Juez no reconoce propiedad a Michael Healy y falla a favor del BCIE

La propiedad se localiza en el sector conocido como La Talanguera. Michael Healy e Inversiones Turísticas del Pacífico la adquirieron en 2009 con la intención de construir un complejo turístico en el que invertirían US$4.5 millones. 

El juez de Distrito Civil de Rivas, Pedro Arauz emitió una sentencia que afirma que una valiosa propiedad ubicada en San Juan del Sur, le pertenece al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y no a una sociedad que preside y representa Michael Healy Lacayo, presidente de la Unión de Productores y Agricultores de Nicaragua (Upanic).  

La propiedad se localiza en el sector conocido como La Talanguera y tiene una extensión de cinco manzanas de tierra que Healy y la sociedad Inversiones Turísticas del Pacífico S.A. (INTUPSA) adquirieron el 8 de mayo del 2009 con la visión de construir un complejo turístico en el que se invertirían US$4.5 millones.  

Según escritura de compraventa número 59, INTUPSA representada por el empresario Michael Healy, actual miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, compró la propiedad el 8 de mayo del 2009 al italiano Simón Pernechele, ante los servicios notariales de Enrique Salinas Mora. 

EL LITIGIO CON EL BCIE 

De acuerdo a los documentos que fueron facilitados a Despachos 505, el italiano había comprado la propiedad en agosto del 2008 a los socios de la cooperativa Juan Carlos Aburto Herrera y luego vendió el inmueble a INTUPSA, sin presentar complicaciones.  

Posteriormente, la propiedad fue inscrita a favor de INTUPSA en el registro público de Rivas, con cuenta registral número 39,760, asiento 2, folio 69 del tomo 448, y para confirmar que no existía problemas con la propiedad, Healy e INTUPSA hasta recibieron una carta de no objeción emitida el 26 de marzo del 2009 por el entonces Procurador General de la República, Hernán Estrada.  

La carta de no objeción aparece con número 5023 y para en ese entonces todo marchaba bien para Healy e INTUPSA. En diciembre del 2012, después de realizar reforestaciones y movimientos de tierra para emprender el proyecto turístico, apareció el BCIE reclamando la propiedad, según detalla el expediente judicial. 

Tras el reclamo del BCIE y la instalación de una caseta de vigilancia de la entidad, Healy presentó en febrero del 2013 un recurso de amparo policial alegando el dominio de la propiedad y en 2015 solicitó secuestro judicial de la propiedad ante la juez Local de San Juan del Sur, Gioconda Rodríguez Altamirano.  

El 10 de septiembre del 2015 la judicial decretó el secuestro preventivo que garantizaba que la propiedad no pasara a terceros, mientras no culminara el juicio y el 5 de octubre de ese año nombró a Healy como depositario judicial para que se mantuviera en la propiedad, “hasta que surja sentencia con autoridad de cosas juzgada”, señala el documento.  

APARECE LA PGR EN ACCIÓN 

Quince días después, Healy presentó una demanda en el juzgado de Distrito Civil de Rivas, solicitando la declaratoria de dominio de la propiedad a favor de INTUPSA, para luego poder bonificar el secuestro decretado por la juez. En el proceso intervino sorpresivamente la Procuraduría General de República PGR, como tercer opositor coadyuvante del BCIE y desde entonces el proceso dio un giro de 360 grados en contra de Healy.  

La solicitud de intervención de la PGR fue presentada en el juzgado rivense el 11 de mayo del 2017, por Porfirio Zapata Urbina, quien a la vez solicitó que se declarara nulo el secuestro preventivo a favor de INTUPSA. Tras admitirse la intervención de la PGR e iniciar a dar trámite a sus peticiones, la ex juez del juzgado de Distrito Civil de Rivas, Ana Erica Zambrana resolvió el 17 de noviembre del 2017, declarar la nulidad absoluta del decreto de secuestro preventivo que había emitido la jueza de San Juan del Sur.  

Asimismo, ordenó el cese del cargo de depositario a favor de Healy y aunque este apeló su sentencia, la ex juez falló en su contra. En el proceso la PGR señaló que el plano topográfico que fue aprobado por las oficinas de catastro del departamento de Rivas, a favor de INTUPSA, era falso y presentó un documento con fecha del 6 de julio del 2017 que revoca la carta de no objeción número 5023 que habían emitido inicialmente. 

Durante el proceso la PGR alegó que el levantamiento del plano topográfico que se realizó cuando los socios de la cooperativa “Juan Carlos Alberto Herrera” desmembraron la propiedad que vendieron a Pernichele, es erróneo argumentado que se efectuó en terrenos que pertenecen al BCIE y que por ende la propiedad que compró INTUPSA se localiza en otra área. 

En sus alegatos señaló que el plano presenta alteraciones en sus derroteros, rumbos y distancias y que “fueron alterados para hacerlos coincidir con el área del inmueble del BCIE”, dice el escrito. Pero la mayor sorpresa de Healy, llegó el 19 de diciembre de este año, cuando el juez de Distrito Civil de Rivas, Pedro Arauz, antes de salir de vacaciones de fin de año emitió una sentencia a favor de la PGR y el BCIE, que alega ser dueños de la propiedad desde el 11 de mayo de 1978 luego de haberla adquirido por compra venta que hicieron a pesquera “La Flor”, que en la transacción fue representada por Frank Kelly Torres. 

En la sentencia el judicial ordenó a la delegación departamental de catastro de Rivas que eliminé y deje sin efecto el plano catastral aprobado a favor de Simón Pernechele, “porque afecta la parcela del BCIE”. A la vez rechaza la demanda presentada por Healy en la que solicita se declare el dominio de la propiedad a favor de INTUPSA y más bien lo condena al pago de los costos del proceso a favor del BCIE.