Los cancilleres de América demandan la libertad de Rolando Álvarez y el “cese de toda violación a los derechos humanos” en Nicaragua

Los estados miembros de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobaron unánimemente este viernes una resolución en la que demandan que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo cese las violaciones a los derechos humanos, libere a todos los presos políticos, cumpla con las recomendaciones de los organismos de derechos humanos y se abstenga de reprimir y detener a los líderes religiosos.

El documento es el resultado de las negociaciones de varios países luego de que Brasil presentará un texto alterno a una propuesta de resolución de condena a las violaciones de derechos humanos.

“Instar al Gobierno de Nicaragua a que cese toda violación a los derechos humanos y respete los derechos civiles y políticos, como de las libertades religiosas, y el Estado de derecho y a que se abstenga de toda forma de intimidación y acoso contra periodistas, medios de comunicación, comunidades religiosas y organizaciones no gubernamentales, respetando su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica”, señala la resolución.

LEA TAMBIÉN: Piero Coen, acusado por la dictadura

El texto que aprobaron este viernes las delegaciones presentes en la 53 Asamblea General de la OEA, no contiene ni “retorno” a la democracia como habían planteado varios países ni “fortalecimiento a la democracia”, como propuso Brasil, lo cual fue considerado como una lavada de cara a la dictadura de Nicaragua.

“Solicitar que el Consejo Permanente siga ocupándose de la situación política y de derechos humanos en Nicaragua, recibiendo periódicamente información actualizada de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y de otros organismos expertos, y que considere todas las acciones adicionales que puedan ser conducentes al efectivo ejercicio de la democracia representativa, el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos en el país, incluso instando al Grupo de Trabajo sobre Nicaragua a que haga que la agenda para cualquier diálogo con las autoridades nicaragüenses sea lo más amplia posible en el marco del respeto a la democracia, el derecho internacional y el principio de no intervención”, dice el punto 8 de la declaración.

LLAMAN A BUSCAR UN DIÁLOGO AL MÁS ALTO NIVEL

El documento también hace un llamamiento a los estados para que alienten a las autoridades de Nicaragua para “emprender un diálogo al más alto nivel”. También se insta a que la dictadura de Nicaragua cumpla con las decisiones y recomendaciones que ha hecho la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a liberar de forma inmediata a todos los presos políticos.

El documento hace un llamado a Ortega a que se abstenga de reprimir y detener arbitrariamente a los líderes religiosos y llama a que brinde información sobre la situación física y psicológica de monseñor Rolando Álvarez condenado a 26 años de cárcel quien se encuentra recluido en la cárcel de La Modelo.

LEA TAMBIÉN: La CIDH solicita a la Corte Interamericana dictar medidas provisionales para monseñor Álvarez

Los estados miembros llamaron a Nicaragua a dejar sin efecto las leyes que “permiten privar arbitrariamente de la nacionalidad” y que se abstenga de instrumentalizar “de mecanismos jurídicos y legislativos en contra de disidentes”.

Por otro lado, acordaron en pedir que Ortega “coopere plenamente” con los organismos de derechos humanos y que permita su acceso al territorio para que implemente las medidas por la CIDH.

Los países miembros también se mostraron alarmadas por la cancelación de la personería jurídica de la Cruz Roja Nicaragüense y por las más de tres mil organizaciones sin fines de lucro.

REPRESENTANTES REACCIONAN

Francisco Mora, representante de Estados Unidos, posterior a la aprobación de la declaración expuso que los Estados miembros de la OEA deben seguir presionando a Ortega para que cambie el curso y “vuelva la democracia” en Nicaragua.  

El representante de Antigua y Barbuda Michael Sanders, señaló que la dictadura de Nicaragua ha respondido con “desdén” a los esfuerzos que ha hecho la organización por restablecer la democracia.  La representante de Costa Rica, Alejandra Solano indicó que desde hace cinco años la comunidad internacional ha sido testigo de las graves violaciones de diversa índole contra la población civil, la comunidad diplomática y la Iglesia católica.

Recordó que la crisis ha dejado 355 personas fallecidas, más de 3 mil organizaciones canceladas, más de 300 personas privadas de su nacionalidad, confiscaciones de bienes, congelamiento de cuentas bancarias entre otras arbitrariedades.

“Los países de la región no podemos ser testigos indiferentes de la continuidad y la aparente consolidación de la represión en uno de nuestros países miembros. Los quebrantos al orden constitucional y democrático podrían reconstruirse con el acompañamiento de los países del hemisferio”, destacó Solano.