#8M | ¿Por qué Nicaragua no es el mejor lugar del mundo para ser mujer?

Después Islandia, Finlandia, Noruega, Nueva Zelanda, Suecia y Ruanda; el mejor lugar en el mundo para ser mujer sería Nicaragua, según el Índice Global de la Brecha de Género 2022 del Foro Económico Mundial que evalúa 146 países. Ese indicador es un claro referente del espejismo sobre la realidad de las mujeres nicaragüenses, pero no significa que ofrezca un dato errado, ya que su fin no es evaluar la situación de las mujeres, sino medir el “progreso del mundo hacia la paridad de género en aspectos como participación y oportunidades económicas, logros educativos, salud y supervivencia y empoderamiento político. Son aspectos que Nicaragua tiene bien resueltos en papel, mientras en terreno prima el abandono estatal y la vulneración de derechos, incluida la de reclamar y velar por sus derechos.  

El 8M BAJO LA BOTA DE LA REPRESIÓN 

Las mujeres nicaragüenses cumplen hoy cinco años consecutivos sin derecho a manifestarse. La última vez que salieron a las calles fue el 8 de marzo de 2018. En Managua, esa marcha transcurrió en medio de un clima de inseguridad e intimidación que las participantes desafiaron para denunciar el acoso, los femicidios, la impunidad y la complicidad estatal.  

“Lamentablemente no podemos salir a las calles, pero miles de nuestras hermanas en el exilio lo hacen por las que no podemos, seguimos sosteniendo nuestras luchas y creando redes de apoyo comunitarias para que las mujeres puedan salir de la violencia machista”, se pronuncia una feminista quien pide omitir su nombre por temor a la persecución política.  

LEA TAMBIÉN | Becky Mc.Cray, la primera mujer rama que habla en un foro de la ONU

Los Ortega-Murillo utilizan la conmemoración del Día Internacional de la Mujer para exaltar avances en brecha de género y lucha contra la violencia machista. Sin embargo, la política de restitución de derechos a las mujeres queda limitada a la designación de cargos, y está sustentada en leyes que imponen la paridad de género como la Ley Electoral que manda que la mitad de los cargos deben ser para mujeres, así como en la Ley de igualdad de derechos y oportunidades aprobada en febrero del 2008.  

En la práctica, las funcionarias mujeres no juegan un rol activo. Son cuadros políticos decorativos sin derecho de acción ni de opinión; una política que es extensiva a toda la estructura estatal, donde la única voz autorizada es la de la vocera y vicepresidenta, Rosario Murillo. 

“Probablemente el gobierno tenga el 50-50 en cargos, pero son solo como figuras, porque no son las mujeres las que están ejerciendo en pleno sus funciones dentro de un cargo. Son autoridades decorativas”, critica una dirigente feminista que pide omitir su nombre por temor a represalias.  

La investigadora Elvira Cuadra en el estudio “Quebrar el cuerpo, quebrar el alma. La reconfiguración de las violencias hacia las mujeres en Nicaragua 2018 – 2022”, señala que el “incremento de la presencia de mujeres en cargos públicos no necesariamente ha significado avances en la igualdad de oportunidades y derechos para la mayoría de las mujeres”. 

OCULTAN FEMICIDIOS VÍA LEY 

Defensoras de derechos de las mujeres critican la política deliberada de la administración Ortega-Murillo para invisibilizar la violencia machista.  

En el 2012, Nicaragua registró uno de los avances más importantes en materia de género con la aprobación de la Ley integral contra la violencia hacia las mujeres. Dos años más tarde, todo el tejido de protección diseñado para proteger, acompañar y garantizar el acceso a la justicia a las mujeres fue desmantelado.   

Por medio de la reglamentación de la Ley en el 2014, el delito de femicidio fue limitado al ámbito de las relaciones de pareja. Esto permite al régimen Ortega-Murillo ocultar las cifras de femicidios. Por ejemplo, en 2021 la estadística oficial reporta 15 crímenes machistas, mientras el Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir contabilizó 71.  

En el 2022, las defensoras documentaron 68 mujeres nicaragüenses víctimas de femicidio, dentro y fuera del país, sin que a la fecha se conozca el registro estatal. 

La falta de datos oficiales actualizados es otro de los problemas que se enfrenta en Nicaragua, pues no permite dimensionar la verdadera dimensión de la violencia hacia las mujeres, todo lo contrario, minimiza un problema sobre el que defensoras de derechos humanos mantienen una alerta permanente.  

ENTREVISTA | María Teresa Blandón: “El régimen no hace nada para defender a las mujeres, es pura retórica”

“Uno de los actores en la potenciación de las violencias contra las mujeres es el Estado, que se ha convertido en perpetrador directo por su negativa a aplicar las leyes, los retrocesos que ha efectuado en las normas jurídicas; la negativa a proteger los derechos de las mujeres y más bien, la aplicación de políticas que las colocan en un estado de desprotección y premeditada vulnerabilidad”, detalla la investigación de Cuadra.  

¿COMISARIAS Y CARTILLAS PARA QUÉ SIRVEN?

En enero del 2016, la dictadura comenzó a desmantelar las Comisarías de la Mujer las cuales brindaban asistencia a las víctimas de la violencia de género, poco a poco comenzaron a desaparecer. A partir de allí los femicidios comenzaron a incrementarse de 49 que registró las Católicas en el 2016, pasó a 51 en el 2017. Al año siguiente la cifra subió a 61, en el 2019, se registraron 63 asesinatos. En el 2020 y 2021 la cifra se elevó a 71 femicidios.   

En enero del 2020 ante el incremento de los femicidios Rosario Murillo anunció el relanzamiento de las comisarías de la mujer, pero con otro enfoque, ahora obligan a las mujeres a mediar con sus agresores y además no realizan labores preventivas de violencia de género, su actuar es más reactivo. 

Cuadra en su investigación además señala el cierre de albergues y la falta de confianza de las mujeres en la Policía y en la administración de justicia en general. 

Otra de las estrategias de la dictadura para enfrentar los femicidios fue anunciar en octubre del 2022 una cartilla para prevenir los femicidios las cuales no han tenido ningún impacto y son consideradas un elemento de propaganda en favor de la dictadura. 

Dicha cartilla según feministas no aborda las causas estructurales de la violencia machista en el país.  

LEA TAMBIÉN | La última marcha por el 8M en Nicaragua: De la lucha por la igualdad al grito por la libertad

PERSECUCIÓN Y CIERRE DE ESPACIOS 

La violencia, la dictadura también la pone de manifiesto con la persecución, acoso, encarcelamiento y despojo de la nacionalidad de las feministas. Este castigo lo ha hecho más visible la dictadura a partir de abril del 2018, luego de las protestas populares. En la última ola represiva de Ortega, mantuvo en la cárcel a más de 20 mujeres, las cuales fueron desterradas a Estados Unidos el pasado 9 de febrero.  

A otras les ha impedido retornar al país como es el caso de María Teresa Blandón, a quien en septiembre del 2022 le negaron el ingreso al país. Otras han tenido que exiliarse para resguardar su vida e integridad.  

La persecución y la ola de violencia también ha alcanzado a las organizaciones sin fines de lucro y según datos de la investigadora Elvira Cuadra al menos 147 organizaciones de mujeres, de las cuales, una mayoría defendía derechos y brindaban atención a víctimas de la violencia fueron disueltas y sus bienes confiscados.