La dictadura bloquea el fondo de pensiones de los sacerdotes en Nicaragua

Los sacerdotes ancianos y enfermos no estarían recibiendo la pensión que otorga el Fondo Nacional de Seguro Sacerdotal tras el bloqueo a las cuentas bancarias de la Iglesia católica que también alcanza al fondo de pensiones de los religiosos, denunció este viernes la investigadora y abogada Martha Molina.

“Es una de las peores formas que la dictadura está utilizando porque está vulnerando los derechos humanos de las personas de la tercera edad, de los sacerdotes ancianos y enfermos”, sostiene la investigadora.

El fondo fue creado hace más de 20 años con la colaboración de feligreses en una colecta que se realiza todos los Miércoles de Ceniza en todas las parroquias del país. Adicionalmente, los más 400 sacerdotes en activo del país aportan unos 150 dólares y una cantidad similar que deposita la institución eclesial.

“Así subsiste el fondo y al estar bloqueda la cuenta no hay dinero para dar esta ayuda a los sacerdotes de la tercera edad”, detalla la investigadora.

A cada sacerdote mayor de 75 años mensualmente le entregan 300 dólares y 150 dólares a los mayores de 65 años.

La abogada Martha Molina, autora de la investigación “Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?”, comenta que este fondo sacerdotal no tiene ninguna relación con el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), ya que fue creado por la Conferencia Episcopal.

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¿Y LA INVESTIGACIÓN A LA IGLESIA?

El fondo de pensión sacerdotal se está viendo perjudicado por el bloqueo de las cuentas bancarias a las diferentes diócesis del país aplicado por la dictadura luego que el pasado 27 de mayo, la Policía Orteguista señalara a diferentes diócesis de lavar dinero sin mostrar pruebas.

“La Superintendencia de Bancos ha solicitado a la Conferencia Episcopal de Nicaragua y al jefe de la Iglesia nicaragüense, su eminencia el cardenal Leopoldo Brenes, la presentación de los documentos que muestren los movimientos de las cuentas bancarias de las diócesis, de manera que se cumpla en todo momento con las leyes del país, evitando los actos ilícitos que se han venido cometiendo”, detalla el comunicado del 27 de mayo.

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De esas investigaciones se desconoce el avance. Martha Molina cree que en agosto cuando se vence el plazo de los 90 días que establece la reforma al Código Procesal Penal se “robaran el dinero”.

“No creo ni veo que la dictadura devuelva el dinero que están en las cuentas de las Diócesis, mucho menos las de este seguro sacerdotal”, enfatizó Molina.