Orteguistas impuestos como autoridades comunitarias venden tierras indígenas en el Caribe Norte 

Militantes sandinistas que han sido impuestos por el régimen de Daniel Ortega como autoridades de los pueblos misquitos y mayangnas están realizando ventas “ilegales” de terrenos, denuncian líderes comunitarios.

“Además de venir a cercenar el derecho ancestral de elegir a nuestras autoridades de los territorios indígenas, también nos vienen despojando de las tierras con estas ventas” denunció un líder indígena de la comunidad Tasba Prí del municipio de Puerto Cabezas.

Con la venta de tierras los conflictos de propiedad entre indígenas y colonos se han incrementado.

“Con lo que viene ocurriendo en nuestras comunidades, hemos llegado a la conclusión de que el Frente Sandinista decidió por estrategia imponer a sus militantes como autoridades de nuestros territorios para hacer negocio con las tierras y nuestros recursos naturales  sin ningún  obstáculo”, comentó.

VENTAS AUSPICIADAS POR SECRETARIOS POLÍTICOS

De acuerdo con los denunciantes, el militante sandinista Waldo Muller Lacayo es quien ha venido autorizando las ventas con la venia del secretario político del Frente Sandinista de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, Elías Velásquez.

“A Waldo Muller Lacayo lo vinieron a imponer como presidente territorial de Tasba Prí  y una vez que asumió el cargo sin ser electo por la comunidad comenzó hacer el negocio con las tierras”, dijo otro de los denunciantes.

Otro dirigente indígena mostró como evidencia las constancias de derecho de posesión de grandes extensiones de tierras que Muller y miembros de la directiva comunal vienen entregando desde el 2018.

En una de constancia emitida el 9 de septiembre del 2020, se detalla que Muller y el fiscal Elucer Llanes Pérez ceden y traspasan una propiedad de 50 manzanas de tierra a José Esteban Rodríguez Hernández para que pueda trabajar sin el perjuicio de nadie.

En otra constancia emitida el 22 de junio del 2018, el gobierno comunal de Sahsa Tasba Pri otorga 19.85 manzanas a Cirilo Daysin Reyes.

El aval fue emitido por Eliezer Llanes Pérez, que entonces fue impuesto por el régimen como síndico. El documento también fue firmado por Gerardo Allen del Consejo de Ancianos, el juez comunal y el secretario.

“Con esas constancias y esos avales vienen haciendo negocios con las tierras de las comunidades indígenas y reduciendo cada vez nuestros espacios”, denunció.

La historia se repite en cada territorio controlado por el FSLN, tal y como sucede en la comunidad Twi Waupasa del municipio de Puerto Cabezas, donde aseguran que la encargada de vender las tierras sería la diputada suplente Ana Valeria Rafael.