La dictadura bolea el caso contra monseñor Álvarez, sustituye a la jueza Karen Chavarría por otra de sus leales

El régimen de Daniel Ortega ordenó cambiar a la jueza a cargo del proceso contra el obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez. Inicialmente, la causa contra el jerarca católico fue radicada en el Juzgado Noveno de Distrito de lo Penal de Audiencia a cargo de Karen Chavarría Morales, pero ahora aparece en el Juzgado Décimo Distrito de lo Penal de Audiencia que dirige Gloria María Saavedra Corrales.

Aunque esto no cambiaría la suerte del religioso, pues tanto Chavarría Morales como Saavedra Corrales son juezas leales a la dictadura, llama la atención el cambio y suma una irregularidad más al proceso contra el Obispo de la Diócesis de Matagalpa, una de las voces más críticas del régimen y el primer obispo llevado al banquillo.

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El 14 de diciembre, el Poder Judicial, emitió un comunicado en el que daba a conocer que en los Juzgados de Distritos de Managua se admitió el 13 de diciembre acusación contra monseñor Álvarez por supuestamente cometer “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, delito conocido como traición a la patria”, y propagación de noticias falsas. En la misma nota, el órgano judicial informó que al obispo se le nombró un abogado defensor y que quedaría bajo arresto domiciliario. En la nota no se menciona el nombre del juez, ni especifica juzgado.

No obstante, según el registro digital del Complejo Judicial de Managua la causa No. 026463-ORM4-2022-PN contra moseñor Rolando Álvarez y el padre Uriel Vallejos aparecía tramitada el día 13 de diciembre en el Juzgado Noveno de Distrito de lo Penal de Audiencia que dirige Chavarría Morales. No obstante, este viernes la misma causa, con los mismos acusados aparece con fecha de ingreso el día 14 de diciembre y radicada en el Juzgado Décimo Distrito de lo Penal de Audiencia que dirige Saavedra Corrales.

¿PORQUÉ CAMBIARON JUEZA?

Una abogada con especialidad en casos penales que pide analizar la anomalía con su identidad bajo reserva por temor a la represión, explica que cambiar de “un juez de audiencia a otro juez de audiencia” es una anomalía.

“El único cambio tradicional es de un juez de audiencia a uno de juicio y solo ocurre en dos circunstancias: cuando el juez que lleva la causa es recusado, es decir, que la defensa cree que no debería llevar su causa por roces con la Ley y lo demuestra, o que el mismo juez se declare incompetente para seguirlo llevando. De otra forma el cambio es irregular”, señala.

La abogada explica que el proceso rutinario de asignación o reasignación de un juez, está claro en los procedimiento de ley y que, en este caso, ya aparentemente había ocurrido. “El comunicado de los juzgados dice que el 13 de diciembre se admitió la causa y ya un juez toma medidas. Es irregular un cambio 24 horas después”, dice.

Para la abogada, lo que ha pasado ahí es parte de “la dinámica represiva” de un sistema que el poder “retuerce” con frecuencia, pero que no debería ser “manoseado” porque es la Justicia del país. “Este caso es nulo desde sus inicios. El religioso viene de pasar más de 130 días bajo un régimen que no existe; no hay resguardo familiar, existe la casa por cárcel, es lo que dice la ley y debe ser aplicado por un juez no decidirlo el Policía que te arresta. Fuera de ley, es todo ilegal”, critica.

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JUEZA “QUEMADA” Y SANCIONADA

Otra fuente entendida en temas judiciales opina que es posible que el cambio se haya dado por los serios cuestionamientos sobre la jueza Chavarría Morales. El 9 de marzo, por ejemplo, el Departamento de Estado de Estados Unidos la integró a una lista de personajes “corruptos y antidemocráticos”.

Antes, el rostro y nombre de la jueza Chavarría Morales circuló en todos los medios de comunicación por ordenar la captura, allanamiento y juicio contra la aspirante presidencial Cristiana Chamorro Barrios, la hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro.

Chamorro se perfilaba como la candidata con más potencial para ganarle a Daniel Ortega en las elecciones de noviembre de 2021, según las encuestas, pero la jueza se encargó de abrirle un proceso penal que siguió hasta condenarla.

La misma jueza le celebró audiencia al comandante guerrillero y exvicecanciller sandinista Víctor Hugo Tinoco. Y antes, fue la responsable de juicios espurios y sentencias inverosímiles contra manifestantes que se levantaron contra el régimen en 2018, a los que también condenó, mientras Ortega ordenaba ataques armados a cardo de la Policía y grupos irregulares que resultaron 355 ciudadanos opositores asesinados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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LA NUEVA JUEZA

La jueza Gloria María Saavedra Corrales no es menos confiable para el régimen que Chavarría Morales. Ambas conocen “esa dinámica represiva” que les garantiza conservar su puesto o escalar en uno de los aparatos más corruptos y crueles con los que cuenta la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo para mantenerse en el poder por la fuerza.

Su debut público de Saavedra Corrales fue en agosto de 2021 cuando firmó la inhibición contra la candidata a la vicepresidencia de Ciudadanos por la Libertad, el anulado CxL, Berenice Quezada. La juez argumentó que había una acusación por terrorismo contra la exreina de belleza, que aspiraba a hacer carrera política.