”, expuso.

Murillo considera que con la instalación de de las negociaciones el Gobierno pretendía crear una humo para aprobar la reforma fiscal de manera casi imperceptible.

El Gobierno ha defendido que ha tomado medidas económicas para asegurar el gasto social y la inversión pública, pero la empresa privada cree que la medida provocará mayor pobreza en el país, y que la solución a la crisis que vive Nicaragua pasa por una salida política.

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“Deberían tener compasión por este pueblo cuyo poder adquisitivo es casi nulo. Estas reformas son el salvajismo de la desesperación del gobierno sandinista”, protestó el diputado opositor Maximino Rodríguez. Por su parte, el presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto del Parlamento, el legislador sandinista Wálmaro Gutiérrez , argumentó que el paquete fiscal “solo hace pagar más a los que ganan más”.

El diputado sandinista defendió que la reforma, cuya aprobación fue aplazada cinco veces,  es necesaria para “asegurar” la inversión pública de este año y “sostener financieramente” al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, que este año caerá en un problema de insolvencia producto de un déficit que al cierre de 2019 podría ser de aproximadamente US$287 millones (C$8,621.8 millones), según datos oficiales, y que además presenta una pérdida estrepitosa de cotizantes.

MENOS TRABAJO

El mercado laboral cerró hasta diciembre de 2018 cerca de 430,000 puestos de trabajos, de acuerdo con la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), y en tanto no se busque una salida política a la crisis la merma laboral incrementará. El sector comercio, servicios y turismo han sido los más golpeados por la inestabilidad política que vive el país.

Esta reforma eleva el Impuesto sobre la Renta, el Impuesto Selectivo al Consumo, y las rentas de actividad económica, de capital y ganancias. Al respecto, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) ha insistido que provocará el cierre de negocios. “Hay empresas que ya no van a poder seguir operando”, ha advertido el  presidente de la patronal, José Adán Aguerri.

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Incluso, el mismo Cosep ha dicho que esta  reforma, aprobada ya por la Asamblea, afectará al menos el 70% de los productos de la canasta básica y provocará pérdidas millonarias que, inevitablemente, se traducirán en más desempleo.La medida económica del Gobierno eliminará gradualmente exoneraciones y exenciones, entre otros.

Según Funides, las actividades más afectadas son la industrial y agrícola, el sector financiero y las de servicios como comercio, hoteles, restaurantes y servicios inmobiliarios.

El economista Néstor Avendaño dijo recientemente a medios nacionales que esta reforma afectará la escasa liquidez de las empresas. “Dudo que vaya a tener éxito, porque eso se hace cuando un país está en bonanza, no cuando está afectado con una recesión, que podría desembocar en una depresión económica si el conflicto político no se resuelve”, dijo el presidente de Consultores para el Desarrollo Empresarial (Copades).

La reforma, que cambió 60 artículos de la Ley de Concertación Tributaria, contempla pasar del 1 por ciento al 2 y 3 por ciento el pago mínimo definitivo de las empresas más grandes y así incrementar las retenciones mensuales a cuenta del Impuesto sobre la Renta (IR). La medida, sin embargo, no afectará a las micro y pequeñas empresas, las cuales mantendrán su aporte de 1%, informó en en enero  el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta.