La familia Ortega Murillo, el Estado y las alcaldías de Nicaragua están “plagadas de corrupción”, confirma Estados Unidos

La familia Ortega Murillo en Nicaragua sigue haciendo negocios privados con fondos públicos provenientes de la cooperación venezolana; jueces, fiscales, agentes aduaneros y policías son susceptibles a recibir sobornos; no se investiga el “lavado de dinero de funcionarios del gobierno” y hay alcaldías “plagadas de corrupción”.  

Esas son las principales conclusiones sobre el análisis de la “Corrupción y falta de transparencia del Gobierno” que hace el Departamento de Estado de Estados Unidos en su informe anual 2022 sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua.  

Estados Unidos señala la permisividad de la Contraloría General de la República y de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que no investigan la “corrupción generalizada” que hay en el régimen de Daniel Ortega.  

En Nicaragua, la ley prevé sanciones penales para la corrupción de funcionarios, aunque “el gobierno no aplicó la ley con eficacia y no abordó los casos de corrupción generalizada”. 

Según el informe elaborado por funcionarios del Departamento de Estado que reciben información de las misiones diplomáticas en el extranjero, durante el 2022 hubo numerosos informes de corrupción gubernamental en la Policía, el Consejo Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, las autoridades aduaneras y fiscales y otras entidades gubernamentales.

“La Corte Suprema y los tribunales inferiores fueron particularmente susceptibles a los sobornos, la manipulación y la influencia política, especialmente por parte del FSLN”, señala el informe.   

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Las empresas informaron que eran comunes los sobornos a funcionarios públicos, las confiscaciones ilegales y las evaluaciones arbitrarias por parte de las autoridades aduaneras y tributarias.  

“Los gobiernos municipales y regionales de la Costa Caribe también estaban plagados de corrupción. El gobierno municipal de Managua habría incurrido en prácticas corruptas relacionadas con proyectos de infraestructura”, detalla. 

Las irregularidades en los procesos de contratación de la Alcaldía de Managua, por ejemplo, han sido evidenciados en una serie de publicaciones de DESPACHO 505.

LOS NEGOCIOS DE LA FAMILIA PRESIDENCIAL 

Funcionarios del Poder Ejecutivo, según el Departamento de Estado, siguieron participando en negocios financiados anteriormente con fondos de asistencia económica y para el desarrollo prestados por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), liderada por Venezuela, todo ello al margen del proceso presupuestario normal controlado por el poder legislativo.  

Esto incluía a la Empresa Nicaragüense de Transmisión Eléctrica, que anteriormente canalizaba fondos del ALBA y otras ayudas basadas en el petróleo hacia empresas de propiedad privada.   

“Empresas vinculadas a anteriores contratos financiados por el ALBA y con vínculos con la familia del presidente estaban estrechamente controladas por miembros del círculo íntimo de Ortega, con escasa supervisión pública”, denuncia el informe.

EMPRESARIOS Y CONTRALORES

Los casos de mala gestión de estos fondos por parte de funcionarios públicos, según el informe, fueron tratados personalmente por miembros del Frente Sandinista y familiares directos de Daniel Ortega, en lugar de por las entidades gubernamentales encargadas de los fondos públicos. 

Finalmente, Estados Unidos insiste en que “la falta de instituciones fuertes, un sistema débil de controles y equilibrios, y el control absoluto del régimen sobre las instituciones gubernamentales permitieron que la corrupción continuara con impunidad”.   

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“La Contraloría General de la República, responsable de combatir la corrupción dentro de las agencias y oficinas gubernamentales, no llevó a cabo una verificación completa de los estados financieros completos del gobierno.  La Unidad de Análisis Financiero no cumplió plenamente su mandato de perseguir el lavado de dinero de funcionarios del gobierno, centrándose en cambio en investigar a la oposición política del presidente Ortega”, concluye.

Desde la llegada de Daniel Ortega al poder en el año 2007, la dictadura ha promovido una política de hermetismo en las cuentas del Estado.  

La Contraloría tampoco ha hecho públicas las declaraciones de activos de Daniel Ortega, Rosario Murillo, magistrados, diputados y otros altos funcionarios. Tampoco hay constancia de que lo hayan hecho, como manda la Ley de Probidad de Servidores Públicos.