Treinta personas detenidas este mes de abril siguen presas, según el Monitoreo Azul y Blanco

Unas 39 personas han sido capturadas de manera arbitraria por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el mes de abril, por posibles motivaciones políticas, de estas cerca de nueve ya fueron liberadas, según una actualización del organismo Monitoreo Azul y Blanco.   

El organismo señala que realiza un proceso de verificación de las detenciones, pero que debido a la falta de información y el “clima de represión puede que la cifra de detenciones sea mayor”.

Entre el 17 y 19 de abril, fechas claves de conmemoración del quinto aniversario de las protestas de abril del 2018, el Monitoreo contabiliza 70 incidentes en todo el país, los cuales incluye detenciones, hostigamientos, agresiones, amenazas, retenciones, allanamientos y "control territorial".

El "control territorial", según el organismo es cuando se da la presencia de agentes de la Policía y paraestatales en espacios públicos los tienen como fin intimidar a la población “desalentar o reprimir cualquier intento de manifestación”.

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La Región Autónoma de la Costa Caribe Sur encabeza la lista de incidentes con 17, le sigue Boaco (9); Carazo (7), Masaya y Managua con seis respectivamente. Luego está Madriz (5), Granada (4); Matagalpa (4); León (3); Chinandega (2); Rivas (2); Chontales, Jinotega y Río San Juan uno en cada departamento. Y a nivel nacional contabilizan un discurso de odio y un control territorial en universidades sin especificar cuáles.

LAS CIFRAS DE LA REPRESIÓN

Mientras una recopilación de datos de diferentes fuentes señala que, a marzo del 2023, unas 36 personas se encuentran presas por motivaciones políticas, de estas 35 son hombres y una mujer. De ellas 10 fueron capturadas y condenadas antes de abril del 2018.

Las protestas de abril del 2018 dejaron al menos 2,090 personas detenidas, más de dos mil heridos durante las protestas populares de ese año por unas fallidas reformas a la Seguridad social, 355 personas asesinadas, 250 mil exiliados.

“Estas son algunas de las violaciones a los derechos humanos cometidos en contra de un sector especifico de la población nicaragüense, mientras desde dentro y fuera del país el sentimiento sigue siendo el mismo: exigir justicia para las víctimas”, detalla la información.

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A esta lista hay de violaciones a los derechos humanos hay que sumarle que unos 36 indígenas han sido asesinados entre el 2020 y el 2023 y que la Asamblea Nacional y el Ministerio de Gobernación han cancelado la personería jurídica a unos 3,321 organismos no gubernamentales.

También 222 presos políticos excarcelados y desterrados a Estados Unidos, más 94 ciudadanos despojadas de la nacionalidad, confiscados sus bienes y declarados prófugos de la justicia. Un obispo, monseñor Rolando Álvarez condenado a 26 años de cárcel y despojado de la nacionalidad.

“185 periodistas exiliados desde el 2018 y 21 despojados de la nacionalidad”, señala la recopilación de datos el cual también contabiliza el asesinato de ocho personas LGBTIQ+ en la crisis del 2018 y 42 detenidas arbitrariamente.