La hipocresía del régimen ante los femicidios: pide castigo, pero es la responsable del violencia machista

El régimen se ha encargado de minimizar la violencia machista en Nicaragua y ha desmantelado la Ley 779. Tampoco impulsa políticas públicas integrales que protejan a las mujeres.

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  • marzo 08, 2023
  • 09:49 AM

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo planteó que va a exigir “atención urgente y castigo ejemplar” a las agresiones y los asesinatos que sufren las mujeres en Nicaragua. No obstante, la misma dictadura ha sido la responsable , según feministas, del incremento de la violencia machista con el desmantelamiento de la Ley 779 (Ley integral contra la violencia hacia las mujeres) y la liberación masiva de hombres acusados de abusos, violaciones y femicidios.

Murillo en su discurso de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, orientó a las instancias del Estado a hacer cumplir las leyes. El régimen Ortega - Murillo ha violado las leyes del país a eliminar organizaciones no gubernamentales que protegían a las mujeres, a la vez ha impedido el derecho de asociación de las mujeres, llegando al punto que se manifiesten en su día. Además, el régimen ha limitado los femicidios a las relaciones de pareja y obliga a las mujeres a mediar con sus agresores.

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“Nos sumamos y con el pleno respaldo del comandante Daniel a la demanda de todos los sectores de la sociedad para exigir atención urgente y castigo ejemplar a las agresiones y asesinatos de mujeres que constituyen un vicio y una lacra que debemos combatir”, señaló Murillo. La funcionaria no especificó qué acciones tomarán para frenar los femicidios en el país, ya que ni la cadena perpetua ha frenado el avance de la violencia machista en Nicaragua.

Este miércoles, el organismo Católicas por el Derecho a Decidir denunció que en los primeros 67 días de este año al menos 16 nicaragüenses han sido asesinadas, la mitad en el extranjero.

PIDE JUSTICIA PARA LAS MUJERES

Según Murillo todas las instancias del Gobierno, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía, el Ejército, las alcaldías y las comisiones de atención, sin especificar qué son, deben de brindar atención a “esta terrible afrenta a la dignidad humana que es el irrespeto a la vida de las mujeres”.

“Debemos exigir que se cumplan nuestras leyes a fin de lograr que se extingan estos crímenes de lesa humanidad, el irrespeto a la humanidad. Es indispensable que aseguremos justicia para nosotras las mujeres en todas las acciones que se emprenden alrededor de conflictos de pareja, matrimonio, familia, pensiones, herencia donde no puede haber abuso o menosprecio de la condición de mujer”, dijo Murillo.

SISTEMA JUDICIAL INEFICIENTE

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más denunció las sistemáticas violaciones a los derechos de las mujeres, “en particular el despojo de la nacionalidad, destierro y confiscación que viven ciudadanas nicaragüenses”.

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“La ineficiencia del Sistema de Justicia del país respecto a la protección de la mujer es evidente. La situación jurídica se agrava al constatar la inefectividad de las Comisarías de la Mujer y de la Policía en general que no investiga ni brinda protección a las víctimas de abusos y violaciones dedicándose a perseguir, acosar y reprimir a la ciudadanía”, reprochó el organismo de derechos humanos.  

Murillo calificó a las mujeres de “heroínas cotidianas” y demandó que se les reconozca su grandeza.  Una de las “estrategias” que ha impulsa la dictadura para frenar la violencia machista es el uso de cartillas, las cuales según expertos no aborda el problema de fondo y solo es un instrumento de propaganda en favor del régimen.

DESPOJADAS DE LA NACIONALIDAD

Organismos feministas han señalado que la dictadura es uno de los mayores violadores de los derechos de las mujeres en Nicaragua, la más reciente agresión es el despojo de la nacionalidad a unas 59 mujeres, las que son parte de un grupo de 317 nicaragüenses a los cuales la dictadura los declaró traidores a la patria.

De la lista de 59 mujeres despojadas de su nacionalidad, el Poder Judicial ordenó para al menos 26 de ellas les confiscaron sus bienes en favor del Estado y las declararon prófugas de la justicia.

En el 2022, las Católicas por el Derecho a Decidir documentaron al menos 68 mujeres nicaragüenses víctimas de femicidio, dentro y fuera del país, sin que a la fecha se conozca el registro estatal. 

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