CIDH: “La represión en Nicaragua es una crueldad inconcebible”

La CIDH sostiene que la crisis de derechos humanos continúa en el país y llama a la comunidad internacional a “no abandonar al pueblo de Nicaragua y ser la contención que proteja a las víctimas”.

La represión de las últimas semanas contra las madres de presos políticos en Nicaragua, la profanación de tumbas y templos católicos y la criminalización de personas que intentaron llevar agua a mujeres en huelga de hambre, representan una “crueldad inconcebible en una democracia”.  La crisis en Nicaragua continúa.

Así lo afirmó este lunes la Comisionada Antonia Urrejola, vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien brindó una actualización sobre la crisis de Nicaragua ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).  

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“La verdad es que todo lo que está ocurriendo en Nicaragua es difícil de creer”, dijo Urrejola durante la presentación del informe sobre Nicaragua de la Comisión de Alto Nivel de la OEA.  

Este es el informe presentado por la CIDH:  

La crisis de derechos humanos en Nicaragua continúa hasta hoy y se agrava por el especial foco de represión de la que están siendo víctimas las familias de las personas asesinadas o que permanecen presas en el contexto de la crisis.  

Hoy en Nicaragua, cualquier voz disidente u opositora es atacada y perseguida por el Estado o por fuerzas adeptas y coordinadas con él, con un catálogo represivo que incluye la persistente impunidad, la estigmatización pública de líderes y lideresas sociales, diferentes formas de persecución política y criminalización, e incluso la comisión de hechos que podrían calificarse de desaparición forzada, tortura u otros malos tratos y asesinato.   

En Nicaragua, los periodistas y trabajadores de medios independientes son perseguidos sistemáticamente. Los dos principales medios audiovisuales no oficialistas del país han sido cerrados y sus instalaciones y equipos ocupadas por agentes estatales. El Estado tiene retenidos hace más de un año, el papel y la tinta de los dos principales diarios de oposición. En este contexto, más de 90 periodistas han partido al exilio.  

Por otra parte, la Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión, ha denunciado la discriminación y represalias de las que continúan siendo víctimas, los y las trabajadoras del Estado que se mantienen críticas al Gobierno.  

El contexto crecientemente adverso en que desempeñan su labor las personas defensoras de derechos humanos, demuestra la gravedad de la crisis. En este marco el 12 de julio, la Corte Interamericana, a solicitud de la Comisión, otorgó medidas provisionales para proteger a las y los integrantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH). Pese a lo anterior, la Comisión ha seguido recibiendo información sobre la intensificación de dicho hostigamiento contra este grupo y otras abogadas y abogados dedicados a la defensa de presas y presos políticos. 

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En éste mismo ámbito, las personerías jurídicas de las organizaciones de la sociedad civil canceladas en 2018, no han sido restituidas, ni les han sido devueltos sus bienes e instalaciones, lo que representa una amenaza latente para las organizaciones y colectivos de víctimas que se mantienen en el país. 

Por otro lado, la Comisión Interamericana también ha recibido alarmante información sobre el incremento de la violencia en las zonas rurales al interior del país, lo que incluye el reporte de asesinatos de personas identificadas como opositoras al Gobierno, sin que se hayan registrado investigaciones imparciales y oportunas sobre estos hechos. 

La Comisión Interamericana también se encuentra preocupada por actos de hostigamiento, amenazas y agresiones, dentro de los cuales se observa un patrón de detenciones arbitrarias, de corta duración a líderes y lideresas opositoras, con fines disuasivos. Estas detenciones han ocurrido desde las casas de las víctimas, en la vía pública y, en algunas ocasiones, en los puestos fronterizos o en el aeropuerto, después de su participación en eventos internacionales.  

HAY AL MENOS 150 PRESOS POLÍTICOS

La CIDH ha recibido antecedentes sobre la persistencia de la detención y criminalización de personas identificadas como opositoras que, al 15 de noviembre, ascienden a, al menos, 150. Las familias y organizaciones de la sociedad civil han reportado que el patrón de persecución por la vía judicial, consiste en la actualidad en imputar delitos comunes en contra de la propiedad y otros, como narcotráfico o tenencia de drogas y armas. En sus casos se evidencian violaciones al debido proceso e irregularidades tales como la emisión de órdenes judiciales de libertad que, sin justificación alguna, son incumplidas por la autoridad penitenciaria, después de varios meses de emitidas 

Según información de ACNUR, desde el inicio de la crisis, más de 99,996 personas se han visto forzadas a huir de Nicaragua, la mayoría de ellas a Costa Rica. El Estado de Nicaragua aun no asegura condiciones para garantizar el retorno voluntario de todas estas personas, bajo condiciones mínimas y efectivas de seguridad.  

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En el día de hoy, volvió a su país el periodista Carlos Fernando Chamorro, junto a Desiree Elizondo, equipo de apoyo de la Asociación de Madres de Abril y don Álvaro Antonio Gómez, profesor de Monimbó y padre de un joven asesinado, miembro de la Asociación de Madres de Abril. Un saludo solidario para ellos por su derecho a vivir en su patria. Y un llamado al Estado a garantizar su seguridad y retorno en paz y seguridad. 

La Comisión Interamericana también desea llamar la atención de este Consejo Permanente sobre la aprobación de un conjunto de leyes cuyos efectos podrían perpetuar la impunidad, normalizar la represión de las voces disidentes y dejar en el olvido a las víctimas fatales, a sus familiares y a las más de 150 personas opositoras que aún permanecen privadas de libertad en el contexto de la crisis.   

CRUELDAD “INCONCEBIBLE” DEL RÉGIMEN 

La crisis en Nicaragua no se ha detenido, continúa. Toda la evidencia levantada cotidianamente por el Mecanismo Especial para Nicaragua indica que la persecución se ha intensificado. A los patrones represivos ya reportados, se suma en el último mes, un foco especial de persecución en contra de las familias de las víctimas.  

