El régimen de Nicaragua incumple acuerdos del DR-CAFTA con Estados Unidos y “debe rendir cuentas”

El régimen de Daniel Ortega viola al menos tres acuerdos contemplados en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos conocido como DR-CAFTA, según un informe de Diálogo Interamericano que insta a la Administración Biden a adoptar medidas, aunque, aclara que la suspensión de Nicaragua del tratado no es viable.

“El gobierno nicaragüense está descuidando activamente el cumplimiento de la parte laboral y medioambiental de sus acuerdos comerciales y debe rendir cuentas por ello. Nicaragua ha incumplido el acuerdo comercial por varios motivos”, señala el centro de pensamiento.

Nicaragua es parte activa del CAFTA y uno de los pocos países que ha experimentado grandes incrementos de exportaciones a los Estados Unidos durante este periodo.

El estudio elaborado por Manuel Orozco destaca en primer lugar una violación a la parte laboral del acuerdo en la medida en que los derechos sindicales y otros derechos laborales en las zonas francas están subordinados por el Frente Sandinista, que controla totalmente los sindicatos.

El artículo 16.2 del CAFTA estipula que las Partes no dejarán de aplicar efectivamente sus leyes laborales. En el caso de Nicaragua, el régimen no está protegiendo los derechos de los trabajadores, incluidos los de la zona de libre comercio que en gran parte exporta a Estados Unidos.  

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En segundo lugar, la dictadura también está violando el capítulo 17 de la parte medioambiental del acuerdo, así como el capítulo 12 sobre el acceso al mercado para las instituciones financieras. 

LAS ZONAS FRANCAS BAJO ACOSO DEL RÉGIMEN  

Más de la mitad de las importaciones estadounidenses procedentes de Nicaragua son textiles y prendas de vestir procedentes de las zonas francas.  

Desde que CAFTA-DR entró en vigor en el 2006, las exportaciones (anuales) de Nicaragua hacia los Estados Unidos se han casi cuadruplicado de 1.500 millones de dólares a 5.700 millones de dólares, según los datos de la Embajada estadounidense en Managua.

“Sin embargo, las exportaciones de esos lugares son producidas por trabajadores y empresas que sufren el acoso del gobierno”, advierte el estudio.  

Junto con el aumento del comercio con Estados Unidos, se ha restringido el acceso a los derechos laborales en las Zonas Francas. Estas empresas emplean a más de 136.000 personas y, para muchos, es una de las pocas industrias en las que pueden encontrar trabajo.  

A pesar de la falta de recursos legales reales para los trabajadores, las denuncias de violaciones de los derechos laborales han aumentado en los últimos años. 

“Los trabajadores de la zona franca se han quejado de prácticas de despido arbitrarias, especialmente en el caso de los que padecen enfermedades, independientemente de si las han desarrollado en el trabajo o fuera de él. En algunos casos, esto ha incluido el despido de mujeres embarazadas. Además, los trabajadores se han quejado de las deficientes condiciones sanitarias en el lugar de trabajo y la denegación del acceso a la atención sanitaria durante la jornada laboral”, detalla el informe.

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LARGAS JORNADAS DE TRABAJO Y SALARIOS BAJOS 

Según los informes, las jornadas laborales en las zonas francas oscilan entre las 10 y las 12,5 horas, y algunos afirman haberse visto obligados a trabajar horas extra. Además de los breves descansos, algunos trabajadores también denuncian abusos verbales y psicológicos durante sus turnos.  

Además de las malas condiciones de trabajo, los trabajadores también han denunciado salarios injustos y deducciones salariales. En un caso, el salario semanal oscilaba entre 2.300 y 1.900 córdobas (unos 63-52 dólares) y dependía de la capacidad para cumplir las difíciles cuotas de producción.  

Otras deducciones salariales como el impuesto sobre la renta (IR) y la Seguridad Social (INSS) disminuyen aún más estos salarios ya de por sí bajos y aumentan junto con cualquier incremento salarial.  

“Algunos han afirmado que las deducciones del INSS no reaparecen en el sistema de seguridad social, lo que apunta a un robo de salarios”, revela el informe de Diálogo Interamericano. 

