Grupo de Expertos de la ONU confirma que Daniel Ortega y Rosario Murillo cometen “crímenes de lesa humanidad”

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cometido crímenes de lesa humanidad, confirma el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua designado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Los abusos cometidos desde abril de 2018 ahora están “verificados en todos sus elementos”. 

El informe presentado este jueves en Ginebra, Suiza, tras un año de investigación, ofrece una visión general de los hallazgos con respecto a las graves violaciones y abusos de los derechos humanos perpetrados, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes; privación arbitraria de la nacionalidad y violaciones del derecho a permanecer en el propio país.  

“El Grupo encuentra motivos razonables para creer que estas violaciones y abusos fueron perpetrados de manera generalizada y sistemática por motivos políticos, y que, verificados en todos sus elementos, permiten sostener la existencia de crímenes de lesa humanidad”, indica el informe. 

Las violaciones y abusos no son un fenómeno aislado, explican los expertos, sino producto de un proceso dinámico de desmantelamiento de la separación de poderes y de las garantías democráticas.  

Según el informe, hay motivos razonables para creer que “funcionarios y autoridades de todos los Poderes del Estado y a todos los niveles participaron en conductas violatorias de los derechos humanos y que, verificados en todos sus elementos, permiten sostener la existencia de crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, tortura, violación o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, deportación forzosa, y persecución por motivos políticos”. 

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MIEDO ENTRE LA POBLACIÓN  

El experto independiente Jan Simon explica que, ante este panorama de represión generalizada, “la población nicaragüense vive con temor de las acciones que el propio Gobierno pueda tomar en su contra”. 

“Las altas autoridades del Gobierno han logrado instrumentalizar a los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral para desarrollar e implementar un marco legal tendiente a reprimir el ejercicio de las libertades fundamentales y perseguir a las personas opositoras”, agregó Simón. “El objetivo es eliminar, por diferentes medios, cualquier oposición en el país”. 

RESPONSABLES  

En el informe se señalan como máximos responsables a Daniel Ortega y Rosario Murillo debido a que hay una fuerte concentración del poder en las figuras del presidente y la vicepresidenta de la República; y de la confusión entre el Estado y sus instituciones, y el partido de Gobierno.  

Estos factores permitieron a las altas autoridades del Gobierno instrumentalizar a los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, para desarrollar e implementar un marco jurídico diseñado para reprimir el ejercicio de las libertades fundamentales y perseguir a las personas opositoras, reales o percibidas. 

“Una variedad de actores e instituciones del Estado, siguiendo órdenes emitidas desde la Presidencia y Vicepresidencia, participaron en la comisión de crímenes y graves violaciones y abusos a los derechos humanos, como parte de una política discriminatoria para perseguir y silenciar sistemáticamente a toda persona y desarticular a toda organización cívica o política que mantenga posturas diferentes a la del Gobierno, o que sea percibida como crítica o adversaria del mismo”, sostienen. 

Se determinó que la Policía y grupos armados pro-gobierno cometieron ejecuciones extrajudiciales en el marco de la represión de las protestas, actuando en la mayoría de los casos de manera conjunta y coordinada. 

El sistema de justicia se convirtió en un engranaje estructurado y organizado para detener, de manera concertada y sistemática, a personas opositoras, reales o percibidas, y acusarlas, enjuiciarlas y ejecutar las sentencias en su contra. 

Además, diversas instituciones del Gobierno, incluyendo la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, participaron de manera articulada en la comisión de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso. 

“Todas estas acciones son posibles porque el Estado ha sido utilizado como un arma de persecución contra la población”, dijo la experta Ángela María Buitrago. 

¿Y AHORA QUÉ?

La figura de los crímenes de lesa humanidad fue creada para juzgar las atrocidades cometidas por los Estados contra su propia población o contra las poblaciones bajo su control.  

El informe avalado por la ONU implica que la comisión de estos actos graves perpetrados por el Estado de Nicaragua contra su propio pueblo ha dejado de ser simplemente un “asunto interno” y afecta a toda la comunidad internacional. 

“En Nicaragua existe un ataque generalizado y sistemático dirigido contra una parte de la población nicaragüense”, advierten.  

Este ataque fue implementado a través de diversos medios y métodos prohibidos o inhumanos que se han ido desarrollando, implementando y complementado a lo largo del tiempo y lejos de haber cesado, continúa perpetuándose. 

“El presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo han puesto en práctica estos crímenes, y continúan haciéndolo”, insisten.   

Entre los crímenes de lesa humanidad cometidos se encuentran: el asesinato, la encarcelación, la tortura, la deportación forzosa, y las violaciones y otras formas de violencia sexual de gravedad comparable.  

“Las violaciones, abusos y crímenes investigados por el Grupo dan lugar a la responsabilidad del Estado de Nicaragua, así como a responsabilidad penal individual, ya sea bajo el derecho internacional penal, o de conformidad con los tipos penales en la legislación nicaragüense o de terceros países”, agregan. 

LA COMUNIDAD INTERNACIONAL DEBE ACTUAR 

Entre las recomendaciones a la comunidad internacional está la de iniciar acciones legales contra los individuos responsables de las violaciones, abusos y crímenes documentados, de conformidad con su legislación interna. 

“Hoy, el Estado y la comunidad internacional cuentan con esta información para tomar acción”, señala el experto Jan Simon.   

Asimismo, instan a ampliar las sanciones a instituciones e individuos involucrados en la comisión de violaciones y crímenes en el derecho internacional.  

Finalmente, proponen que, en la negociación de proyectos de cooperación al desarrollo e inversión en Nicaragua, los Gobiernos y organismos multilaterales incluyan garantías de derechos humanos y priorizar las acciones orientadas a mejorar la situación en el país. 

El grupo lo integran el alemán Jan-Michael Simon, el chileno Alexandro Álvarez y la colombiana Ángela María Buitrago.