Nicaragua bajo dictadura es el quinto lugar en equidad de género en el mundo

Feministas señalan que la violencia machista, que durante el 2019 ha cobrado la vida de 60 mujeres, es parte de la deuda que tiene el Estado con las mujeres.

Desde 2012 la vicepresidenta, Rosario Murillo celebra la inclusión de Nicaragua, en el ranking de los 10 mejores países del mundo para ser mujer, una lista selecta que el Foro Económico Mundial, filtra entre 153 naciones y en la que Nicaragua, en 2020, aparece en quinto lugar después de Islandia, Noruega, Finlandia y Suecia.

“Gran noticia … 5to lugar Nicaragua en equidad de género en el mundo, quinto lugar… este paisito pequeño, este paisito lleno de coraje… somos un pueblo grande, rico en espíritu, esto lo prueba. Vamos adelante con muchos éxitos de la justicia, porque eso es justicia, la equidad de género es justicia”, celebró Murillo en su alocución el 17 de diciembre de 2019, en un contexto en el que sus funcionarios, incluyéndola han sido sancionados por violación a los derechos humanos.

Murillo junto a su esposo y dictador, Daniel Ortega, representan a un régimen señalado de cometer crímenes de lesa humanidad, durante las protestas que estallaron en abril de 2018, que dejaron un saldo de 328 asesinatos, que según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), fueron muertes avaladas “por la máxima autoridad del Estado”.

Por lo que dicho reconocimiento para Nicaragua, según las organizaciones de mujeres, no se sostiene, pero porque en especial con este régimen ha habido un retroceso en materia de derechos de las mujeres aun cuando se han aprobado diversas leyes «que no pasan del papel», y de constituir un dato estadístico para el Foro Económico Mundial.

LEY 50/50 EL ORIGEN DEL MAL

Para las organizaciones de mujeres no es casual que en 2012, cuando se aprobó la Ley 50/50, Nicaragua ingresara por primera vez al exclusivo Top Ten, después de situarse en el puesto 90 en el año 2007.

En 2007 Nicaragua se encontraba en el puesto 90, pero en 2012 entró al Top Ten en el puesto número nueve.

María Teresa Blandón, directora del Programa Feminista La Corriente, considera que la Ley 50/50 ha sido aplicada por el régimen en un “afán demagógico” porque aunque en el Estado es notoria una mayor cantidad de rostros femeninos en los puestos públicos no se trata más que de un “cambio formal y no real”.

“Esa asignación de puestos en los distintos poderes del Estado han sido más formales que reales, las mujeres que están en el parlamento, que están en el poder judicial, en el poder electoral, en el propio poder ejecutivo, excepto Rosario Murillo tienen o ejercen poderes sub alternos”, dice Blandón que a su vez critica que los cargos ostentados por estas mujeres se hacen en lineamiento de una política Estatal “machista y misógina”, en la que las mismas funcionarias violentan los derechos no solo de las mujeres, sino de la población en general.

En Nicaragua, nueve de las 16 sillas ministeriales son ocupadas por mujeres; constituyen el 42% de las diputaciones de la Asamblea Nacional; están presentes en los 153 gobiernos locales, y además en la vicepresidencia. Sin embargo, el mejor ejemplo del interés de la política de género, a criterio de las organizaciones, es el Ministerio de la Mujer, donde desde 2013 han desfilado siete ministras, algunas de las cuales ni siquiera llegaron a los tres meses, cuando fueron removidas del cargo; carece de una estrategia y su presupuesto equivale apenas el 0.72% de la partida que en 2020 le entregarán a la Policía Nacional.

“Es una manipulación, es también una muestra palpable y terrible también del sexismo y la misoginia que ha permeado a este régimen. Es terrible constatar como las mujeres en el poder público son perfectamente prescindibles, así como las ponen, las quitan, así como las ensalzan, las denigran y son los hombres en realidad los que ostentosamente y sin ninguna vergüenza, aparecen ejerciendo el poder real”, reitera Blandón.

Para Blandón, quien ha estado al frente de la lucha por los derechos de las mujeres, el régimen Ortega-Murillo “nunca ha estado interesado en el empoderamiento de las mujeres, tampoco ha hecho nada por cuestionar y por transformar un poder sexista, autoritario que ejercen los hombres dentro de su gobierno”, y considera que el régimen solo promueve la participación de la mujer porque es probablemente, “el único recurso que le ha quedado para tratar de evadir responsabilidades ante la violación sistemática de los derechos humanos”.

LA DEUDA PENDIENTE DEL ESTADO

Ante este reconocimiento, las organizaciones de mujeres no pueden evitar mencionar la eterna deuda del Estado con las mujeres, en referencia a la violencia machista que durante el 2019 ha cobrado la vida de 60 mujeres frente a 17 que reconoce Murillo y que, además, lo reduce a un problema de parejas en el que deben mediar los pastores evangélicos.

“A raíz del 2007 que empieza este gobierno, que retoma el poder este gobierno, la situación de violencia, todos estos esfuerzos articulados para detener la violencia contra la mujer se ve en deteriorado… es una evidencia de cómo están tratando este gobierno los derechos humanos de las mujeres, cómo se le está dando prioridad, cómo se le está atendiendo a las mujeres en este país», dice Fátima Millón, defensora de derechos humanos.

Católicas por el derecho a decidir han informado que desde 2010 Nicaragua registra 644 casos de violencia machista con resultado de muerte, en los cuales el 80 por ciento de los casos se encuentran en la impunidad. En 2019 también se han registrado 60 casos de femicidios frustrados.

Por ello, las organizaciones no dan crédito al informe de reducción de brecha entre hombres y mujeres que ha publicado el Foro Económico Mundial, al asegurar que este informe meramente reduce la situación de las mujeres a datos nóminales, más que a derechos y oportunidades, en especial cuando reconocen los niveles de impunidad en casos de violencia machista comparado con la cantidad de presos políticos que el régimen tiene en las cárceles.

“No puede ser que haya un juez especializado cuando una mujer se lleva un año en un juicio de violencia cuando no hay un detenido, entonces eso no me está garantizando un acceso a la justicia, me está haciendo víctima de nuevo. No solo del victimario directo sino de un sistema que me hace gastar en recursos cada vez que voy a una audiencia”, explica Millón.

UN PROBLEMA DE FAMILIAS

Las defensoras de derechos humanos reconocen que el principal riesgo para la vida de las mujeres es que el Estado haya reducido la problemática al campo familiar, no solo con el decretazo contra la Ley 779 que permitió la mediación y redujo los femicidios a los delitos cometidos por las parejas sentimentales de las víctimas, sino también al discurso.

“Lo acaba de decir en su discurso, que son desavenencias en la pareja lo que hay y por eso se está dando la violencia extrema, porque no se entienden las parejas. No es el discurso que espero del Estado. El Estado está para garantizar el acceso a la justicia y para implementar medidas preventivas que eduquen a la población y para prevenir que se dé el delito y cuando el delito esta, para que sancione. No es con discursos de amor o de lo que yo creo personalmente que voy a resolver en delito, que ya está contemplado como un delito por la tanto se hace un hecho de orden público. Y el Estado está ahí para garantizar eso”, reclama la defensora.

Millón pone en relevancia que el Estado aborda la problemática, tal como a lo interno de la familia dictatorial resuelven los problemas, en alusión a la denuncia que Zoilamerica Narváez, hizo contra el dictador Daniel Ortega a quien señaló de violación, y por lo cual fue desterrada de la familia.