La CIDH ha reportado públicamente la intensificación de la persecución a las familias de las víctimas fatales de la crisis, a través de vigilancia intimidatoria, con la finalidad de impedir acciones privadas y públicas en memoria de sus seres queridos asesinados y en demanda por justicia.  

La familia de Matt Romero, según información de acceso público, fue víctima de acoso policial, el pasado 23 de septiembre cuando se conmemoraba el primer aniversario de la muerte del adolescente, que fue fatalmente herido de bala en la última marcha pública de protesta que fue permitida en Managua el 2018.  

La familia de Richard Pavón, en Tipitapa, ha sido objeto de constante vigilancia policial y, el 26 de octubre, el cerco policial a su domicilio les impido visitar su tumba, con ocasión de su cumpleaños. La familia denuncia que Richard fue asesinado por funcionarios municipales, en el contexto de las protestas, el 19 de abril de 2018.  En el contexto de las conmemoraciones del día de los muertos, las placas recordatorias en las tumbas de José Manuel Narváez y Josué Mojica, fueron profanadas y rayadas con consignas oficialistas. José Manuel y Josué son víctimas fatales de la crisis de derechos humanos por presunta acción del Estado.  

Si a más de un año de la muerte de todos estos jóvenes y cientos de víctimas más, no hay registro de ningún proceso o diligencia destinada a esclarecer su muerte o a reparar a las familias afectadas, la revictimización focalizada de las que están siendo objeto en el último mes y medio resulta de una crueldad inconcebible en una democracia y es la razón por la que la CIDH insiste en llamar la atención sobre la gravedad de la situación de derechos humanos en el país. 

El Mecanismo Especial también ha reportado un foco similar de represión en contra de las familias de las personas que se mantienen detenidas. Ya en una conferencia de prensa, el 11 de noviembre pasado, en que anunció la campaña “Navidad sin Presos Políticos”, la Asociación de Familiares de Presas y Presos Políticos denunció hostigamientos, vigilancia, robos y agresiones por parte de fuerzas policiales y parapoliciales, con la finalidad de amedrentarlas y evitar así sus acciones en demanda por los derechos de sus familiares.  

La Comisión también supo de la huelga de hambre, por parte de familiares, en pro de la liberación de presas y presos políticos, en la Iglesia de San Miguel en Masaya, desde el 14 de noviembre pasado, la que fue rodeada por policías para impedir el ingreso y salida de personas del lugar y les fue interrumpido el suministro de agua potable y electricidad, así como el acceso a medicamentos y provisiones. Ello puso en riesgo la integridad y la vida de las manifestantes y de quienes las acompañaban, como el párroco de la iglesia, Edwin Román Calderón, quien padece diabetes y es beneficiario de medidas cautelares de la CIDH. 

Asimismo, la Comisión tuvo noticia sobre bloqueos policiales a las entradas de otros templos y ataques a feligreses y religiosos en varias iglesias del país que se habían plegado a la protesta. 

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Adicionalmente, fueron detenidas arbitrariamente al menos dieciséis personas que concurrían al lugar a prestar apoyo, con agua y provisiones, a la demanda de las y los huelguistas. Todas han sido públicamente criminalizadas bajo cargos infundados asociados al uso y portación de armas y explosivos. Entre ellos, la exdirectora de Techo en Nicaragua, voluntarios de esa organización y, una vez más, la expresa política Amaya Coppens. Amaya estuvo 9 meses detenida. Salió liberada el 11 de junio pasado y hoy nuevamente está detenida bajo cargos infundados. La verdad es que todo lo que está ocurriendo en Nicaragua es difícil de creer.  

RECOMENDACIONES

La CIDH ha hecho un público llamado al cese de estos actos de revictimización de las familias que ya han sufrido la violación de los derechos de sus familiares y ahora, por demandar justicia y el cese de la represión, son perseguidas y reprimidas, intensificando con ello la gravedad de la crisis de derechos humanos en Nicaragua. 

El informe de la Comisión designada por la Asamblea General que hoy conocemos, es una notable señal del Sistema Americano por alzar la voz e impedir la implantación de la impunidad y la persistencia de la violación a los derechos humanos en Nicaragua. Sabemos que no será la última.  

Por eso, desde la Comisión Interamericana, queremos urgir a la comunidad internacional y especialmente a la comunidad americana de estados a mantener la atención sobre la crisis de derechos humanos en Nicaragua y a tomar acciones que promuevan la superación de la misma; ella transcurre, además, en un contexto de grave deterioro de las instituciones democráticas en que ninguna agencia estatal protege a las personas perseguidas.  

La crisis ha arreciado, al punto de que las autoridades han enfocado la represión en las propias víctimas, personas que sufren la muerte o el encarcelamiento de sus seres queridos están siendo hoy mismo revictimizadas por el Estado de Nicaragua.   

En este contexto, el imperativo político y ético de las américas es no abandonar al pueblo de Nicaragua y ser la contención que proteja a las víctimas. Confiamos en que los efectos de este excelente informe contribuyan con esa imprescindible tarea. Y no puedo dejar de reiterar nuestra disposición, tal como se lo manifestamos formalmente al Estado al inicio de esta semana, para retornar al país.  

Estamos convencidos que nuestra presencia, como la de otros órganos tales como ACNUDH, serán un aporte fundamental para avanzar en un conjunto de temas pendientes y urgentes en materia de derechos humanos en Nicaragua y el establecimiento de un auténtico proceso de memoria, verdad y justicia. Estas son condiciones básicas, entre otras, para la celebración de elecciones libres, auténticas, justas y transparentes.