SIN NADIE QUE LOS AMPARE 

Además de las malas condiciones laborales, los trabajadores se han quejado a menudo de que su libertad de movimiento se ha visto limitada desde que el régimen aumentó la represión y se volvió más vigilante con su libertad de expresión. Como consecuencia, no han podido encontrar nuevos empleos en la zona franca. 

Al enfrentarse a estas violaciones, los trabajadores se encuentran a menudo mal equipados para buscar apoyo o recursos legales. “Los principales sindicatos del país y el gobierno no han defendido ni protegido a los trabajadores, especialmente a los de la zona franca”, insiste el informe. En muchos casos, los trabajadores que presentan demandas o denuncian violaciones de sus derechos son ignorados, despedidos o, en algunos casos, amenazados.  

“De hecho, existe un temor notable a entrar en listas negras entre los empleados que desean emprender acciones y comparan la búsqueda de un recurso legal con el suicidio laboral”, explica Orozco. 

Destacan también que la violación es significativa, por ejemplo, del artículo 16.3 del CAFTA que establece que “cada Parte garantizará que las personas con un interés jurídicamente reconocido conforme a su legislación tengan acceso adecuado a los tribunales para la aplicación de la legislación laboral de la Parte”.  

“La prevalencia de actividades policiales y represivas por parte del Estado nicaragüense incluyen una flagrante desatención a la protección de los derechos laborales”, indica el documento. 

EXPORTACIONES DE ORO Y EL BLOQUEO A LOS BANCOS 

Del mismo modo, las exportaciones de oro a Estados Unidos se producen en el contexto de concesiones y explotaciones mineras donde existen derechos protegidos de los pueblos indígenas y donde “algunos están usurpando la tierra además de infligir daños a la población indígena”. 

El régimen de Daniel Ortega también ha violado el Artículo 12.4 del CAFTA sobre el acceso al mercado para las instituciones financieras, a través de la Ley de Protección al Consumidor, la cual fue diseñada para proteger a aquellos que han sido sancionados por violaciones de derechos humanos y abusos de corrupción.  

La ley otorga discrecionalidad al gobierno para imponer limitaciones y restricciones al funcionamiento de las instituciones financieras y permite el escrutinio de todas las transacciones financieras.  

Esto incluye restringir la capacidad de las instituciones financieras para aplicar sanciones, impidiendo que se cierren las cuentas bancarias de los familiares de los sancionados, incluso cuando es claramente un recurso para proteger las finanzas de los sancionados.

RECOMENDACIONES  

Diálogo Interamericano insta a Estados Unidos a recurrir a una reunión del Consejo de Asuntos Laborales y a celebrar Consultas Laborales Cooperativas. También pide una reunión con el Consejo de Asuntos Medioambientales e invita a los líderes cívicos a tener una oportunidad de participación pública.  

Finalmente, aclaran que eliminar a Nicaragua del CAFTA-DR, “además de ser política y jurídicamente inviable”, no corresponde proporcionalmente a la naturaleza dictatorial del régimen, y más bien agregaría ingredientes “nacionalistas”.  

Para aumentar la presión sobre el régimen, proponen una combinación de factores que juntos pueden debilitar el nivel de la dictadura para una transición política.  

Estos factores incluyen el debilitamiento del capital político dentro del régimen, el freno a la cooptación económica, el fortalecimiento de la oposición cívica en Nicaragua y en el exilio (integrando un bloque cívico democrático con base nacional que integre actores de diversos sectores e ideologías), y el aumento de la presión internacional a través de la protesta, las presiones materiales (con más sanciones, penalizaciones, restricciones a la financiación externa), y la diplomacia proactiva. 

Estas vías contribuyen, según Diálogo Interamericano, a que el acuerdo comercial coincida con las políticas exteriores estadounidenses contra las violaciones de los derechos humanos y los regímenes dictatoriales.  

También ayudan a orientar a los responsables de la política exterior estadounidense para que cumplan la Ley RENACER, que exige una revisión del acuerdo de libre comercio con Nicaragua.