La Cruz Roja internacional expresa profunda preocupación por cancelación de la Cruz Roja Nicaragüense
Acción del régimen "podría poner en riesgo actividades humanitarias muy necesarias en el país", afirma el organismo internacional
- mayo 11, 2023
- 08:45 PM
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La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) lamentó, a través de un comunicado, la cancelación y confiscación de la Cruz Roja Nicaragüense por parte del régimen Ortega Murillo.
"La IFRC está profundamente preocupada por la disolución de nuestra Sociedad Nacional miembro, la Cruz Roja Nicaragüense", señala el comunicado emitido este jueves 11 de mayo.
La dictadura de Daniel Ortega, a través de la Asamblea Nacional, canceló este miércoles pasado la personería jurídica de la Cruz Roja Nicaragüense y ordenó el traspaso de todos sus bienes al Ministerio de Salud (Minsa).
El régimen señaló a la Cruz Roja Nicaragüense de supuestamente incumplir la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro, pero el principal argumento es que, según el régimen, “violó sus propios principios” al asistir a los heridos de las protestas cívicas de 2018.
"ACTIVIDADES HUMANITARIAS EN RIESGO"
A pesar de que el régimen Ortega Murillo trasladó la mayordomía de la entidad al Minsa, para supuestamente garantizar la continuidad de los servicios, el organismo internacional advierte que la cancelación de la Cruz Roja Nicaragüense "podría poner en riesgo actividades humanitarias muy necesarias en el país, así como el trabajo del personal y el voluntariado".
"En este momento, estamos monitoreando de cerca la situación y evaluando la mejor manera de proceder. A partir de los resultados de ese análisis, informaremos sobre nuestros próximos pasos", finaliza el comunicado de la IFRC.
El régimen Ortega Murillo creó otra figura también llamada Cruz Roja Nicaragüense, la cual, según el texto de la Ley que aprobaron el miércoles los diputados orteguistas, es un ente descentralizado, la cual se regirá bajo el modelo “cristiano, socialista y solidario” y adscrito al Ministerio de Salud (Minsa), institución que en el 2018 negó la atención médica a los manifestantes heridos durante las protestas iniciadas en abril de ese año.